FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
Desde que asumió el cargo Vallejo tuvo diversos problemas físicos que lo obligaron a pedir tres licencias, y también fue acusado de recibir apoyo de los Caballeros Templarios.
En una serie de tres cartas públicas, la organización criminal aseguró que en las elecciones pasadas invirtió millones de pesos y movilizó a mucha gente para apoyar al candidato del PRI e inhibir la campaña de la panista Luisa María Calderón.
El priista ganó las elecciones de noviembre de 2011 y desde entonces ya se hablaba de mermas en su salud, pero también se reveló que su equipo, principalmente el exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna, tenía ligas con el crimen organizado.
En febrero de 2013 la inseguridad, la violencia y la fuerte presencia de los Caballeros Templarios en la entidad dieron origen al surgimiento de los grupos de autodefensa ciudadana en la zona de Tierra Caliente. Con ello, el gobierno de Vallejo comenzó a ser severamente cuestionado.
Para abril de ese año, en medio del avance de las autodefensas armadas por buena parte del territorio michoacano, Vallejo anunció que se separaría del cargo entre 60 y 90 días para ser intervenido. Debido a que su recuperación no fue tan rápida como se esperaba, el Congreso local aprobó la ampliación de su licencia a 180 días.
Su lugar fue ocupado por Jesús Reyna, a quien el líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, acusó de ser el intermediario entre los Caballeros Templarios y el gobernador durante la campaña de 2011.
Durante los 270 días que Vallejo estuvo ausente circularon versiones que señalaban que miembros de su familia y de su gabinete estaban involucrados con la delincuencia organizada.
La senadora Luisa María Calderón declaró entonces que el gobernador debería dejar su puesto, y lo acusó de ser parte del problema de gobernabilidad en Michoacán por su condición de salud y por mantener a miembros de su gabinete pese a ser cuestionados.
Fue hasta octubre de 2013 cuando el priista retomó la gubernatura, pero en enero de este año, cuando Alfredo Castillo asumió como comisionado para la seguridad en Michoacán, su figura mermó, lo mismo que sus acciones como jefe del Ejecutivo estatal, y empezó el declive.
No obstante, el 14 de febrero, durante su segundo informe –al que asistió el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong–, afirmó que no dejaría su puesto y pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto que lo siguiera apoyando. Dos meses después, el 4 de abril, su secretario de Gobierno, Jesús Reyna, fue detenido por sus presuntos vínculos con los Caballeros Templarios.
Visiblemente enfermo, Fausto Vallejo se deslindó de Reyna y aseguró que nunca supo de su relación con la delincuencia organizada. Hizo algunos cambios en su gabinete y afirmó que “solo un tonto no veía los avances en Michoacán”.
El 31 de mayo pasado anunció que volvería a pedir licencia para una revisión médica en Estados Unidos. Un día antes de que el Congreso local le autorizara el permiso circuló una imagen en la que aparece su hijo Rodrigo en una supuesta reunión con el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta.
En un intento por amortiguar el golpe, Vallejo dijo en una entrevista que en su familia no había delincuentes y, además, reveló que en junio del año pasado uno de sus hijos había sido secuestrado por integrantes del crimen organizado.
La foto de Rodrigo –conocido en Michoacán como El Gerber– con La Tuta circuló en las redes sociales y la Procuraduría General de la República afirmó que se haría una investigación al respecto.
Este miércoles, a su regreso de Estados Unidos, Fausto Vallejo se reunió en Los Pinos con Enrique Peña Nieto.
Minutos antes de darse a conocer la noticia de su retiro, escribió en su cuenta Twitter: “Le he informado (a Peña Nieto) que me retiro del Gobierno de Michoacán para atender mi salud”.
Se espera que mañana en la tarde anuncie oficialmente su salida. Su cargo será ocupado por el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, y posteriormente el Congreso michoacano deberá convocar a sesión para designar gobernador interino.
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