FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ARMANDO ESTROP.
Mientras en Brasil los jugadores libran una batalla deportiva feroz, en México los legisladores buscan golear a sus contrincantes. Y es que en el terreno legislativo los partidos políticos intentan adueñarse de la cancha e imponer sus condiciones en las leyes secundarias que están a discusión.
La rivalidad en esta otra cancha, la legislativa, es evidente. Los equipos aquí serán los partidos políticos.
Paralelo a los encuentros del de la Copa Mundial de futbol, el Senado de la República y la Cámara de Diputados ajustan los últimos detalles de las reformas legales en materia energética, político-electoral y de telecomunicaciones.
Crece la expectativa sobre las posibilidades que tendrá México para calificar en el torneo de Brasil 2014 y el choque de trenes entre el partido en el gobierno, el PAN y la izquierda con el PRD es cada día más evidente.
Todo indicaba que el Partido Acción Nacional trataba de ajustarse a la alineación del PRI para sacar cuanto antes la reforma energética, sin embargo anoche se levantó de la mesa de negociaciones.
El PRD y el Partido del Trabajo ya habían solicitado la intervención de un árbitro por las faltas al procedimiento legislativo.
Les urge que sea la Suprema Corte de Justicia la que dé la última palabra sobre las denuncias que han hecho. La SCJN no ha dicho nada, pero la Mesa Directiva del Senado ya entró al análisis de sus denuncias.
La expectativa es saber qué tarjeta sacará el priista y presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, en esta jugada. Y es que en Brasil, el arbitraje ha sido a favor del equipo de casa. Así que todo indica que el silbante no sacará nada.
Los diputados se dicen listos para que antes del 30 de junio tengan que estar totalmente aprobadas las leyes secundarias de las tres reformas, pero al ver cómo está avanzando “el juego”, el futuro es todavía incierto.
Les urge entrar al tema de telecomunicaciones que ya en una ocasión tuvo que ser aplazado por la falta de acuerdos entre los tres partidos políticos –PRI, PAN y PRD- y principalmente por las diferencias que existían al interior de Acción Nacional, que ahora se hizo más evidente con su negativa a seguir, por lo pronto, las negociaciones. .
Uno de los principales compromisos del Gobierno Federal es la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta.
La afamada reforma político electoral es otra que se tiene que llevar a la cancha.
Y esta última tenía las características de un partido amistoso, ahora es evidente que no es.
Es en la que menos diferencias había, y solo requería de un par de ajustes. Que sería la aprobación de los congresos locales.
De no hacerlo así, había advertido el equipo albiazul, no seguirá jugando con el PRI en la cancha de la reforma energética. Y sucedió anoche.
En las escuadras de futbol el jugador número 12 siempre es la afición. En la justa legislativa el ciudadano es el guardameta. Le corresponde cuidar la portería.
La selección nacional de futbol juega en Brasil y los ciudadanos mexicanos en tres canchas.
Partido 'energético'
Un fantasma recorre desde el fin de semana los pasillos del Senado de la República: la expropiación.
Y es que en las leyes secundarias que han aprobado entre el PRI y el PAN, se prevé este tipo de medida legal sobre los terrenos particulares que estén sobre yacimientos de energéticos.
Este tema nunca había sido tratado públicamente y no hay quién no se espante. La posibilidad de ser retirado de su terreno o propiedad es real. Sin embargo, las discusiones entre los senadores están aún en las reglas del juego.
Ya se han dicho de todo unos contra otros. El PRD y PT abandonaron el análisis de los dictámenes con la esperanza de dar la batalla en el Pleno o hacer que el árbitro, en este caso la Mesa Directiva o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, repongan el procedimiento.
Lo que los partidos de izquierda quieren es que cualquiera de los dos órganos antes mencionados diga si es válido discutir un dictamen en lo particular si no fue votado en lo general. Además, si las reservas se deben de presentar en bloque y con un determinado límite de tiempo.
Otra de las posturas que requieren los partidos de izquierda es saber si una comisión puede establecer normas de trabajo por encima del Reglamento del Congreso de la Unión.
Paralelo a esto, el PRD tiene otra estrategia y en el seno de su partido ya analiza la posibilidad de protestas y manifestaciones pacíficas. Ayer decidió regresar a la mesa de negociación para evitar que se hagan debates de menos de una hora y con el argumento de que confían que en el Pleno, sí habrá respeto a la normatividad interna.
Además de que han dado a conocer un documento con sus argumentos en contra de lo que se está avalando por priistas y panistas: la nueva Ley de Hidrocarburos y el dictamen sobre el sector eléctrico del país.
En dicho documento se establece, por ejemplo, que la promesa que han hecho las autoridades de que las tarifas del sector eléctrico irán a la baja, no es técnicamente posible.
