FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: Ireri Arriola Pacheco.
A decir de la organización así como de Mukira, una plataforma digital a través de la cual se recabaron 68 mil firmas para exigir la liberación de Yakiri, el mensaje que se envía a la sociedad es sumamente negativo en términos de acceso a la justicia.
En conferencia de prensa, José Luis Rubio junto a su hija Yakiri, refirieron que el caso no ha terminado y que continúa el proceso, sin embargo, al estar en otro juzgado el tratamiento ha comenzado a ser distinto y por mucho mejor que el que realizó en su momento el Juzgado 68 y quien recibió el “premio” El Garrote Público por haber sido evaluada como la resolución más sexista y retrógrada, dentro de un total de 65 decisiones nominadas de 31 países que incluyen naciones como Arabia Saudita, Croacia, Filipinas, Ruanda e Irán.
El segundo caso mexicano que recibió El Garrote de Bronce, fue para el Juez de Paz 6 Conciliación Indígena en Chiapas. Se trata de una niña tzotzil de 14 años que decidió abandonar a su marido –mucho mayor que ella- para volver con su familia. La jovencita fue detenida y mutilada. El antipremio corresponde al desconocimiento de los derechos a la libertad y la igualdad.
La gravedad de que en México se tengan dos menciones por la organización internacional radica en el mensaje de impunidad y falta de acceso a la justicia de la sociedad. Se refiere a procesos donde se violaron derechos humanos así como el debido proceso por parte del aparato de justicia, hecho que resulta mayormente agresivo hacia las mujeres.
Un caso más mencionado en la conferencia y que ahora también se encuentra en el Juzgado 68, es el de Emma Gabriela Canto, hija de la Sra. Lijia Canto Lugo, a quien se le ha venido persiguiendo penalmente por al menos ya 5 cargos distintos. A pesar de residir en Mérida Yucatán, los procesos fueron llevados, primero en Tabasco cuando Andrés Granier se encontraba como gobernador del estado que desfalcó. El caso se complica al considerarse que existen vínculos entre el ex marido de Gabriela Canto, Martín Alberto Medina Sonda y el entonces tesorero tabasqueño, José Manuel Sainz Pineda por lo que se presume que también formó parte de la estructura de corrupción de Granier.
Tras terminar aquella gestión, la justicia en esa entidad finalmente determinó que Gabriela Canto era inocente y se le concedió la custodia de sus tres hijos, sin embargo, desde que fue detenida, hace más de dos años, sus pequeños se encuentran sin saber su paradero pues se le fueron retirados, aparentemente por el padre.
Luego de eso, con un nuevo cargo generado en el Distrito Federa, fue detenida por fraude equiparado pero sólo se giró orden de aprensión contra ella. Aunque se le citó en Distrito Federal, fue detenida en Yucatán para ser ingresada al penal de Santa Martha Acatitla. Logró salir bajo fianza pero el proceso continúa, en el mismo Juzgado 68 que fue antipremiado por la peor resolución judicial por el caso de Yakiri.
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