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FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Para tratar de contener la violencia que se vive en México, el país gastó en 2013 casi 173 mil millones de dólares. De acuerdo al Instituto para la Economía y la Paz, esto representa poco más del 15 por ciento del Producto Interno Bruto.

Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto”.

La frase se le atribuye Benjamin Franklin, pero cuando la dijo, seguramente no estaba pensando en una cifra tan específica como los 172 mil 785 millones de dólares que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) precisa en su estudio Global Peace Index.

“Con un costo estimado de casi 173 mil millones de dólares, el gasto de contención de la violencia en México es el sexto más alto del mundo”, dijo Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP.

La organización presentó un informe en el que señala que en el 2013, los mexicanos pagaron el equivalente al 3.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por concepto de repercusiones derivadas de la violencia que se vive en el territorio.


Además, los costos indirectos ascienden a 12 por ciento, para un total del 15.8 por ciento del PIB.

El IEP es una organización internacional independiente y no partidista, dedicada a la divulgación de los factores clave y métodos de medida de la paz, desde una perspectiva socioeconómica y macroeconómica.

En su estudio, México se ubicó en el número 138 de 162 países a los cuales midió su índice de paz. El país descendió tres lugares respecto a años anteriores.

Islandia, por el contrario, ocupó primer lugar como la región más tranquila y Siria, está en el último puesto, como el lugar más violento.

El IEP explica que si no fuera por el fenómeno de la violencia en México, la economía tendría un potencial de crecimiento de hasta el 27.7 por ciento. 

Actualmente, analistas del sector privado aseguran que en el país persiste un riesgo que podría afectar el crecimiento de la economía, incluso podría implicar que no se cumpla con la expectativa de crecimiento pronosticado para el 2014, el cual está en el rango de 2.3 a 2.8 por ciento.

Apenas el fin de semana pasado, el director del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que la entidad podría modificar nuevamente el rango estimado de crecimiento de la economía este año.

“La desaceleración que percibimos en el primer trimestre fue más profunda de lo que anticipábamos. Eso posiblemente nos hará modificar hacia adelante el rango de crecimiento para este año”, dijo Carstens en rueda de prensa. 

El IEP señala que si todos los estados de la república fueran tan pacíficos como Campeche –considerado el más pacífico del país- México alcanzaría un beneficio económico de hasta 2.26 billones de pesos.

“Se encontró que estos estados son relativamente pacíficos en comparación con otras áreas de América Latina y América del Norte. 

Campeche, por ejemplo, tiene un nivel de paz comparable con los estados de Nuevo México y Delaware en los Estados Unidos”, describe el documento.

Entre los estados que experimentaron incrementos importantes en sus niveles de paz durante la última década están Oaxaca, Chiapas y Yucatán, de acuerdo al informe.

Por el contrario, las regiones más violentas de México son Morelos, con la posición 32 de 32; Guerrero, que ocupa el lugar 31 de 32; Sinaloa, con el 30 de 32, y Chihuahua en el sitio 29 de 32. 

A nivel regional, la investigación encuentra que la región del este de México es la más pacífica, mientras que la región norte es la más violenta.

Pese a los  números, Killelea, consideró que el país tiene potencial para aumentar la paz.

“En comparación con otros países con un nivel similar de conflictos y el desarrollo, México tiene el mayor potencial para aumentar su paz debido a la fortaleza de las estructuras, las actitudes y las instituciones que sustentan la paz en el largo plazo”, señaló.

No todo es culpa del narco

Tras su declaración de guerra contra el narcotráfico, la administración de Felipe Calderón dejó tras de sí, más de 100 mil muertos.

La sociedad se acostumbró a vivir en un entorno de violencia, en donde el reporte de alguna persona desaparecida o asesinada tenía como respuesta -del gobierno y los medios de comunicación- la criminalización de la víctima.

“Seguro andaba en malos pasos”, se convirtió en una excusa fácil y común.

Terminó el sexenio panista y las cosas tomaron un giro distinto. Al menos, en las formas.

El gobierno de Enrique Peña Nieto propuso reformular la estrategia a partir del paradigma de seguridad democrática y ciudadana.

Prometió atender los orígenes de la violencia y ofrecer alternativas a la vida criminal.

De acuerdo al registro del semanario Zeta, en los primeros 11 meses de su administración se reportaron casi 20 mil ejecuciones.

A principios de junio de este año, un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) reveló que la estrategia federal para lograr un “México en Paz” era inadecuada para abordar la crisis de seguridad que vive el país. 

A través del reporte titulado “México en Paz: Un objetivo incompleto”, los investigadores Alejandro Hope y Ángela Guerrero expusieron que los resultados en materia de seguridad de la administración de Peña Nieto han sido modestos, lo que resulta en un control parcial de la grave situación.

