FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER.
México pasivo ante las armas que la producen. México paralizado ante un conflicto que involucra a todos, atañe a todos, toca a todos. El hecho incontrovertible de que más armas significan más homicidios. Y desde que en 2004 Estados Unidos terminara la prohibición de vender armas de asalto, las muertes van en aumento. Exponencialmente. Brutalmente. Trágicamente.
Para 2012 el aumento de muertes por armas de fuego en los últimos ocho años era ya de 178%. Los homicidios se triplicaron ante el pasmo de la autoridad y la indolencia de la población. Crecieron debido a una política pública contraproducente en Estados Unidos y una falta de control gubernamental en México. Produciendo una realidad letal.
La Universidad de San Diego calcula que desde 2010 al menos 235 mil armas han cruzado la frontera de Estados Unidos, lo cual ha generado ganancias de casi 127 millones de dólares para la industria armamentista. Y en cada elección federal, el grupo National Rifle Association desembolsa alrededor de 20 millones de dólares para asegurar la persistencia de la “riflebancada”. Aquellos que cierran los ojos ante la correlación entre armas y violencia. Aquellos que protegen a grupos de interés por encima del interés público.
Ayudados por un gobierno –el de Enrique Peña Nieto– que ha desacelerado la colaboración con el gobierno estadunidense en cuanto al tráfico de armas se refiere, según un estudio reciente del Wilson Center titulado U.S. Firearms Trafficking to Guatemala and Mexico. Ayudados por una administración mexicana que no parece particularmente preocupada por detener el influjo del AK-47, que crece día con día. En Arizona. En Nuevo México. En Texas. En lugares donde rara vez se persigue a quienes venden a compradores ilegales. En un país donde portar armas es considerado un derecho constitucional y no una amenaza para la paz pública. Exportando así la violencia que suele acompañar la portación de un arma que no se usa para cazar sino para matar.
Para matar a policías y a miembros del Poder Judicial y a elementos del Ejército y a empresarios secuestrados. Para contribuir a la decision de un grupo criminal de atacar a un rival y, de paso, asesinar a inocentes víctimas del fuego cruzado. Llevando así a que, en los últimos tres años, de las 75 mil armas confiscadas, 60 mil hayan provenido de Estados Unidos. Llevando así a que grupos criminales mexicanos empiecen a adentrarse en una esfera típicamente habitada por terroristas, guerrilleros o paramilitares, según el reporte U.S. Firearms Trafficking to Mexico: New Data and Insights Illuminate Key Trends and Challenges, preparado por académicos de la Universidad de San Diego. Llevando así a un escenario sin precedente, en el cual están muriendo los directores de agencias federales, así como políticos de alto nivel. Y a la lista se añaden periodistas y el público en general. Como en Zapalpa, Sinaloa, donde 60 narcotraficantes asesinaron a los pobladores y destruyeron el pueblo. Como en Ciudad Júarez, donde más de 60 mil personas han salido huyendo del que fuera su hogar.
Y el problema reside no sólo en la venta de armas y su traslado del norte al sur de la frontera. También tiene que ver con programas como “Rápido y Furioso”, que buscaron introducir armas deliberadamente a México con el supuesto objetivo de rastrearlas. También tiene que ver con que el gobierno de Obama lo alentó y lo permitió, aunque nadie quiera asumir la responsabilidad pública por ello. Y años antes, la administración Bush con el programa “Operation Wide Receiver”, que involucró cientos de armas compradas por intermediarios y después canalizadas a México. Iniciativas basadas en la idea controvertida de “dejar que las armas caminen”. De permitir que sean ilegalmente trasladadas y usadas y desplegadas, con efectos nocivos que el país padece cada vez más.
Cientos de policías asesinados. Miles de civiles ejecutados. Millones de mexicanos atemorizados. Ante ello, esfuerzos para contrarrestar el problema que han sido erráticos e inconsistentes. Respuestas del gobierno mexicano –como en el caso de “Rápido y Furioso”– que han sido tan escuetas como la cantidad de armas que el gobierno estadunidense decomisó en la frontera: sólo 6 mil 688 en el periodo 2005-2009. Posturas oficiales que no han estado a la altura del problema y que revelan la falta de voluntad política para afrontarlo más allá de la retórica. Más allá de las palabras pronunciadas por un presidente que no las acompaña con acciones. Más allá de la imagen de colaboración cultivada por dos gobiernos que prefieren la perpetuación del statu quo, por encima de una actitud más agresiva que acarrearía problemas políticos.
Aún así, hay visos de esperanza. En abril de 2014, un grupo de congresistas estadunidenses manda una carta a Barack Obama instándolo a “prohibir la importación de armas de fuego tipo militar”. Le pide que intervenga política y legislativamente para frenar un fenómeno que produce y exacerba la violencia en México. Y es en este contexto que nace “(Des)Arma México”, una iniciativa plural, independiente, propositiva, que busca sumar voces. Vincular esfuerzos. Crear conciencias. Motivar acciones para reducir las balas y aumentar la atención sobre su impacto. Dimensionar el papel que juegan las armas de fuego en la explosion de la tragedia humana que azota al país. Y es cierto que las armas no son el único factor detrás de la violencia que presenciamos y padecemos. Allí está la debilidad institucional. Allí está la impunidad. Allí está el efecto contraproducente de diversos operativos de seguridad emprendidos por el presidente actual y por quien lo precedió. Pero la importancia de las armas no puede ni debe desestimarse. Tanto la industria armamentista feroz como el crimen organizado letal viven del silencio y la indiferencia. Por ello el imperativo moral de romper con ambos y denunciar que en el infierno mexicano no hay muchos tridentes, pero sí muchos AK-47.
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