AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL)
En todo el país aumentan los conflictos entre los pueblos indígenas y las autoridades o los intereses privados por la tierra, el agua y la seguridad pública. En desventaja jurídica por la falta de reconocimiento de sus derechos, las comunidades protestan, organizan policías comunitarias y generan opciones de autogobierno, aun a costa de la represión oficial y de la violencia criminal, lo que radicaliza estas confrontaciones y no pocas veces desemboca en violencia.
Los enfrentamientos se incrementaron a partir de abril pasado, cuando fueron encarcelados dirigentes de las comunidades nahuas de Puebla que se oponen a un megaproyecto energético, y del enfrentamiento entre comuneros y policías que el día 13 de ese mes dejó un herido de bala en Amilcingo, Morelos (Proceso 1957).
El día siguiente, el 14 de abril, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla, de Lerma, Estado de México, amaneció cercada por la policía porque el gobierno de Eruviel Ávila llevó acarreados para influir en una consulta sobre la realización de la autopista Toluca-Naucalpan, que la población rechaza por considerarla un ecocidio contra el Parque Otomí-Mexica.
Los casos de Morelos y Puebla tienen en común con el mexiquense la presencia de la constructora OHL y otras trasnacionales de origen español.
Por esos días Alejandro Bautista, dirigente comunitario de San Andrés Totoltepec que se opuso a la Supervía y a proyectos inmobiliarios en terrenos de los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, recibió la confirmación de su sentencia por participar en la marcha del 2 de octubre de 2013.
El 21 de mayo, un enfrentamiento en San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal, dejó decenas de policías y comuneros heridos. Y el siguiente día 27 dos policías fueron linchados en la comunidad mexiquense de San Andrés Tlalámac.
En Chiapas, las comunidades zapatistas registran una serie de embates desde que empezó este año. El pasado 2 de mayo, en el municipio de La Realidad, sufrieron un ataque en el que murió José Luis López, conocido como Sargento Galeano.
En tanto, 34 indígenas están detenidos en el mismo estado, acusados del secuestro de la exsecretaria de Medio Ambiente y académica Julia Carabias en la reserva de la biosfera de Montes Azules.
Los enunciados son algunos de los más de 160 conflictos vigentes hasta febrero pasado en 24 entidades, que documenta un informe preliminar de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría de Gobernación.
En el norte, desde que la nación yaqui inició su oposición al Acueducto Independencia, un megaproyecto promovido por el gobierno de Sonora para abastecer de agua a Hermosillo, 13 de sus integrantes han sido levantados; sus dirigentes reciben frecuentes amenazas y, en febrero pasado, aparecieron narcomantas intimidatorias contra los inconformes en varias poblaciones de la entidad.
Para Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, es claro: “El acoso sistemático no lo puede hacer nadie más que el Estado”.
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el 3 de diciembre último un amparo a favor de los yaquis y ordenó acciones precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de líquido continúan mientras aumenta el acoso a los yaqui. Luna advierte:
“Es una política de Estado contra el yaqui, uno de los pueblos que ha conservado su autonomía, su identidad, su lengua y cultura, un proyecto de desarrollo con visión propia… y todo eso molesta al Estado nacional.”
La prensa sonorense llama a este conflicto “la guerra del agua”, que es sólo uno de los numerosos problemas que enfrentan a los pueblos indígenas con otros poderes, entre ellos el de la delincuencia organizada.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1961 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
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