AUTOR: REDACCIÓN.
La ley establece que no se garantizará la seguridad de los manifestantes si no se notifica el evento con 48 horas previas al gobierno estatal.
Abogados de las organizaciones Artículo 19 y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha actuado de forma pasiva y optó por no impugnar esta legislación ante la Suprema Corte.
En este señalamiento también fueron incluidos el Congreso de Quintana Roo y la Comisión estatal de Derechos Humanos, los cuáles no usaron sus facultades para atacar la norma impulsada por el gobernador Roberto Borge, a la cual debe el nombre con que se le conoce.
Para Leopoldo Maldonado, integrante de Artículo 19, la legislación ataca derechos fundamentales tutelados por la Constitución y tratados internacionales: “Se presentan graves deficiencias que establecen restricciones ilegítimas a los derechos humanos, en concreto a la libertad de expresión y al derecho de asociación y reunión, y establece parámetros demasiado ambiguos y discrecionales para la actuación de la autoridad”.
La ley plantea que no se garantizará la seguridad de los manifestantes si no se notifica el evento con 48 horas previas al gobierno estatal: “Establece también normas discriminatorias al señalar que se tiene que avisar, con 48 hrs previo a la manifestación, y que sino se avisa no habrá protección de la autoridad. Este mensaje es bastante ambiguo porque si bien no es un permiso sí condiciona la protección de la manifestación por parte de seguridad pública y por parte de funcionarios de Gobierno, a que haya un aviso previo. Es una norma totalmente discriminatoria porque, como sabemos, hay muchas manifestaciones espontáneas”.
Para Simón Hernández, abogado del Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CNDH, con su silencio, avala esta ley: “Es un aval tácito, sí. Porque además facilita un mecanismo de gobernabilidad autoritaria a través de legislaciones restrictivas. Ellos deberían ser un efectivo contrapeso y un bloque, digamos, para decir “esto está fuera de la Constitución” pero no lo están haciendo. Están convalidando, están dando este aval de forma tácita, hacia una gobernabilidad autoritaria”.
El pasado 20 de mayo, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, compareció ante el Senado y aseguró que analizaba presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de esta Ley y similares aprobadas en Puebla y Chiapas.
“Leyes que limitan, amagan libertad de expresión, como la de Chiapas, Puebla, y agregaría eventualmente Quintana Roo, que estamos revisando, senador, con mucho cuidado. He instruido a la Dirección General Jurídica de la Comisión, que es la encargada de elaborar las propuestas de acciones de inconstitucionalidad, para que revisemos con todo cuidado cada uno de estos Artículos. Y como lo he hecho en algunas otras ocasiones, sin mayor interés, ni de grupo ni de ninguna otra índole que no sea el interés por los derechos humanos, interponer, de ser el caso, la acción de inconstitucionalidad”, dijo el ombudsman.
Para Simón Hernández, la Comisión Nacional actúa de manera discrecional: “Entonces vemos también que a veces es muy discrecional cuando la Comisión Nacional realiza la acción de inconstitucionalidad y cuando no. Incluso hubo un pronunciamiento público de Raúl Plasencia, en el marco de la comparecencia que hizo en el Senado, de que estaban analizando estas iniciativas ya aprobadas -la de Puebla, la de Chiapas y la Quintana Roo- para en su momento interponer acciones de inconstitucionalidad. Pero sin embargo no fue así”.
Para los activistas, el tema de fondo es que durante los últimos meses se han aprobado o impulsado Leyes que criminalizan la protesta a lo largo del país.
Ahora vemos que van directamente a reformar el marco normativo para prohibir o formalizar esa prohibición a la protesta.
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