AUTOR: ARMANDO ESTROP.
El tema de los casinos sigue siendo tabú en México. Las leyes no son claras. Y es que, de acuerdo a especialistas, es la industria perfecta para lavar dinero.
La política en materia de casinos en México no ha sido definida.
Si bien ha habido acciones aisladas como respuesta a lo que puede considerarse una herencia maldita del gobierno de Felipe Calderón a la actual administración, falta precisión en la materia que se regula con una normatividad de hace 60 años.
Tras el escándalo desatado por las denuncias hechas por la abogada, Talía Vázquez Alatorre, sobre la existencia de una mafia en la Secretaría de Gobernación que expedía permisos apócrifos, no ha habido un solo detenido.
Todos los involucrados fueron exfuncionarios panistas.
Incluso el hoy senador Roberto Gil fue uno de los principales denunciados. El asunto derivó en la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados que poco ha podido hacer, pues no le permiten tener acceso a los expedientes de los centros de apuestas cuestionados.
Se han realizado clausuras, pero no se ha definido ninguna normatividad al respecto. Solo se han publicado borradores de lo que será una nueva Ley –que se trabaja en la Cámara de Diputados- y de otro proyecto que se hizo en la Secretaría de Gobernación.
A un año y medio, y con todo el escándalo e incluso la tragedia del Casino Royale, donde murieron 52 personas, el tema no ha sido prioritario para las autoridades.
El Gobierno Federal se ha enfocado en sacar adelante las reformas educativa, electoral, energética y de telecomunicaciones. La realidad es que estos proyectos ya van avanzando en el Congreso.
La titular de la Dirección de Juegos y Sorteos, la perredista Marcela González Salas, estuvo a punto de dimitir a su cargo en la búsqueda de un espacio en el nuevo Instituto Nacional Electoral.
El tema de los centros de apuestas sigue siendo tabú en México. Incómodo. Y es que es la industria perfecta para lavar dinero, de acuerdo a especialistas.
Pero lo paradójico es que los casinos siempre están llenos. Son el espacio de diversión para miles de personas. El porcentaje más alto de usuarios son personas de la tercera edad.
El gusto por el juego está ya en México. Es toda una industria.
¿Quién es quién en los casinos?
Recientemente la Secretaría de Gobernación realizó un operativo para sacar del juego a los hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardona con la revocación de su permiso para casinos.
La medida se basó en que incumplió con las condiciones de operación.
El operativo en el que participó la Policía Federal, inició en Querétaro cuando las autoridades se dieron cuenta que el permiso municipal estaba firmado por el tesorero del Municipio y no por el alcalde.
En un documento, la propia autoridad municipal queretana confirmó que el secretario de Finanzas estaba facultado para avalar ese permiso. De nada sirvió. Hoy los 26 establecimientos de Rojas Cardona están cerrados y el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no volverán a abrir.
A estos empresarios se les considera en los círculos políticos como unos de los principales financiadores de las campañas panistas.
Pero no son realmente quienes más casinos tienen.
En la edición del 8 de enero del 2014 en Reporte Indigo se hizo un análisis de los principales casineros del país y fue el priista Jorge Hank Rhon y sus socios, la empresa española Codere, los que sin duda encabezan la lista.
De los siete empresarios casineros más fuertes, los Rojas Cardona ocupan el sexto lugar, solo encima de Televisa. Los otros empresarios superan por mucho el número de centros de apuestas instalados.
A los otros empresarios, si bien se les han cerrado un par de centros de apuestas, no se les ha revocado el permiso para operar.
El presidente de la Comisión Especial para el tema da casinos, el perredista Fernando Zárate, declaró que la autoridad debería de aplicar la Ley para todos por igual y no solo a un empresario.
“Pedimos que apliquen con todo el rigor la normativa jurídica aplicable no solamente en el caso del ‘Zar de los Casinos’ y la empresa denominada EMEX (Entretenimiento de México), sino en todo: incluyendo Grupo Caliente, incluyendo Televisa, incluyendo Exciting Games y todas las empresas que hoy están bajo investigación”, dijo.
Entre las empresas que la dirección de juegos y sorteos pone en su página, hay unas que se vieron involucradas en el problema de la mafia casinera que operaba desde Gobernación.
Tal es el caso de Producciones Móviles, que actualmente sigue operando 17 casinos.
Ante la falta de normativa y regulación se impone el desorden.
