AUTOR: REDACCIÓN.
La juzgadora determinó que con base en pruebas quedó demostrado que se entregaron recursos del Instituto de Salud de la entidad para adquirir un tomógrafo computarizado, pero la contratación resultó una maquinación para justificar la erogación de 13.8 millones de pesos simulando una compra, en la que además no hubo licitación.
Asimismo destacó que pese a que no se recibió físicamente el equipo, se dio de alta en el sistema de inventarios.
En su fallo, la juez estableció que, de acuerdo con declaraciones de testigos, sí es posible considerar a Reynoso Femat como probable responsable de la comisión del delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público.
Con ello, quedó activa la orden de aprehensión girada por el Juzgado Segundo de lo Penal del Fuero Común en contra del exmandatario.
Hasta el pasado 20 de mayo, Reynoso Femat había garantizado 61.3 millones de pesos en fianza para seguir en libertad los distintos procesos que enfrenta.
La primera fianza que cubrió ante el Juzgado Tercero de Distrito fue por 9.7 millones de pesos, precisamente para garantizar su libertad por el proceso que enfrenta ante el Juzgado Segundo Penal por la compra simulada del tomógrafo.
La segunda, depositada también ante el Juzgado Tercero de Distrito, fue de 9 millones de pesos por las acusaciones de la venta de 10 hectáreas por debajo de su precio a la empresa Constru Urbi.
Una más por 30 millones fue depositada ante el Juzgado Primero Penal para obtener su libertad, dentro del proceso por un presunto peculado por 26 millones, por la compra a sobreprecio de unos predios.
El monto de 12.6 millones corresponden a las obligaciones de Reynoso dentro del amparo 1079/2014, que interpuso contra una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, emitida por el juez sexto Penal, Alfredo Quiroz.
En este asunto, Reynoso está acusado de avalar la venta de 76 viviendas, ubicadas en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, por debajo de su valor real, en octubre de 2009.
Según el expediente, el precio de venta por el lote de viviendas fue de 3.5 millones de pesos, cuando su valor real era de 16 millones, por lo que el desfalco al erario fue de 12.5 millones.
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