AUTOR: JAVIER ESTRADA.
El ciudadano Rodolfo Cruz Tamez fue liberado del penal de Cadereyta, donde pasó un año acusado por gente asesorada por el hermano del procurador, supuestamente porque utilizó documentos falsos en la transacción de un terreno.
La madrugada del viernes Rodolfo Cruz Tamez Galván fue liberado provisionalmente bajo fianza de esa penitenciaría, donde estaba recluido desde hace aproximadamente un año, acusado del delito de uso de documentos falsos.
Un delito que Tamez Galván asegura no haber cometido.
La defensa del inculpado dice que fue aprehendido por la Procuraduría de Nuevo León tras la intervención del despacho de abogados que encabeza Filiberto de la Garza, hermano del titular de esa dependencia.
Tras pagar 20 mil pesos de fianza, el Juzgado Primero de lo Penal de Nuevo León, encabezado por Luis Andrés Moya González, le concedió al acusado la libertad provisional bajo caución.
Esta resolución también incluyó la anulación de una posible reparación del daño de 5 millones 832 mil pesos, que en un inicio el juez de primera instancia había fincado a Tamez Galván.
La medida provisional a favor del ciudadano se dio después de que la defensa legal presentó un escrito, en el que exigía su libertad inmediata por diversas irregularidades procesales, que incluyen peritajes anómalos.
La aprehensión de Tamez Galván se dio después de la fallida compraventa de un terreno, que culminó con su encarcelamiento.
La controversia por el predio inició en octubre de 2012, con la interposición de las denuncias penales de Humberto Javier Lozano Casas, administrador de la empresa Inmuebles HAE, S.A. de C.V., y de Juan Manuel Hernández Magallanes.
Éste último había celebrado con el inculpado un convenio para adquirir la propiedad por 120 mil pesos, pero la operación mercantil nunca se liquidó, porque sólo le pagó al ciudadano la mitad del monto pactado.
No obstante, Hernández Magallanes vendió la propiedad a un tercero, Inmuebles HAE, S.A. de C.V., sin tener pleno derecho sobre el predio.
El vendedor justificó ante la empresa compradora la posesión del terreno con un supuesto poder legal que la defensa del acusado califica de “sospechoso”.
El cuestionado instrumento es un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, pero no para actos de dominio sobre la propiedad.
El abogado Rolando González, defensor del acusado, asegura que este documento jamás fue presentado como original en todo el proceso judicial, sino sólo como copias certificadas.
El supuesto poder fue otorgado a Hernández Magallanes ante la fe del Notario Público Número 119, en la Ciudad de México, Arturo Pérez Negrete, el 19 de octubre de 2006.
El instrumento le transmite las facultades de Vinicio Rómulo Hernández Villarreal, en carácter de heredero y albacea de Vinicio Hernández del Valle, a quien el ciudadano le compró el terreno en 1980.
Y a pesar de que este predio está en litigio, la inmobiliaria que adquirió la propiedad ya consiguió una hipoteca de unos 4 millones de pesos por ella, y ya construye ahí un desarrollo inmobiliario.
La empresa Inmuebles HAE, S.A. de C.V., edifica 20 viviendas del fraccionamiento Privada La Cima y pidió el crédito hipotecario que quedó asentado en los archivos del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
En la escritura de la compraventa entre Hernández Magallanes y la compañía, hay una anotación del pasado 22 de abril, por solicitud del Notario Público Número 129 en San Pedro, Juan Manuel García García.
La nota consta de un aviso pre-preventivo sobre la hipoteca del predio, tramitada entre Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., e Inmuebles HAE, S.A. de C.V., y Humberto Javier Lozano Tijerina, padre del representante de la empresa.
En sus declaraciones judiciales, Hernández Magallanes dice que el ciudadano que estuvo preso se encontraba como “posesionario” de la propiedad, aunque había pactado con él la adquisición del bien.
La defensa del inculpado asegura que en un inicio la fiscalía quiso inventarle el delito de fraude, pero al no prosperar, maquinó la acusación de uso de documento falso utilizando la influencia que el despacho De la Garza Santos Abogados tiene en la Procuraduría estatal.
Esta firma legal está encabezada por Filiberto de la Garza, el hermano del actual procurador de justicia de Nuevo León.
La tipificación del delito se basó en un peritaje irregular de grafoscopía, el cual tomó como referencia copias fotostáticas y no archivos originales.
Para ello, la parte acusadora impugnó un contrato de compraventa del terreno del 16 de abril de 1980, cuando el inculpado adquirió originalmente el inmueble.
El juez penal fijó una reparación del daño de 5 millones 832 mil pesos, debido a que ese había sido el monto que la empresa pagó por el terreno en disputa.
Sin embargo, tanto un Juzgado de Distrito como un Tribunal Colegiado ampararon al ciudadano y les ordenaron a las autoridades del Poder Judicial del Estado anular en la sentencia la pena pecuniaria.
A pesar de que dos instancias federales lo decretaron, el magistrado interino de la Undécima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Mauro Zacarías Casimiro, no modificó la sentencia y desacató el mandato.
Este comportamiento, de acuerdo con la Ley de Amparo, amerita desde una inhabilitación hasta el encarcelamiento del funcionario del Poder Judicial del Estado.
A pesar de que el acusado consiguió su liberación provisional, dentro del proceso penal en su contra está pendiente la resolución de un incidente de libertad absoluta.
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