AUTOR: REDACCIÓN.
Miguel Ángel García Covarrubias, titular de la dependencia, aclaró que lo único que ha hecho hasta ahora es dar conocimiento de los hechos, sin interponer la querella formal.
La única denuncia que existe, dijo, es la que presentaron la semana pasada 19 víctimas del sacerdote prófugo, cuyos derechos ya fueron suspendidos por El Vaticano.
El funcionario estatal señaló que en los próximos días se citará a declarar a todas y cada una de las víctimas del padre Córdova Bautista, a quien se le imputan más de 100 violaciones.
En el proceso, explicó, habrá un interrogatorio a la parte quejosa para que ratifique lugares, circunstancias y situaciones para que la investigación pueda avanzar.
Las denuncias en contra del religioso, expuso, están basadas sobre abuso sexual y posible violación, pero no hay orden de aprehensión porque todavía no se dan los elementos y la averiguación se encuentra en proceso de integración.
García Covarrubias confirmó que la PGJE ya designó a un agente de Ministerio Público especial para dar seguimiento a esa averiguación y de ser necesario se integrarán otros agentes, dada la cantidad de personas que podrían haber sido ser afectadas, a fin de recabar el cuerpo del delito y tener los elementos de la acción penal.
Se calcula que el clérigo abusó de al menos 100 menores de edad durante las últimas tres décadas, pero hasta hace unos meses, con ayuda de organizaciones no gubernamentales contra la pederastia y activistas independientes, las víctimas se atrevieron a hablar.
Una de ellas relató al diario La Jornada cómo en el colegio Marista, en el año de 1985, cuando era profesor de Ciencias Sociales, Córdova lo llevó a la oficina, ordenándole que se quitara la camisa y se bajara el short, y después le tocó los genitales.
El mismo modus operandi siguió con otra de las víctimas, Humberto, y gracias a su denuncia Córdova Bautista fue despedido.
El pasado 21 de mayo el cura potosino fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un grupo de víctimas de abuso sexual, según informó ese mismo día el exsacerdote Alberto Athié Gallo durante una rueda de prensa.
Por separado, ante el cuestionamiento de si el Vaticano estaba enterado de las prácticas de Córdova, el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego, aseguró que desde 2009 se envió a Roma la investigación por el caso del cura, a quien desde entonces se le acusaba de pederastia.
“A la Iglesia le corresponde aplicar el Derecho Canónico y se cuenta con el aval del Estado para ejercer tal derecho y someter al sacerdote al tribunal de la Iglesia”, dijo Priego en entrevista con el diario Pulso de San Luis.
Consideró que la PGJE no ha encubierto a nadie por el hecho de que no existan denuncias, y aclaró que el Arzobispado no se ha negado a proporcionar información, al contrario, se está en la disposición de ayudar en todo lo que se pueda y lo permita el derecho, ya que a la Iglesia también le corresponde salvaguardar la identidad de las presuntas víctimas.
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