La actual Ley de juegos y sorteos data de 1947 y aunque se ha anunciado que ya está listo un nuevo proyecto poco es lo que se conoce realmente.
En su comparecencia ante el Senado la semana pasada el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que ya trabajan en una nueva Ley de Casinos, de la cual ya tienen un documento que está bien consensuado, pero no dio la fecha en la que será presentada.
Dijo que entre otras cosas se establecerá que sea un permiso por establecimiento y no como ahora que cada permiso permite poner hasta 20 centros de apuestas.
Cuestionado por el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlet, sobre que las acciones de la Segob parecían encaminadas a un empresario, Osorio Chong señaló que se revisarán a fondo los permisos otorgados por las anteriores administraciones que amparan 700 permisos.
Y agregó que también actuarán contra incluidos los funcionarios que podrían haber estado involucrados.
En un documento de la Secretaría de Gobernación se establece que con la nueva Ley se crearía el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos (INAJYS) que estaría integrado por autoridades, especialistas y tan solo por un ciudadano. Si los casinos son un espacio de diversión y en su totalidad centros utilizados por los ciudadanos, ¿por qué solo representan un espacio de ese órgano?
La ley podrá ser una buena noticia una vez que se haga realidad.
Tiembla el Poder Judicial
La principal baraja del Gobierno Federal en el juego de los casinos es una nueva Ley. Sin embargo, el Poder Judicial está en entredicho.
El Consejo de la Judicatura tiene ahora prisa, luego de meses de letargo, por las denuncias que hay en contra de jueces y magistrados por presuntos actos de corrupción.
Hace un par de semanas suspendió a Eduardo Ochoa Torres, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Monterrey: José Manuel Rodríguez Puerto, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo en Tamaulipas; y por último al juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, por presuntas relaciones con el representante legal de los Rojas Cardona.
No es algo nuevo. Los juzgadores se han visto involucrados en múltiples ocasiones en decisiones polémicas o influenciadas por los cañonazos de dinero.
Además en el 2011, el documental Presunto Culpable puso en evidencia la forma de impartir justicia en el país. Nadie podrá sentirse seguro de ser juzgado en México si ve el largometraje.
Así que la implementación de una nueva Ley con juzgadores corruptos no tiene un buen horizonte para su navegación. Y es que todo parece indicar que el Consejo de la Judicatura tiene un doble discurso.
Por un lado denuncia ante la PGR a los jueces y magistrados corruptos, pero nada hace con las resoluciones que son producto de los actos de corrupción.
Luis Armando Jerezano Treviño, siendo juez Cuarto de Distrito en Torreón, Coahuila, dictó una sentencia a favor de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta con la que pudo ampliar el permiso de la Secretaría de Gobernación de 5 a 41 centros de apuestas. Por esta sentencia el Consejo de la Judicatura suspendió al juez que hoy incluso es investigado por lavado de dinero. Sin embargo la empresa opera libremente 33 casinos –cuando el permiso original era de cinco- con la resolución producto de un acto de corrupción.
El exsecretario del juzgado de Jerezano, su alumno Arturo Cardona Calderón, es ahora el representante legal de Atracciones y Emociones Vallarta.
Producciones Móviles es una empresa que en el último minuto del sexenio de Felipe Calderón pasó de operador a permisionario. De un día para otro, pasó de administradora de casinos a propietaria de un permiso por parte de la secretaría de Gobernación.
A pesar de que hubo irregularidades en la expedición del documento con el que opera y que hubo funcionarios de la pasada administración involucrados en ello, al igual que Atracciones y Emociones Vallarta tiene sus casinos abiertos y no hay operativo de las autoridades que les impida seguir.
Estas dos empresas le apostaron a su fortuna. Y van ganando.
Los hechos
> En la edición del 8 de enero del 2014 en Reporte Indigo se hizo un análisis de los principales casineros del país y fue el priista Jorge Hank Rhon y sus socios, la empresa española Codere los que sin duda encabezan la lista.
> El 9 de enero del 2014, Reporte Indigo publicó que el senador Roberto Gil Zuarth rechazó haber recibido 800 mil dólares como pago para la instalación de un casino en Querétaro, cuando era secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón.
> El 24 de abril, la Secretaría de Gobernación (Segob) clausuró siete casinos que operaba el Grupo Palmas en todo México, como parte del procedimiento de revocación del permiso federal que tenía esta empresa.
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