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» »Unlabelled » Napoleón Gómez Urrutia: Canadá lo protege, México lo condena

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: NORMA GARZA.

Aunque tiene orden de aprehensión, la Secretaría del Trabajo hace legal la reelección del líder minero Napoleón Gómez Urrutia hasta el 2020, pese a su condición de prófugo de la justicia. Él asegura ser víctima del gobierno panista y Canadá le otorgó una ‘visa humanitaria’ como perseguido.

En un hecho raro en el sindicalismo mexicano, la Secretaría del Trabajo aceptó el liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia en el sindicato de mineros, pese a que el elegido enfrenta orden de aprehensión en México y se encuentra prófugo en Canadá. 

Esta toma de nota, inédita dada la condición ilegal del dirigente, podría ser el inicio del reconocimiento mexicano de que el líder de los mineros fue víctima del gobierno panista de Vicente Fox y del dueño de minera México, Germán Larrea, por no haber aceptado una negociación contraria a los intereses de sus agremiados después del accidente de Pasta de Conchos, en 2006. 

En 2008 también fue elegido pero el gobierno de Calderón negó la toma de nota. La Suprema Corte de Justicia concedió al gremio un amparo que obligó el reconocimiento. 



Este gobierno sí lo reconoció, Gómez Urrutia es líder legal de los mineros pero no puede asistir a las juntas. Al menos en el territorio nacional, ya que el heredero del liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros enfrenta orden de aprehensión por la supuesta substracción de 55 millones de dólares del fideicomiso de agremiados. 

Sus abogados mexicanos promovieron un amparo negado en abril, por lo que su condición legal es de prófugo.  

En abril pasado la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó al gobierno canadiense la extradición del líder minero, pero aún no han informado la posibilidad de concretar la petición al gobierno canadiense dentro del derecho internacional, ni que la Interpol emita la “ficha roja” que alerta persecución de prófugos. 

Esto no será sencillo, ya que la condición migratoria del líder es de exiliado político, amparado por una visa humanitaria desde  2008, dos años después de salir de México. 

Esta visa especial solo se otorga a perseguidos políticos y le permite permanecer en Canadá indefinidamente, por lo que la extradición aperturaría un debate diplomático. 

Los mineros, con ‘Napo’

Los 30 mil agremiados mineros niegan la culpabilidad de su líder Napoleón Gómez Urrutia, quien heredó el liderazgo en 2001 a la muerte de su padre Napoleón Gómez Sada, quien presidía el gremio nacional desde 1960. 

Ellos incriminan al presidente Vicente Fox de haberse coludido con los dueños de las mineras para neutralizarlo y evitar que las condiciones de los trabajadores mejoren en cuanto a seguridad social, equipos y maquinaria adecuados en el desempeño de sus labores, y retribuciones justas.  

Y aunque el líder está prófugo su liderazgo persiste y continúa comunicándose con los medios mexicanos y con sus seguidores.   

Respecto a la toma de nota de la Secretaría del Trabajo, el reelecto secretario general en funciones hasta el 2020, mandó decir que “esta fue una decisión acertada de la dependencia laboral del gobierno, pues va en la línea de cumplir con su responsabilidad oficial de respetar el derecho a la autonomía y la libertad sindicales”, según publicó en su boletín el sindicato. 

Días antes de la última convención de mineros, el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que continúa vigente la orden de aprehensión en contra del líder minero por el desvío de 55 millones de dólares. 

Navarrete aclaró que “la orden de aprehensión ya existía, lo que se está ventilando es un amparo contra esa orden de aprehensión que estaba revisando un Tribunal Colegiado, y el Tribunal Colegiado ha considerado que la orden de aprehensión que emitió un juez (...) reúne los requisitos de constitucionalidad, por lo tanto queda firme”.

Y aclaró que esto no se debe a una persecución  política. 

La teoría del complot en contra de Gómez Urrutia surge desde el 2006, después de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, y así lo afirma en su libro, publicado en inglés y traducido al español por La Jornada, Collapse of dignity: the story of a mining tragedy and the fight against greed and corruption in México, (Colapso de la dignidad: la historia de la tragedia de una mina y la pelea contra la ambición y corrupción en México), colocado entre los más vendidos de la lista de The New York Times. 

La teoría la apoyó Humberto Moreira, gobernador de Coahuila cuando sucedió el accidente minero, quien aseguró haber sido coaccionado por Vicente Fox para que arrestara a personas inocentes, entre las cuales se encontraba Gómez Urrutia.

El Colapso de la dignidad 

El libro del líder minero Napoleón Gómez Urrutia fue publicado en inglés y traducido al español. En EU alcanzó los primeros 10 lugares en ventas en la lista del diario The New York Times. 

La tragedia de Pasta de Conchos

En febrero de 2006, 65 mineros de la región carbonífera de Coahuila cercana a Nueva Rosita, en la comunidad de San Juan de Sabinas, fueron sepultados por una explosión. 

Según los mineros el accidente fue causado por las malas condiciones de seguridad, y según voceros del Grupo México, por una bolsa de gas que es totalmente impredecible y de consecuencias inevitables. Aseguraban que los trabajadores murieron quemados cuando se elevó la temperatura a 900 grados, por lo que sería imposible encontrar algún sobreviviente.  

El sindicato, en voz de su líder Gómez Urrutia, pedía una operación de rescate al asegurar que los mineros podrían estar vivos. 


La teoría de los dueños de las minas no se sostenía después de que los únicos dos cadáveres  recuperados habían muerto por falta de aire, según la autopsia, no por quemaduras. Minera México no propició el rescate de los 65 fallecidos y empezaron los problemas para su líder.

En esta situación de búsqueda de culpables y de opiniones encontradas entre Minera México y el sindicato, sin haber logrado una negociación con Gómez Urrutia en cuanto a indemnizaciones de las 65 familias, este fue acusado del robo de los 55 millones de dólares del fideicomiso. 


Canadá estuvo de acuerdo con  la defensa que alegaba  el manejo político de su caso, y le dio la visa humanitaria que lo protegería de la extradición.

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