En su reporte presentado la semana pasada, el Instituto para la Economía y Paz (IEP) coincide en que el aumento de los niveles de violencia en México ha sido una con secuencia de la guerra contra el narcotráfico.

Pero detalla que hay otros factores clave que deben ser considerados.

“El número de armas de fuego introducidas ilegalmente a México se incrementó sustancialmente durante la última década, casi tres veces mayor en el período 2010-2012, que entre 1997 y 1999”, precisa.


Como consecuencia de esto, el indicador que mide el número de delitos relacionados con el uso de armas, registró un aumento significativo de 117 por ciento por cada 100 mil habitantes durante la última década.

Aunado a eso, el Índice de Paz Global 2014 destaca que los altos niveles de corrupción y la ineficacia policiaca y judicial es el obstáculo a vencer en los próximos años para la construcción de la paz en México.

Y en es que en algunos de los estados, casi 95 por ciento de los homicidios quedan impunes. 

“Uno de los mayores desafíos para México es la corrupción que se refleja en el hecho de que nueve de cada 10 personas perciben a la policía y a otros funcionarios de gobierno como corruptos”, indica.

Esta idea se refuerza con el reporte de el relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, quien el más pasado señaló que los asesinatos y la impunidad de la guerra contra el narcotráfico, emprendida el sexenio pasado, continúan en la actual administración.

“El relator especial está preocupado de que México continúe experimentando niveles alarmantes de violencia. Incidentes extremadamente violentos, en particular con violaciones al derecho a la vida, siguen ocurriendo a un nivel intolerable”, destacó en sus observaciones que ya fueron presentadas en Ginebra.

Aun así, el Índice de Paz Global informa que en los últimos dos años, México ha tenido mejoras en la disminución del crimen organizado de hasta un 30 por ciento.

El reto: la lucha contra la corrupción

En una encuesta presentada a principios de junio de este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 88.3 por ciento de los mexicanos considera que la corrupción es una práctica prevalente por parte de los servidores públicos en sus contactos con la ciudadanía.

En su informe, el Índice de Paz Global 2014 indicó que la corrupción en México tiende a ser mucho peor en los niveles estatal y local, y con frecuencia compromete los esfuerzos de lucha contra la delincuencia por parte de estas jurisdicciones en la ausencia de una fuerte participación federal.

“La falta de confianza en la policía, así como en las instituciones judiciales, ha elevado la percepción de los ciudadanos de inseguridad y, en algunos casos, ha llevado a la creación de milicias de autodefensa”, señala el documento.

Destaca incluso a Michoacán, donde civiles armados tomaron ciudades en poder de los cárteles de la droga, en busca de acabar con la inseguridad.

El documento, publicado la semana pasada, expone que en las últimas décadas México gozó en general de paz interna y externa, sin embargo, una escalada en la violencia relacionada con el mercado de las drogas desde el 2007 derivó en conflictos al interior del país y, pese a los avances que ha presentado las autoridades, no hay signos de abatimiento a esta condición.

“Aunque México califica bien en términos de indicadores (...) sus niveles internos de paz son extremadamente bajos, que se caracterizan por la escala de su respuesta militar al conflicto de drogas, único entre los estados latinoamericanos”, observa el Instituto con sede en Sidney, Australia.

¿Para qué me alcanza?

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, en el 2013, el costo directo de la violencia para la economía mexicana fue de 3.8 por ciento del PIB.

Equivale a:

> 75 veces el presupuesto destinado a la UNAM
> 3 veces el presupuesto destinado para el ISSSTE
> 15 veces los recursos destinados la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
> 10 veces el gasto programado para Sedena y Semar
> 2 veces la Deuda Pública descrita en el Presupuesto de Egresos

Se podría comprar:

> 3 veces Time Warner Cable
> 1.4 millones de BMW’s

> Para México, los indicadores del IPG, establecen una calificación de cuatro puntos de una calificación de cinco en la criminalidad percibida en la sociedad.

> Los homicidios tuvieron una calificación de cinco puntos y la población encarcelada de dos.

> En el acceso a las armas pequeñas y largas se calificó con cuatro puntos, las manifestaciones violentas con tres y los crímenes violentos con cinco.

> En el Índice de Paz Global, para México la inestabilidad política se calificó con dos puntos, el terror político con cuatro y la actividad terrorista con 2.5 puntos.


En el capítulo de otros factores del índice de Paz Global para México, de 10 puntos, los procesos electorales obtuvieron una calificación de 8.8, el funcionamiento del gobierno de 6.8, la participación política de 6.7, y las libertades civiles 7.4.

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