FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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La prestigiada revista The Economist pone en duda hoy el conteo oficial de personas desaparecidas en México, porque la Secretaría de Gobernación ha divulgado poco sobre qué cifras usa, “de dónde salen, qué método se utilizó para calcularlas, o si se cree que los desaparecidos que han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía, o por una combinación de los dos”.
También evidencia que las familias están solas en su búsqueda porque el gobierno simplemente se ha hecho a un lado.
“Durante casi tres años los residentes de Allende, cerca de la frontera mexicana con Texas, albergaron un secreto terrible. En 2011, la ciudad de 27,000 personas sufrió un ataque violento por Los Zetas, el grupo de narcotraficantes más brutal de México. Impulsados por una sed de venganza en contra de dos hombres de la localidad acusados de traición, turbas de zetas llegaron a la ciudad, redondeado su extensa familia y a sus amigos –que suman cientos de personas- y los secuestraron a punta de pistola”, cuenta The Economist.
Luego pasaron bulldozers sobre sus casas, y les prendieron fuego.
“Hasta este año, la barbarie pasó prácticamente desapercibida; sólo había rumores oscuros de lo que había sucedido a los que estaban desaparecido. A pesar de que decenas de las casas destripadas estaban salpicadas como las ruinas de la guerra en todo el centro de la ciudad, hablar del incidente fue suprimido por temor, o por connivencia con los Zetas. Reynaldo Tapia, quien asumió el cargo de Alcalde de Allende en enero, dice que dos jóvenes desafortunados que llevaron visitantes en un recorrido a pie por las casas devastadas, fueron muertos a tiros”.
Pero en febrero, dice la revista inglesa, casi tres años después de que se cometieron los crímenes, los investigadores federales y estatales por fin. En las granjas cercanas a Allende encontraron tambos –conocidas por Los Zetas como “cocinas”–, donde se incineró a las víctimas después de dispararles. “Los informes dicen que el número de cadáveres encontrados en los cementerios clandestinos rondan los 300-500”.
Policías forenses federales en la Ciudad de México todavía están estudiando los restos carbonizados para determinar exactamente cuántas personas murieron, dice The Economist.
“La masacre bien puede ser una de los peores de la guerra de las drogas de seis años en México, entre 2006 y 2012, cuando el anterior gobierno envió al Ejército contra las bandas de narcotraficantes, lo que desencadenó fueron batallas asesinas. Pero es imposible saber a ciencia cierta. La incertidumbre rodea el número de personas que desaparecieron en todo el país como resultado de los secuestros relacionados con las drogas. En 2013, poco después que el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo, una lista del gobierno puso como número 26 mil. El mes pasado, Miguel Ángel Osorio Chong, el Secretario de Gobernación, dijo que la cifra se había reducido a 13,000, debido a que muchas personas supuestamente desaparecidas habían sido encontrados con vida. En el ínterin, sin embargo, nuevas víctimas se han añadido al total: otros 8,000 fueron dadas por desaparecidas en 2012-2014, dijo Osorio”, señala la revista.
No se sabe si la cifra de 13,000 incluye los de Allende y de hecho, “poco se ha divulgado sobre qué cifras usa el gobierno, de dónde salen, qué método se utilizó para calcularlas, o si se cree que los desaparecidos que han sido secuestrados por la delincuencia organizada, por la policía, o por una combinación de los dos”.
Armando Luna, Secretario de Gobierno Coahuila, dice en su estado hay 1,800 desaparecidos, la “inmensa mayoría” llevados contra de su voluntad.
“Las familias de los desaparecidos dicen que la búsqueda de sus seres queridos se ha dejado a ellos”. A menudo con gran riesgo, cita la revista. En mayo, recuerda, Sandra Luz Hernández, cuyo hijo fue secuestrado por hombres armados hace dos años, se convirtió en la última activista de ser abatida a tiros”.
“Parte del problema, dicen las familias, es que el gobierno le da poca prioridad a sus casos porque asumen que muchas de las víctimas eran delincuentes. Sin embargo, a menudo la policía local y las fuerzas de seguridad habrían participado en desapariciones forzadas. Nik Steinberg, de Human Rights Watch, dice que ha dado a las autoridades pruebas de 40 casos de este tipo de secuestros”, sostiene The Economist.
La publicación dice que algunos cambios alentadores se están llevando a cabo a nivel local. Como resultado de la presión de FUNDEC, un grupo de la iglesia con sede en Coahuila, que actúa a favor de las familias de los desaparecidos, el mes pasado quedaron expresamente prohibidas las desapariciones de personas en la Constitución local.
“Es poco probable ayudar a las personas en Allende, que siguen demasiado temerosas como para admitir un parentesco con los desaparecidos. Tapia, el Alcalde, dice que la paz y la tranquilidad han regresado. El 9 de junio se celebró una fiesta para los periodistas (algunos con guardaespaldas) para reforzar ese mensaje. Él mismo echó a perder las cosas cuando llevó a un interlocutor a un arroyo cercano, aún adornado con cinta de la escena del crimen, para mostrarle en dónde, cierta vez, había pescado dos cadáveres”.
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