AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
El informe La ruta del silencio. Situación de las personas en detención en estaciones migratorias y estancias provisionales alerta sobre las violaciones a los derechos a la información, a una defensa adecuada de las personas indocumentadas, las deficiencias en las instalaciones del INM, así como los efectos psicológicos que conllevan los aseguramientos de centroamericanos.
De la investigación realizada por Sin Fronteras durante 2013 se desprende que, pese a las reformas a la Ley de Migración, “las personas migrantes continúan siendo criminalizadas como si fueran sujetos amenazantes (…) de manera que la detención no es una excepción como debería ser, sino la regla”.
El año pasado, denunció la ONG, una 86 mil 929 personas fueron detenidas por el INM, de las que 81 mil 394 eran originarias de naciones de Centroamérica (32 mil 243 de Honduras, 31 mil 664 de Guatemala y 14 mil 641 de El Salvador). De la cifra global, 9 mil 893 eran menores de 18 años; mil 898 tenían de cero a 11 años, y 7 mil 995 de 12 a 17 años de edad.
De los motivos de migración, el primer lugar lo sigue ocupando la búsqueda de mejores condiciones económicas, el llamado “sueño americano”; luego, la reinserción familiar, es decir, personas que buscan reunirse en Estados Unidos con sus familiares, y como tercer factor la violencia en sus lugares de origen, sobre todo en países como Honduras.
Durante la presentación, Mónica Oehler, coordinadora del reporte, explicó que a través de talleres en las estaciones migratorias del Distrito Federal y de Oaxaca, a los que asistieron unos 228 indocumentados, el equipo de Sin Fronteras pudo obtener información sobre la ausencia de asistencia legal en la gran mayoría de los casos de las personas en tránsito.
Después de reconocer que el equipo investigador tuvo obstáculos por parte del INM para realizar su trabajo, como la selección por parte de la dependencia de los entrevistados, así como la presencia permanente de agentes de migración durante los talleres, Oehler aseguró que de las 147 personas que aceptaron responder a cuestionarios de la organización, 85 manifestaron no haber recibido información sobre el procedimiento iniciado en su situación particular.
Peor aún, al referirse al momento en que los entrevistados fueron sometidos a la primea declaración administrativa en el INM, del total de encuestados sólo tres tuvieron acompañamiento de abogados, uno de un psicólogo y 14 personas contaron con la presencia de algún familiar.
No sólo no se dan a conocer sus derechos a los migrantes detenidos, por el contrario, “se les advierte que si quieren iniciar algún procedimiento judicial para solicitar amparo o asilo, el tiempo en que estarán en la estación migratoria será indefinido, con lo que el derecho al debido proceso es castigado”, acusó la abogada de Sin Fronteras.
Oehler destacó que para los migrantes el encierro llega a ser cuando menos de 15 días, pero si el proceso judicial se alarga, el aseguramiento puede durar meses, lo que resulta devastador, pues en la gran mayoría de los centros migratorios de detención no hay condiciones propias para una estancia prolongada, además de que se detectaron cuartos de castigo llamados “hoyos”, donde se castiga a quienes agentes del INM consideran como personas “conflictivas”.
De entre los grupos de migrantes, los que más sufren el encierro son los menores de edad, “quienes supuestamente deberían ser canalizados al DIF de las localidades, pero ello no ocurre porque la gran mayoría no quiere recibir a niños migrantes o sólo acepta a niños muy pequeños, de tal manera que la opción es quedarse en la estación migratoria”.
Incluso, puntualizó, “los de 14 a 17 años son instalados en un área especial, y los más pequeños con las mujeres; no hay para ellos ningún tipo de distracción ni educación mientras están detenidos”. La investigadora resaltó que el encierro en centros migratorios, considerado por Sin Fronteras como una “privación de la libertad”, causa en muchos de los migrantes ansiedad, desesperación, depresión, trastorno de sueño, irritabilidad e ideas suicidas.
Elba Coria, de la Coalición Internacional contra la Detención, criticó que se destine entre “60 y 80% del presupuesto del INM para operativos de detención y para que las estaciones migratorias reciban a los indocumentados”.
También cuestionó que mientras en el gobierno se invierte en medidas coercitivas que criminalizan a los migrantes, “no hay recursos humanos para abogados de oficio que los defiendan o al menos que les informen los procedimientos. Por ejemplo, para la estación migratoria hay sólo seis o siete encargados de estas funciones para atender a al menos 430 migrantes”.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) en México, aseguró que en las estaciones migratorias se cometen “torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes de forma sistemática a cargo de Estado mexicano”.
Al recordar que los migrantes son uno de los sectores que defiende la organización que encabeza, Quiroz destacó que pese a que se ha denunciado a funcionarios del INM que han violentado los derechos de los indocumentados, no hay castigo para los responsables, por lo que “la política migratoria de detención no ofrece garantías a quienes sufren tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, es una política migratoria que está en contra de la verdad, la justicia y la reparación”.
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