FUENTE: MAS DE 131 (http://www.masde131.com/)
AUTOR: Aldabi Olvera.
Los decretos expropiatorios, se dirigen contra la comunidad de Santa María Tlalmimilolpan con 3-37-72 hectáreas de temporal de uso común, el ejido de Santa María Atarasquillo con 4-17-00 hectáreas y el ejido de San Nicolás Peralta con 12-25-58 hectáreas, estos dos últimos con tierras de agostadero de uso común y temporal de uso parcelado. En los decretos de Atarasquillo y Peralta, que vieron la luz el seis de junio, se muestran los 14 y 23 ejidatarios afectados.
A Santa María Tlalmimilolpan se le indemnizará con 3,263,523 pesos, a Santa María Atarasquillo con 5,909,949 pesos y a San Nicolás Peralta con 9,267,094 pesos.
Los argumentos de las expropiaciones de los terrenos a estas comunidades son las mismos dados para las expropiaciones en Huitzizilapan. En su Considerando, apartado número tres, el decreto considera a la región un “paso obligado de los flujos vehiculares entre la capital del país y la Ciudad de Toluca, así como para conectar ambas áreas metropolitanas”.
“Es factor determinante para el desarrollo económico y social para el Estado de México”, se argumenta en el texto, donde igualmente se habla de la consolidación, ampliación y modernización de la red de autopistas de altas especificaciones.
También justifica que la carretera hará más “segura”, “económica” y “confortable” la interconexión de polos de desarrollo industrial, turístico, comercial y, en general, del transporte de bienes y personas, y especialmente el Aeropuerto Internacional de Toluca con toda la zona norte y noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
“Lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico para toda la región centro del país”.
Sin embargo, el decreto no explica de qué forma se dará este desarrollo, si va de acuerdo o no con especificaciones ambientales, de qué manera afecta al parque de agua y al derecho a la autodeterminación de los pueblos Otomíes de la región, los cuales no son mencionados en ningún momento en el decreto.
En el apartado número uno el decreto se anuncia que ninguno de los Comisariados de Bienes Comunales ni del Comisariado Ejidal ni ejidatarios de Atarasquillo manifestaron inconformidades con el procedimiento del decreto.
Todas las expropiaciones se hacen a favor del organismo público descentralizado Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (CASCAEM); sin embargo, la construcción y operación de la autopista es privada y está concesionada a la empresa Autovan S.A. de C.V., propiedad de Armando Hinojosa Cantú, concesionario favorito de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el reportaje de la revista Proceso: La autopista ecocida, publicada en junio del 2013.
Mientras tanto, los avances en la parte privada de San Francisco Xochicuautla, continúan y ya se trabaja durante las noches, de acuerdo con el testimonio de miembros del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, la organización mediante la cual los pueblos de Xochicuautla, Ayotuxco y Huitzizilapan se han agrupado para exigir que se pare el proyecto.
De acuerdo con Esther Goujón, abogada de las comunidades de San Francisco Xochicuautla y Santa Cruz Ayotuxco, la estrategia de decretos expropiatorios obedece a que a los comisariados de bienes comunales y las autoridades agrarias venían realizando asambleas donde se aprobaban convenios de ocupación que tendrían que llegar a una expropiación, algo necesario para las tierras de bienes comunales, que son “tierras ancestrales desde antes de la llegada de españoles”.
“Dentro del capítulo de expropiaciones dice que no se admite un convenio dentro de un procedimiento de expropiación si no es autorizado por la asamblea general de comuneros”, dice la abogada.
“Las que han realizado las han hecho de manera amañada sin cumplir los requisitos de ley de mayoría ni convocatorias”, denuncia Goujón, “Incluso han llegado a falsificar actas de los núcleos agrarios para asegurar que haya cubierto este requisito”.
“Hay todo un contubernio entre autoridades, desde quienes elaboran el acta, quienes convocan. El registro agrario legaliza actas no legales y con esto empiezan a hacer las negociaciones para imponer los intereses de las empresas. La mayoría de núcleos agrarios han estado denunciado esto”.
Los pueblos que tienen suspensiones de obras debido a amparos son los que han echado para abajo ese tipo de asambleas y no han sido expropiados por Peña Nieto mediante decreto presidencial. Tal es el caso de San Francisco Ayotuxco, San Francisco Xochicuautla, el cual desde hace siete años denuncia el paso de la carretera y ha llevado la causa de su pueblos por distintos foros en el país, y Santa Cruz Ayotuxco, que tuvo participación en la Otra Campaña.
“La única vía para meterse con el derecho comunal es la vía de la expropiación”, advierte Esther Goujón, “la forma de defenderse es que no cumplan con los requisitos que establece la constitución, la ley de expropiaciones y la ley agraria”.
Y detalla:
“O que no se lleve a cabo del interés público, que sea privado, como realmente lo están tratando de hace disfrazando que primero una institución del estado, porque las instituciones ya tienen concesionados los proyectos a los particulares”.
Sobre Peña Nieto, dice la abogada:
“Tiene compromisos internacionales desde su candidatura hasta su asunción a la presidencia y los está cumpliendo. Es para construir carreteras y movilizar mercancías, principalmente empresas extranjeras”, dice Goujón.
Decretos expropiatorios:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5347624&fecha=06/06/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5347625&fecha=06/06/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346456&fecha=28/05/2014
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