FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
Thomas Wissing, director de la OIT en México, informó que del total al menos un millón tiene entre 5 y 13 años de edad, y la tercera parte se concentra en el sector agropecuario, donde ni siquiera alcanzan a ganar el salario mínimo.
Durante la presentación del libro “El trabajo Infantil y el Derecho a la Educación en México”, en la sede común de la ONU en México, comentó que estos menores se enfrentan a largas jornadas laborales y riesgosas en flagrante violación a sus derechos humanos.
Nashielli Ramírez, directora de la organización social Ririki Intervención Social y coautora del libro, explica a Apro que la Ley Federal del Trabajo considera como actividades de riesgo para los menores la agricultura, la minería, la industria que usa químicos tóxicos, la pesca, las ladrilleras y las empresas cuyos procesos de fabricación implican maquinaria cortante.
En cuanto a la agricultura –sector en donde se concentra la tercera parte de los menores trabajadores–, dijo que “se piensa que es muy natural, pero no: son arduas jornadas de trabajo físico que si para los adultos son duras, para los niños es peor, pues están en el sol, cargando, agachados, expuestos a los agroquímicos y con las navajas para cortar, es muy peligroso”.
Acepta que el gobierno federal ha avanzado en la materia al reglamentar a las grandes empresas para que no incluyan mano de obra infantil. Sin embargo, dijo que aún hay gran cantidad de fincas y ranchos donde hay trabajo infantil y la autoridad federal no tiene el número de supervisores suficientes para verificar todos estos lugares.
El pasado 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil, el gobierno federal anunció la promulgación de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que eleva, de 14 a 15 años, la edad permitida para que los menores puedan trabajar, aunque en actividades que no vulneren sus derechos. Este miércoles, la reforma entró en vigor.
De acuerdo con el representante de la OIT, Thomas Wissing, esta medida “demuestra que el país avanza” y cumple con el estándar internacional que marca el Convenio 138 de la OIT en el sentido de que antes de trabajar, los menores deben haber concluir la educación básica y que, en el modelo educativo de México, se termina a los 15 años.
La presidenta de la asociación Ririki, Nashielli Ramírez, considera que con este cambio el gobierno federal debe también reformar la agenda educativa y generar políticas públicas intersectoriales para combatir el fenómeno. De otra manera, dijo, sólo seguirá atendiendo el problema, pero no lo previene.
Programas, insuficientes
Silvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y coautora del libro, asegura que aún con estos esfuerzos, “la legislación laboral vigente está desadaptada a la realidad en México”, pues se basa en la idea de que los menores trabajan en empleos formales, cuando la mayoría está en la informalidad.
Además, dice que “no existe en el país una política nacional integral para prevenir y eliminar el trabajo infantil”. Consideró que este fenómeno es el “principal enemigo de la escolarización”, pues tarde o temprano los obliga a abandonar las clases.
Los datos alarman: 70% de niños, niñas y adolescentes que trabajan sólo cursaron los primeros dos años de la primaria y ante la constante reprobación de los cursos, terminan por abandonar las clases.
La especialista agregó que en las zonas urbanas los menores trabajadores se concentran en la informalidad, mientras que en las rurales, se hallan en las jornadas agrícolas; muchos de ellos también son productos de la migración.
Incluso, alerta: “Los niños indígenas tienen el doble de posibilidades de tener que trabajar, pero también lo hacen en las peores condiciones”.
Schmelkes comenta que actualmente la sociedad acepta que si los menores no estudian, deben trabajar pues es positivo para no involucrarse en la delincuencia. “Lo cierto es que si los niños no están en la escuela, son altamente vulnerables al trabajo infantil, pero también a la explotación laboral y hasta sexual”, advierte.
Sin embargo, dice, esa postura no resuelve el problema de fondo pues al final esos niños crecen y, sin educación, no resuelven el problema de la pobreza familiar, sólo lo incrementan y lo transmiten a la siguiente generación.
Ignacio Rubí, subsecretario de Inclusión Laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, destaca que este año se completó la red Nacional de Comisiones Estatales contra el Trabajo Infantil en todas las entidades federativas, además de que se creó el distintivo “sin trabajo infantil” para otorgar a las empresas que cumplan con esta disposición.
Agrega que ya trabajan en programas que fomenten las escuelas de tiempo completo, pues dijo: “el trabajo infantil es causa y efecto de la pobreza del país, pero la educación es el remedio”.
El libro “El trabajo infantil y el derecho a la educación en México” –editorial Ariel– se elaboró con apoyo de la OIT México y la Fundación Telefónica. Ésta última ha beneficiado a 72 mil menores trabajadores en el país acercándoles oportunidades para acceder a educación de calidad.
La versión en línea del libro estará disponible en línea la próxima semana en la página www.telefonica.com.mx/fundacion.
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