FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
Hay un cúmulo de situaciones que se dejaron pasar durante mucho tiempo y es afortunado que se intente ponerse un freno, pero eso no basta, hay más cosas por hacer, indicó la investigadora.
El Estado fue cómplice de “Mamá Rosa”, durante muchísimos años le otorgó la tutela de algunos niños, a muchos de ellos se les pusieron los apellidos de ella, Verduzco Verduzco, dijo Elena Azaola, antropóloga e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), sobre el albergue “La Gran Familia”, de donde las autoridades rescataron 458 menores de edad. El lugar estaba a cargo de Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como Mamá Rosa.
En entrevista con Aristegui-CNN señaló que “lo que queda claro en el caso de Mamá Rosa es que sin supervisión, llega a pervertirse y se cometen maltratos en esos lugares”.
Hay un cúmulo de situaciones que se dejaron pasar durante mucho tiempo y es afortunado que intente ponerse un freno, pero eso no basta, hay más cosas por hacer para que esas cosas no sucedan ni ahí ni en ningún otro lado, indicó Azaola.
Aclaró que celebró “la intervención de la Procuraduría como un acto de elemental justicia, incluso debió haber ocurrido hace mucho tiempo ya que las denuncias no son nuevas, aunque hay mucha polémica alrededor y no está del todo claro”.
“En la República Mexicana hay aproximadamente 30 000 niños institucionalizados, si pensáramos que cada institución tienen 100 niños serían 300 instituciones”, explicó.
Además enfatizó que “es un tema con una relevancia y profundidad histórica enorme, no se puede dejar de ver que hay niños que vienen al mundo que no son deseados y han existido varias soluciones, como eliminarlos, abandonarlos, etc”.
Pero “no podemos generalizar, culpabilizando estrictamente a los padres, porque hay muchas circunstancias… porque trabajan, no tienen recursos, tienen enfermedades graves o porque creen que van a estar mejor en esos lugares”.
Azaola expresó que “muchas de las veces los niños son nuevamente victimizados, y sufren maltratos, por ello la actuación de la Procuraduría es correcta, que investiguen y que comprueben”.
La investigadora realizó un estudio en 55 albergues en cinco diferentes estados, albergues como el de “Mamá Rosa”, con el objetivo de ver cuáles estaban en condiciones de recibir y atender a víctimas de trata.
Se encontró que “de esos 55, encontramos que cuatro o cinco eran susceptibles, tenían las condiciones; entre otras cosas porque la mayoría no cuenta con personal capacitado ni para el problema de trata ni para muchos otros, de hecho notamos que ahí había víctimas de trata pero no reciben atención especial, ni estas instituciones presentan denuncias aunque tengan conocimiento de hechos muy graves que han ocurrido, que estas personas son víctimas”
Es cierto que “si pones la disyuntiva de niños que estarían en la calle o en albergues donde no cuentan con un buen trato, el panorama es pavoroso. Ninguno de los dos escenarios es bueno, los dos son pésimos, lo que tenemos es el debilitamiento de instituciones como el DIF, que durante mucho e jugó un papel, se le han quitado presupuestos, herramientas. Debería cumplir con una función básica, sustantiva”, opinó.
Con el caso de Mamá Rosa que sale a la luz, “es una buena oportunidad para reconstruir esas instituciones del Estado y ver los efectos que sociales tan graves que tiene el hecho de no estar atento y de dejar a su suerte a esos niños, en la calle o en manos de esas instituciones sin supervisión”, dijo Azaola.
Agregó que “simplemente las capturan, la hacen de su población, en muchos casos les impiden salir, les impiden o les complican el contacto con los padres bajo la cuestión de que no es bueno mantener el contacto de los niños con los padres”.
Contó que “son temas muy delicados y el Estado ha sido cómplice y ha sido omiso en muchos de estos casos”.
Acusó que “tendríamos que ser capaces de desarrollar otras políticas para poder atender a la familia en su conjunto, para que esas familias no hubiesen maltratado, no hubiesen abusado de los niños. Es verdad que aparentemente tiene cierta lógica decir: vamos a apartar a estos niños de estos padres que les hacen daño. Pero no se fijan en cual va hacer el futuro de esos niños que van a permanecer soñando, llorando, sufriendo por esos padres”.
“No es que quisieran ir con otra familia, o una familia mejor, no es eso lo que los niños sueñan, ellos quieren a sus propios padres, tendríamos que ser capaces de desarrollar mejores políticas, más integrales, para resolver el problema en conjunto y no coartar la vida de los menores, esa no es la solución”, aseveró Azaola.
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