AUTOR: Yadira Llaven Anzures.
Esto se dio a conocer en las asambleas realizadas ayer domingo en los municipios de San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan, donde además los pobladores votaron para rechazar el diálogo con funcionarios del gobierno federal, a invitación expresa de la Secretaría de Gobernación.
El argumento de los campesinos fue que la Federación y el estado los han pisoteado, los han tratado como salvajes por no entender que el gasoducto será un proyecto bondadoso, y en esas circunstancias dijeron no están dispuestos a dialogar. Hay una ofensa y los engañaron, dicen.
Asimismo, demandaron públicamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno presentar en cada uno de los pueblos el proyecto original del gasoducto, ante el hermetismo que hay sobre el tema.
También acordaron que tampoco responderán a la provocación del gobierno, con la llegada de la Policía Federal y el Ejército Mexicano a las comunidades que están dentro de la traza del gasoducto.
“Lo que quiere Moreno Valle es que respondamos a la agresión; pero no somos tontos: no vamos a caer en la provocación para evitar pisar la cárcel”, fue claro el exhorto de los campesinos.
Por tratarse de comunidades expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos, la mayoría de los asistentes a estas reuniones públicas son ancianos y mujeres que acarrean con sus hijos en brazos.
Así se percibe. Nealtican y Calpan son pueblos muertos. La gente que se quedó sólo tiene la tierra para vivir, y perderla para permitir la construcción de un gasoducto representa el suicidio, como expusieron los agraviados.
La primera asamblea se efectuó pasadas las 14 horas en el zócalo de Nealtican, donde los lugareños demandaron al alcalde Domingo Jiménez Luna que convoque a un cabildo abierto donde se analice el tema de la construcción del gasoducto y se tomen decisiones en beneficio del pueblo.
En la reunión, a la que acudieron unas 200 personas, también hicieron acto de presencia miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, así como ejidatarios y campesinos de Santa María Zacatepec, Juan C Bonilla, San Juan Amecac, Santa Isabel Cholula y San Lucas Atzala, quienes más tarde se trasladaron en grupo a la asamblea de San Andrés Calpan.
Selene Santamaría, del Comité Ciudadano de Nealtican en Defensa del Agua, la Vida y el Territorio, hizo público que las autoridades están detrás de la campaña difamatoria en su contra, pues la señalan de sacar provecho económico de la población.
En ese sentido, aclaró que las cooperaciones voluntarias son para pagar el amparo colectivo de las comunidades del volcán, que se interpuso el pasado 19 de mayo.
Con ello, dijo, se busca de manera indirecta que se inhabilite definitivamente la construcción del gasoducto Morelos, por representar un peligro para los pueblos de la región, pero sobre todo porque el procedimiento para la obra ha sido de manera ilegítima.
Pidió a la gente que tenga confianza sobre el amparo, pues recién se dio a conocer que también se ganó por la vía legal la cancelación de la edificación de un gasoducto entre los límites de los estados de Puebla y Veracruz.
El pasado 28 de abril el Juzgado Primero de Distrito concedió el amparo promovido por pobladores de Cuacuila en contra del gasoducto Tuxpan–Atotonilco, a cargo de la empresa Gasomex, confirmó la representante legal de los vecinos, Patricia Montaño.
Este triunfo legal, destacó Selene Santamaría, es un buen antecedente para la lucha que ahora afrontan los pueblos de la zona del Popocatépetl, quienes también buscan suspender la obra a la que han llamado “proyecto de muerte”.
Fernando Cuéllar Muñoz, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, explicó que hace unos días se presentó el amparo en un juzgado federal contra la construcción del gasoducto que atraviesa por tierras de cultivo y talleres de alfareros de toda la región Izta–Popo.
Sin dar mayores detalles, el activista informó que si se logra ganar el amparo colectivo para Nealtican en automático se logrará la victoria en el resto de las comunidades opositoras al gasoducto.
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