FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL)
Bajo el manto sacralizado de las leyes secundarias en materia energética va a solaparse el mayor saqueo a la nación del que se tenga conocimiento en la historia mexicana. Pero ni siquiera ha sido necesario un nuevo marco constitucional como el reciente para que eso ocurra. Ese usufructo ya se ejercita desde hace varios lustros. Otro ejemplo: cuando el viernes 18 aún se discutía la Ley de Hidrocarburos en el Senado, entraban en vigor los Acuerdos Transfronterizos sobre la materia firmados entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el cual este último entregó un cheque en blanco a su contraparte en materia de exploración y explotación.
MÉXICO, D.F: El viernes 18 de julio el pleno del Senado de la República aún discutía la nueva Ley de Hidrocarburos que legaliza la apertura de contratos a compañías privadas petroleras, incluyendo a las poderosas trasnacionales norteamericanas, pero los Acuerdos Transfronterizos sobre Hidrocarburos (ATH) firmados entre Estados Unidos y México ya entraban en vigor ese día, restringiendo la participación de Pemex a sólo 20% de estos yacimientos donde se calcula que existen 172 mil millones de barriles de crudo y 304 mil millones de pies cúbicos de gas natural.
La primera irregularidad estaba a la vista de los senadores que conocieron de este acuerdo avalado apenas el 19 de diciembre de 2013 por el Senado estadunidense mientras en México se discutíala reforma constitucional en materia energética: originalmente se le prometió a Pemex una participación “mínima” de 50% y ahora se reducía a 20% en estos yacimientos.
En tribuna, el mismo 18 de julio, la senadora del PRD Dolores Padierna recordó que estos acuerdos son anticonstitucionales. “Dicho de otra manera, la privatización energética en exploración y explotación de hidrocarburos se aprobó antes de aprobar el cambio constitucional”, sentenció.
“Durante 10 años estuvieron empresas norteamericanas, competidoras de Pemex, en una zona estratégica y estuvieron ensayando, logrando avanzar tecnológicamente. No sabemos por qué no se actuó en Pemex. El hecho contundente es que este acuerdo transfronterizo dejó sin protección el interés nacional, ya que las empresas norteamericanas ya estaban trabajando ahí en nuestra frontera marítima y no quedaron obligadas a una eventual distribución o reglas de ambos países para que nuestros hidrocarburos no se los llevaran al vecino país”, argumentó la legisladora.
Padierna advirtió el punto fundamental de los ATH entre México y Estados Unidos que explicaba la celeridad para aprobar en el Congreso mexicano las leyes secundarias: en el artículo 1 de este acuerdo se establece que “estas cláusulas no aplican sin la voluntad de las empresas que están trabajando en el área limítrofe con México”.
En otras palabras, no se podrán modificar las licencias y el acuerdo no aplica a la jurisdicción de aguas territoriales con Texas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1969, ya en circulación)
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