FUENTE: REPORTE INDIGO (STAFF)
El exmunícipe panista, Gabriel Navarro, fue detenido ayer por agentes de la Procuraduría General de la República, acusado de desacatar una orden judicial.
La acusación es por desobedecer la orden de un juez para que el Ayuntamiento, del que estuvo a cargo, pagara una suma de dinero por la utilización de un predio de un particular.
El terreno fue usado como unidad deportiva.
Roberto Martínez Rodríguez, abogado del exalcalde panista, afirmó enterarse de la detención del exmunícipe de manera extraoficial, pero hasta anoche esperaba una confirmación por parte de las autoridades judiciales.
“Todavía son puras fuentes extraoficiales, ya tengo gente de mi despacho, tanto en la PGR como en juzgados de Distrito”, mencionó, “el propio juez ha recibido la información sólo de manera extraoficial”.
El abogado fue el encargado de preparar la estrategia legal para defender al exedil de Santa Catarina, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la consignación penal en su contra por un desacato judicial.
El defensor es litigante de cabecera de algunos de exalcaldes panistas que han enfrentado embrollos jurídicos, como el exedil regio Fernando Larrazabal Bretón.
Martínez Rodríguez libró al ahora diputado federal de las sanciones que la Auditoría Superior del Estado, entonces denominada Contaduría Mayor de Hacienda, pretendió imputarle por irregularidades detectadas en su gestión como alcalde de San Nicolás.
Larrazabal Bretón obtuvo finalmente una suspensión definitiva de amparo contra una revisión especial de la cuenta pública de 2003 y dejó sin efectos la resolución del entonces llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
Como parte de su currículo, el litigante también impidió que el rechazo de las cuentas del exmunícipe de San Pedro, Gerardo Garza Sada, derivara en cargos de responsabilidad administrativa y penal, luego de que el Congreso del Estado detectara anomalías, como millonarias adjudicaciones directas.
Entre sus clientes también aparece otro exalcalde albiazul de San Nicolás, Miguel Ángel García Domínguez, a quien representó cuando tuvo problemas con revisiones a su administración, y luego en 2011, como secretario de Desarrollo Humano en Monterrey, tras el escándalo por presuntas extorsiones al casino Red.
El actual alcalde panista de Santa Catarina, Víctor Pérez, también estuvo cerca de ser consignado por este caso, que data desde el trienio de Alejandro Páez Aragón, pero alcanzó a ser exonerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que el 2 de diciembre de 2013, el Máximo Tribunal del país ordenó la consignación penal del exedil blanquiazul de Santa Catarina por no haber pagado una indemnización por hacer uso ilegal de los terrenos donde el Municipio construyó canchas y un parque.
Se trata de una unidad deportiva sobre la avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Los Portales.
Navarro es acusado de que durante todo su trienio, incumplió la orden de ejecución de la indemnización.
Su sucesor y actual alcalde también estaba acusado de incumplir con la indemnización durante su primer año al frente del Municipio de Santa Catarina, pero fue exonerado.
El incidente de inejecución 573/2012, votado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue abierto por el incumplimiento del Ayuntamiento de Santa Catarina con el ciudadano Francisco Adell Blade.
Los ministros consideraron que Pérez alcanzó a liquidar los más de 40 millones de pesos que se exigían de la indemnización al particular.
Esa acción lo salvó al inclinar la balanza de la justicia a su favor, aunque por un solo voto.
Pérez se libró de la destitución y consignación penal que pesaba sobre él, al tener cinco votos favorables de los magistrados, y cinco en contra.
Pero la ministra Olga Sánchez Cordero, desempató el proyecto de resolución contra el munícipe y justificó la omisión de las autoridades porque consideró que la sentencia se había cumplido con el pago, realizado a última hora, de casi 45 millones de pesos.
Sin embargo, otros consideraron la actitud del Municipio como “reticente a cumplir”.
Incluso, el ministro Sergio Armando Valls Hernández condenó a las autoridades municipales, porque según él causaron la dilación en el procedimiento y en detrimento de la impartición de justicia.
“Se demuestra que el incumplimiento al fallo protector resulta inexcusable, y que la actitud por parte de las responsables, tanto de la administración anterior municipal, como de la actual, denota la reticencia a cumplir de forma oportuna”, declaró en su momento.
Hoy, Gabriel Navarro, exalcalde; René Garza Valdéz, exsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; Luis Édgar Nava, exsíndico segundo, y César González Garza, exsecretario de Finanzas, enfrentan la acusación por desacato.
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