AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
En el segundo dictamen del paquete energético, la Cámara Baja aprobó la ocupación para la construcción de plantas de generación de energía y para el servicio de distribución.
Con 308 votos a favor y 113 en contra, en la Cámara Baja se avaló en lo particular el proyecto que contiene la iniciativa para expedir la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y reforma la Ley de Aguas Nacionales; el cual se modificó para definir los casos en los que procederá la ocupación de la tierra —previo acuerdo con los dueños— o la constitución de servidumbres —la ordenanza del Estado de explotarla pese a la oposición del propietario—.
El presidente de la Comisión de Energía, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Bernal, propuso modificaciones a ocho artículos de la Ley de la Industria Eléctrica para precisar esa definición que en el proyecto enviado y aprobado por el Senado sólo se refería a “actividades de la industria eléctrica”.
“La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación o afectación superficial o la constitución de servidumbres necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que, por las características del proyecto, se requiera de una ubicación específica”, cita el artículo 71 con cambios.
Justo como modificaron la Ley de Hidrocarburos, los diputados avalaron que la contraprestación, es decir, los pagos por el uso, goce o afectación de los terrenos para esas actividades del sector, sean un derecho de los propietarios de la tierra.
Este segundo dictamen —de los siete que incluye el paquete energético— también deberá volver a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación por haber sido modificado.
Entre los cambios también se incluye que los pagos de las contraprestaciones puedan cubrirse en efectivo o a través de “compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad o localidad afectada”.
Asimismo, las empresas podrán sugerir a los dueños de la tierra que debido a la ocupación o servidumbre están en disponibilidad de adquirir los bienes, insumos o los servicios que se prestan en ese territorio determinado.
Según el diputado del PRI, José Luis Flores Méndez, este último cambio se realizó para no tener que actuar sin el aval de los dueños de la tierra.
“Se elimina como contraprestación el uso de la fuerza laboral, se elimina como contraprestación la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios para sustituirlo por la posibilidad de adquisición cuando sea compatible con los requerimientos del contrato o asignación (…). Reconocemos que es una normatividad que generará oportunidades a los dueños de las tierras, una normatividad que deje en claro que no se hará nada en donde el dueño de la tierra no esté de acuerdo”.
Sin embargo, para los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) —que votaron en contra del proyecto— independientemente de las condiciones para la ocupación de la tierra, ésta violenta “derechos humanos, económicos, sociales y particulares de ejidos y comunidades”.
“Se comete el disparate de despojar de sus tierras a los ejidatarios, comuneros, particulares para ponerlos a disposición de las grandes trasnacionales del extranjero. (La servidumbre) es un invento de la reforma energética. Por lo tanto es un concepto inconstitucional, aunque el mismo procurador fiscal de la Federación señala en los medios que en las leyes de la reforma energética se plantea un procedimiento transparente de igualdad entre las partes, y que no existe expropiaciones de facto”, dijo el perredista Catalino Duarte.
Un Tribunal Agrario
Antes, en la votación en lo general se aprobó que en caso de que las empresas no lleguen a un acuerdo con los propietarios de la tierra para llevar a cabo actividades de la industria eléctrica, se acudirá a un Tribunal Unitario Agrario.
Este Tribunal tomará el caso tras 180 días naturales desde que el privado informó su interés de utilizar, afectar o adquirir un terreno para promover la servidumbre legal, es decir, que la empresa pueda desempeñar las actividades que son prioridad para el Estado. Acudirá a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que se desempeñará como mediador para sugerir la forma en que el propietario de la tierra y la empresa trabajarán, buscando “que las partes alcancen una solución aceptable y voluntaria”.
Si después de 30 días de negociación a través del Tribunal Agrario y la Secretaría no hay un acuerdo, ésta última instancia podrá proponer al Ejecutivo que ordene la constitución de una servidumbre legal para que la empresa comience con las actividades del sector permitidas.
El Pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de este segundo dictamen a las 14:30 y tras catorce horas de debate lo declaró aprobado en lo general y en lo particular.
Para este día se presentaron 577 reservas que se agruparon en tres temas: modelo abierto de mercado, tarifas eléctricas y ocupación temporal de tierras; Industria Eléctrica Nacional y Aguas Nacionales.
Sin embargo, los 20 diputados que integran la bancada de Movimiento Ciudadano se negaron a exponer sus reservas en una sola intervención por tema, por lo que los legisladores subieron a tribuna para exponer una por una, sus propuestas. Todas fueron rechazadas y no se admitieron a discusión.
En cambio, algunas reservas del PRD sí se expusieron en tres bloques y se discutieron hasta con cuatro oradores a favor y cuatro en contra, aunque ningún cambio fue avalado.
Diputados de Movimiento Ciudadano criticaron que los perredistas hayan negociado con PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza un debate con un número limitado de intervenciones pero en el que ninguna propuesta de la izquierda se admitió.
“Movimiento Ciudadano nunca será una oposición que avale un debate falso, simulado, pactado. Hemos alentado el debate que no ha existido en esta Cámara. Si no me creen que es un debate pactado, ¿en dónde están las mantas, en dónde están los diputados que con dos o tres participaciones quieren decir que han dado la batalla?”, dijo la diputada Zuleyma Huidobro.
Durante el debate del lunes sobre la Ley de Hidrocarburos que duró 18 horas, los diputados del PRD protestaron mientras se realizaba la votación en lo general subiendo a tribuna con mantas y carteles de oposición a la reforma energética.
En este segundo día, no hubo protestas de los perredistas.
Los diputados continuarán el debate energético este miércoles a las 12:00 horas cuando se abordará el tercer dictamen del paquete que aprobó y envió el Senado de la República el 21 de julio y que contiene la iniciativa para crear la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y para reformar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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