AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
La “diferencia puntual entre un sexenio y otro”, se definirá en la forma de atacar la impunidad, sostiene el especialista entrevistado por Proceso el viernes 2, último día de su visita de trabajo a México.
Tras 14 días de intenso trabajo por el país, Méndez explica su postura respecto a una pregunta que ha sido insistente sobre el legado de Calderón en materia de derechos humanos y la respuesta del actual gobierno:
“Me limito a decir que el problema (de tortura) no está terminado y que aun en los casos de violaciones ocurridas en el sexenio anterior, por el simple principio de la continuidad jurídica de los Estados, México tiene que investigarlas, decir la verdad sobre las mismas, promover reparaciones y acusaciones penales contra quienes sean responsables; ahí podríamos ver una diferencia puntual entre un sexenio y otro.”
Cauto en sus declaraciones, sin hacer señalamientos directos hacia corporaciones policiacas o fuerzas armadas, el relator de la ONU de origen argentino logró establecer, “con mucha pena”, patrones de comportamiento de los transgresores, tanto civiles como castrenses, que no guardan diferencia alguna.
Por comunicaciones previas de organizaciones civiles para el conocimiento específico de casos, por entrevistas “al azar” con reos y arraigados federales y del fuero común, así como por las entrevistas sostenidas en su visita con activistas, víctimas y organismos de derechos humanos, Méndez encontró que en México estos abusos “están relacionados con la obtención forzada de confesiones y la averiguación de información”.
Por la forma en que se realizan, “las aberraciones” tienen las mismas características, sin importar el origen del transgresor, si pertenece a fuerzas armadas o a corporaciones policiacas: uso constante de insultos y amenazas; golpes; uso de bolsas de plástico para causar asfixia; toques eléctricos generalmente en los genitales; desnudez forzada, asfixia húmeda, suspensión y violencia sexual.
Méndez identificó además que este uso “generalizado y normalizado” de la tortura ocurre entre la primeras 12 y 24 horas de detención, antes de la puesta a disposición del Ministerio Público.
Del aumento de violaciones a derechos humanos cometidos por militares y marinos en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Méndez insiste en que cometen abusos igual que los agentes civiles, aunque hace una acotación.
“No creo que profesionalmente los militares sean más propensos a violar los derechos humanos que los policías civiles, pero sí creo que cuando se enfrenta una campaña de violencia con intervención de las fuerzas militares inevitablemente se trasladan principios del accionar de los grupos militares al accionar policial”.
Abunda que el uso de las fuerzas armadas en la lucha anticrimen, “no inevitablemente, pero tiende a generar más ocasiones para el uso de métodos coercitivos, incluyendo la tortura”.
Nefasta militarización
El argentino manifiesta su profunda preocupación no sólo por la militarización de la seguridad pública en algunas entidades, con lo que, dice, “nunca he estado de acuerdo”, sino también por lo que llama la “colonización de las fuerzas militares” al frente de la seguridad pública de estados y municipios a través de militares o marinos retirados o en licencia, porque “persiste una concepción militar de lo que debía ser una acción policial de investigación de delitos”, situación que “tiende a tener un efecto negativo sobre el respeto a las garantías de que deben gozar las personas detenidas”.
Méndez, quien se abstiene de opinar si las tropas deberían volver a los cuarteles –“mi tema no es determinar si sigue la crisis de seguridad pública o no”–, se suma a las apreciaciones de otros relatores de la ONU que han visitado México: el problema central es la impunidad.
Para Méndez, el caso específico de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes generalizados “tienen que ver mucho con la impunidad, con la insuficiencia de las garantías de las personas detenidas, (…) también tienen que ver, como en otros países, con la sensación que tienen los que detienen de que deben resolver, entre comillas, los casos, encontrar las armas, la droga, lo que sea, o si no, hacerles firmar una confesión, y entonces el caso está resuelto”.
De las investigaciones sobre tortura, el relator considera que lo de menos son las estadísticas, “lo que importa es el paso siguiente, que o es muy lento o no se da para nada”.
Ese paso que no se toma, agrega, es “pasar del informe de la comisión a la orden de averiguación; de la averiguación al procesamiento y, en el caso de un procesamiento, a una condena o por lo menos una sentencia condenatoria o absolutoria, pero una sentencia en la que se termine de ver qué ocurrió”.
El círculo vicioso que gira en torno de la tortura, insiste, se configura en el desdén de agentes del Ministerio Público cuando reciben a gente torturada “y no realizan las acciones conducentes” para iniciar una investigación, situación que se agrava cuando al llegar, tres o cuatro días después, ante el juez de la causa y la víctima alega tortura, “se le pone la carga de la prueba a la persona, en condiciones desfavorables porque está en reclusión.
“Muchos jueces dicen: ‘En sentencia vamos a ver si deben ser desestimadas las pruebas obtenidas bajo tortura o no’. Eso es inaceptable porque quiere decir que las prueba subsisten hasta dos o tres años después, y apenas ahí se decide si son válidas o no, y entre tanto lo que ocurre es que la prueba científica, el Protocolo de Estambul, se hace tardíamente, cuando no hay muchas huellas físicas, y entonces tiende no a ser un método de prueba importante, sino una forma de legitimar la detención con o sin tortura”, dice indignado.
Al señalar que de las entrevistas con “altos funcionarios del gabinete” de Enrique Peña Nieto escuchó versiones de que el gobierno “está consciente de que había que reducir los niveles de violaciones de derechos humanos”, Méndez insiste en que la diferencia con su antecesor la marcará la decisión de “investigar las violaciones del pasado reciente, decir la verdad sobre las mismas, promover reparaciones y acusaciones penales contra quienes sean responsables”.
Méndez visitó los estados de Baja California, Nuevo León, Chiapas y el Distrito Federal, donde se entrevistó con organizaciones civiles, víctimas, funcionarios estatales y federales.
También ingresó a centros de readaptación social en cada uno de los estados en los que estuvo, así como al Cefereso de Nayarit, además de haber estado en una estación migratoria, en el Centro Nacional de Arraigo y en centros psiquiátricos. El único sitio al que se le prohibió el ingreso fue a los separos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, al que pretendía ingresar tras recibir denuncias de que es un sitio donde se practica la tortura.
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