FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó recursos, ni los más cuestionables, con el único afán de sacar adelante la propuesta de ley de telecomunicaciones tal como la quería Televisa. Hubo de todo para doblegar a la oposición: “Guerra sucia” de filtraciones y espionaje telefónico, presión constante de directivos de la empresa de Azcárraga Jean a legisladores panistas y perredistas, negociaciones maratónicas de éstos con el consejero jurídico de la Presidencia… Aprobada ya en el Senado, es previsible que la “segunda Ley Televisa” reciba el aval de la Cámara de Diputados esta semana. El poder real impuso otra vez su ley.
Para vencer las resistencias iniciales el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador panista Javier Lozano, quien elaboró un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril se desechó “el documento” de Lozano.
Durante junio el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna derivada del recambio de su dirigencia nacional– convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.
Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.
Por el contrario, surgieron nuevas prebendas para el consorcio de Emilio Azcárraga, como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exija cobros por concepto de regalías.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1965, ya en circulación)
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