FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas serán los estados más afectados con la nueva normativa energética. Aunque se obtengan los recursos privados que espera el gobierno federal, sobrevendrá una avalancha de problemas sociales, agrarios, ganaderos, patrimoniales y ambientales para los cuales no hay un plan de contención. Sólo por la figura de “ocupación temporal” de terrenos se pronostican conflictos en 81 municipios de la zona.
Así, es también la región del país donde se prevén más conflictos agrarios y ganaderos: 81 municipios de dichas entidades federativas serán afectados por la expropiación y la figura de “ocupación temporal”, incorporada en las nuevas leyes energéticas.
Son los mismos estados donde organizaciones especializadas en derecho ambiental y activistas pronostican un mayor impacto debido al fracking –fractura hidráulica de las rocas para extraer el gas de lutitas o gas shale– y un mayor riesgo para las áreas naturales protegidas que no cuentan con un “programa de manejo”. Son los casos de Janos, Cascada de Basaseachic y Cumbres de Majalca, en Chihuahua, o las zonas de Cuatrociénegas y Ocampo, en Coahuila.
Esto se desprende de tres documentos diferentes, cuyas copias obtuvo Proceso. En ellos se detallan los negocios de exploración y extracción de hidrocarburos, gas shale, centros pretroquímicos, gasoductos y poliductos que se cederán a los inversionistas privados, merced a la entrada en vigor de las nuevas leyes secundarias en materia energética, discutidas y aprobadas en el Senado y la Cámara de Diputados.
Según el estudio Potencial de inversiones de la reforma energética en las distintas regiones de México, el negocio más importante se prevé en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde se esperan inversiones por poco más de un billón de pesos, dedicadas a exploración y extracción de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1968, ya en circulación)
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