“Al instaurarse un mercado de energía eléctrica no se garantiza que los usuarios básicos reciban menores tarifas, debido a que estas se regirían por la ley de la oferta y de la demanda. Un peligro que hay que señalar, es la posibilidad de que los participantes en el mercado se coludan, engañen y realicen prácticas poco éticas con la intensión de generar escasez de manera artificial, para generar un incremento en sus ganancias, como lo demuestran las experiencias internacionales de Gran Bretaña y de California, en Estados Unidos”, dice el documento.
El terreno ‘político’
La reforma electoral podría causar problemas ya que lo que parecía una alineación conjunta entre PRI y PAN, se está desdibujando. Desde antes Acción Nacional había exigido que para dar su aval a la reforma energética esta tendría que aprobarse en los congresos locales.
Jorge Luis Preciado, dijo anoche que su partido se retira de la mesa de negociación de las leyes energéticas ya que el PRI pretende incumplir con su palabra y reabrir la discusión de la Reforma Política en el Congreso.
“Si quieren Reforma Energética que revisen muy bien lo que van a hacer el día de mañana en la Cámara de Diputados, nosotros si quieren lo postergamos hasta diciembre o hasta 2020”.
Los panistas afirman que mientras no haya reforma Político-Electoral de fondo en los estados, el PRI deberá aceptar no modificar el artículo 87 de la Ley de Partidos que incluye las coaliciones.
“Se mantiene (la exigencia) hasta el último momento, y la consecuencia de no hacerlo es que la reforma energética se irá hasta un período ordinario, y eso a nadie le conviene”, había dicho Madero, y ayer lo cumplieron abandonando la mesa, aunque podrían regresar en cualquier momento.
Esto se dio tan solo un día después de que el priista Manlio Fabio Beltrones, el domingo pasado, dijera que ya los diputados estaban listos para modificar la reforma electoral, luego de que la pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral fue rechazada.
Beltrones adelantó que el período extraordinario para tratar estos temas podría ser los próximos 19 y 20 de junio o que, a más tardar, el 23 y 24.
Aseguró que tiene que ser cuanto antes, porque no se puede estar deteniendo al país. De no aprobarse antes del 30 de junio, estos cambios ya no podrían servir para las elecciones del 2015.
Telecom en el área chica
En la reforma de telecomunicaciones también hay un partido de pronóstico reservado. El Senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se ufana de que para este viernes ya habrá dictamen.
Es la segunda ocasión en que el exsecretario del Trabajo se dice listo para analizar por fin el documento de las leyes secundarias en esta materia. Sin embargo existe un documento del Frente por la Comunicación Democrática que propone al menos 27 cambios al proyecto original enviado por el Ejecutivo, y que no es probable que estén en el dictamen que se prevé llevar a la Comisión, pues está hecho precisamente por los adversarios políticos de Lozano.
Entre los puntos que se destacan en este documento está el tema de la preponderancia, que ha sido polémico por el empresario Carlos Slim, que ya fue considerado actor preponderante en el sector.
Sobre este tema el Frente propone medidas de competencia efectiva en telecomunicaciones, estableciendo un concepto específico de preponderancia definido en base en los servicios, y no por sectores.
En el escrito se pide no flexibilizar las reglas de contacto entre comisionados y regulados. Darle facultades reales al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que vigile el derecho a la información, defensa de los derechos de las audiencias y libertad de expresión.
Además, quieren que se incluya reservar el 30 por ciento del espectro para concesiones que tengan un uso social, comunitario e indígena.
El Frente solicita que se incluya en el dictamen la obligación de los concesionarios a la contratación de por lo menos 20 por ciento de la programación total a productores independientes.
También, que la titularidad de una concesión no otorgue el derecho a la explotación de frecuencias orbitales.
En cuanto a la publicidad, se propone eliminar la posibilidad de aumentar la comercialización de 18 a 33 por ciento en el tiempo real de programación, y con eso evitar la acumulación de mensajes comerciales en los programas que cuentan con mayor rating.
Se pretende incluir una cláusula de conciencia para los periodistas, con la cual podrían negarse a realizar trabajos que consideren que atentan contra su libertad de expresión o ética profesional.
Para Internet, el Frente prevé asegurar la confidencialidad y privacidad de la información, y hacen cambios sustanciales a la propuesta del Ejecutivo en la que se preveía censura.
Esta parte es similar a la que presentó el PRD hace una semana y en la que se establecía el capítulo Colaboración con la Justicia entre otras modificaciones.
Para ampliar el derecho de las audiencias en el documento se ofrece ampliar el catálogo de mecanismos para garantizar este derecho y se argumenta que la autorregulación de los medios no puede ser la única medida aplicable en este segmento de las telecomunicaciones.
Por último, el Frente insiste en que los tiempos oficiales no sean administrados por la Secretaría de Gobernación, sino por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que el Sistema Público de Radiodifusión (órgano de nueva creación) no sea sectorizado.
Ante todos estas propuestas se ve un partido complicado, largo y tedioso.
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