AUTOR: REDACCIÓN.
Y es que, la decisión de los diputados para modificar el régimen de pensiones y fondos de los trabajadores, afectarán en lo inmediato a 88 mil jubilados y a corto plazo a más de 244 mil trabajadores, pues constituye, directamente, un desmantelamiento de los contratos colectivos de trabajo, así como una presión para modificar sus regímenes de contratación.
Heberto Barrios, del Comité Nacional del Estudios de Energía, desmintió que el pasivo laboral supere un billón de pesos.
En diciembre de 2013, dijo, Pemex tuvo ingresos por un billón 874 mil 229.5 millones, de los cuales el costo de las pensiones y jubilaciones fue de 33 mil 263.9 millones, es decir, 1.77 por ciento del ingreso total, por lo que podría tratarse de un linchamiento mediático para manchar a los sindicatos, haciéndolos pasar como los grandes consumidores de la CFE Y Pemex.
Desde el miércoles pasado, cuando se dio a conocer la nueva iniciativa que complementará a las leyes secundarias en materia energética, en especial, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sostuvo que existían presiones por parte del gobierno federal para transferir a deuda pública, los pasivos de las otroras empresas paraestatales del Estado mexicano, los cuales ascienden a un billón de pesos.
Algo que fue calificado por diputados de oposición, como un nuevo “Fobaproa energético”, pues privatiza las ganancias y socializa las deudas del sector petrolero y eléctrico.
Sin embargo, Alejandro Corona, de la Untypp, sostuvo que “no será el pueblo mexicano el que pagará los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, sino los empleados de dichas industrias. Con ello, se busca desacreditar a los trabajadores de Pemex y hacerlo contra la ‘paraestatal’ (aunque este régimen ya no existe), y ello ayuda a fortalecer el proyecto privatizador del gobierno de Peña Nieto”, manifestó.
Por su parte, Silvia Ramos Luna, de la Untypp, expuso que los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria atentan contra la seguridad en el trabajo, pues implican el deterioro de las 258 cláusulas del contrato colectivo laboral y ponen en riesgo el futuro de las siguientes generaciones. Además, la reforma energética trae consigo la extinción de Pemex, que ha sido el sostén de las finanzas del país.
Cabe recordar que, el socavo denunciado, por ejemplo, contempla la reducción del gasto público de los estados por 23.6 mil millones de pesos, además de que exenta a las empresas privadas del sector para pagar utilidades a los trabajadores, bajo el régimen de permitir “contraprestaciones” en los contratos de producción compartida con empresas privadas y el pago de abonos en “especie”.
También, el viernes pasado, el gobierno federal condicionó asumir los pasivos laborales, sólo razón de que ambas “empresas del estado” negocien el cambio de sus contratos colectivos de trabajo para que los trabajadores emigren del sistema de pensiones solidario al de cuentas individuales.
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