FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
En el arranque de la semana, los nombres de los exgobernadores de Michoacán, Fausto Vallejo; de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Coahuila, Jorge Torres, aparecieron en las noticias del día acusados de haber cometido actos delictuosos directamente o de encubrir a familiares que son parte de alguna banda delincuencial.
Los rostros de los tres exmandatarios se podían ver en las portadas de los diarios o en los portales como parte del quiosco noticioso del día al lado de otras noticias no menos graves, como la situación de abandono de miles de niños migrantes en la frontera con Estados Unidos y las reformas energéticas y de telecomunicaciones que privatizan bienes nacionales.
Perdidas en el campo de futbol, en las perturbadas manifestaciones de las hordas futboleras que no distinguen clase social ni económica porque al final todas se ahogan en alcohol, las figuras de los tres exmandatarios poco llamaron la atención pública a pesar de que son el ejemplo más claro del deterioro y corrupción de la clase política y gobernante.
Pareciera que estamos más acostumbrados a los escándalos, a la violencia y la corrupción que a los logros políticos, legislativos o de justicia. De hecho, desde hace años se nos ha hecho costumbre la transformación de las noticias políticas en policiacas por los constantes casos de corrupción de personajes políticos sin distinción de corriente ideológica.
La lista de los políticos mexicanos acusados de tener vínculos o pertenecer a grupos criminales es larga y ya tiene varias décadas. Quizá sea desde la época de Carlos Salinas de Gortari cuando estos casos salieron a la luz pública de manera más descarada a partir de la historia de Raúl Salinas y Mario Villanueva Madrid, quien fue detenido al finalizar su sexenio en la administración de Ernesto Zedillo.
Hoy sabemos que autoridades de Estados Unidos ya preparan testigos y acusaciones para el juicio por narcotráfico, lavado de dinero y fraude bancario en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, de quien desde hace una década ya se había publicado de sus relaciones con el narcotráfico.
El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, se encuentra declarado fugitivo por la justicia estadunidense por no presentarse a declarar en el juicio civil que él mismo promovió para recuperar los 2.7 millones de dólares asegurados en un banco de las Bermudas. A partir de esto la agencia antidrogas de ese país (DEA por sus siglas en inglés) elaboró una ficha de búsqueda internacional.
El último caso es el del exgobernador Fausto Vallejo quien hace apenas unos días presentó su dimisión por presuntas razones de salud pero que todo indica es para intentar proteger a su hijo Rodrigo quien es investigado por sus posibles vinculaciones con el crimen organizado de Michoacán.
Aunque los tres ejemplos son de políticos del PRI, en el PAN también se dan los casos como el del exgobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, acusado de tener alianzas con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul. En tanto que en el PRD está el exgobernador Leonel Godoy cuyo medio hermano, Julio César Godoy Toscano, prófugo de la justicia desde el 2010, acusado de negociar con la Familia Michoacana.
Es casi seguro que en el futuro habrá otros ejemplos porque la fusión de políticos y narcotraficantes es cada vez más amplia y profunda. Hacen falta maxiprocesos como los que se han realizado en Italia, Estados Unidos y Colombia para detener este fenómeno antes de que el crimen organizado y en especial el narcotráfico se apropien de todo el poder político.
Y también para quitarnos esta mala costumbre de ver normal lo que no es: la corrupción, la impunidad y la injusticia.
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