FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
Además, de 2012 a la fecha el organismo observa un preocupante incremento de agresiones contra de activistas de derechos humanos y líderes sociales en un claro interés, dice, de criminalizar las protestas e “inculcar el miedo en la sociedad para suprimir la auténtica lucha social”.
En un pronunciamiento con motivo del Día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura, el CCTI añade que otra vertiente es en contra de personas detenidas arbitrariamente y obligadas a autoinculparse como integrantes del crimen organizado, “para encubrir a los verdaderos culpables”.
A 27 años de la entrada en vigor de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes en México “lo único que ha sido posible lograr es que los militares sean juzgados en tribunales civiles, y aún está por verse”, lamenta el colectivo, quien calificó la situación en esta materia como “mucho peor”, del 2006 a la fecha, lapso en el que los casos de tortura aumentaron en un 500% en el país.
“En lugar de disminución y abolición de la tortura, lo que tenemos es más Ejército en las calles, más tortura en las cárceles de máxima seguridad, en las ilegales casas de seguridad de las corporaciones policíacas y militares, en los traslados para su presentación en el Ministerio Público; total impunidad con leyes ambivalentes que protegen a los viejos y nuevos perpetradores, más fiscalías cuya especialidad es actuar para que no suceda nada”, dice.
Las organizaciones independientes y civiles de defensa de los derechos humanos coinciden en que la tortura y la impunidad vulneran principalmente a los luchadores sociales en diversos ámbitos, incluidos los derechos humanos y el medio ambiente; a los pueblos indígenas y a los pobres, que han sido sometidos a lo que definieron como un “terrorismo de Estado”.
Golpes con puños, pies y palos; insultos, amenazas, humillaciones; presenciar o escuchar la tortura de otras personas; asfixia húmeda y seca, toques eléctricos, desnudez forzada y tortura sexual siguen siendo métodos aplicados por agentes de las corporaciones y Fuerzas Armadas, subraya la CCTI.
Y añade:
“De 2006 a la fecha ha habido un aumento considerable de denuncias en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), lo que nos da una idea del incremento de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército y también la Marina. Miembros del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas”.
Además, el sistema de justicia penal continúa siendo el nexo de violaciones a los derechos humanos, particularmente por el hecho de que las declaraciones obtenidas bajo tortura siguen siendo admitidas, por lo que las detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos por tortura, la violación al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias.
A ello se suma que el Protocolo de Estambul (PE) sólo ha sido aceptado en 12 estados, sin que su aplicación se realice de forma adecuada en un cien por ciento, como se documentó en la reciente visita del Relator Especial de la Tortura de la ONU a México, en mayo pasado.
Por ello, el CCTI y otras organizaciones contra la tortura insisten en que las víctimas puedan obtener la rehabilitación a cargo del Estado, como parte del desagravio, y que esto debe correr a cargo de las autoridades del fuero federal y del fuero común sin limitaciones ni demoras.
Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto “pretende limitar la Ley para atención a víctimas al fuero federal, con el claro propósito de simular que el gobierno mexicano cumple con su compromiso”, denuncia el colectivo.
No hay comentarios: