AUTOR: MAJO SISCAR.
Los centros que apoyan a los migrantes que cruzan México sufren violencia del crimen organizado y de las autoridades por su defensa y apoyo de las personas en tránsito. Para los defensores la razón principal es que al proteger a los migrantes se hace mella contra el crimen organizado.
Sobre la situación en el estado de Coahuila, la red de organismos civiles resalta que desde el año 2009 la Casa del Migrante de Saltillo ha sido objeto de amenazas constantes y hostigamiento. De igual forma, el Padre Pedro Pantoja, su antiguo director, fue víctima de agresiones que oscilaron desde llamadas amenazantes, intervenciones telefónicas, hasta el allanamiento de sus oficinas en el Obispado.
A La Casa del Migrante le atacaron sus instalaciones eléctricas, ha sido apedreada, allanada, les han robado documentos de procesos de defensa penal, e incluso en 2012 un periódico local publicó una nota asegurando que allí se refugiaban criminales. Hasta un diputado, Carlos Ulises Orta, presentó un punto de acuerdo para regular el funcionamiento de la Casa del Migrante, “criminalizando con esto el trabajo humanitario y de derechos humanos que se realiza”, según especifican desde la Red TDT.
A principios del año pasado, se recibió en la Casa del Migrante una carta con amenazas, solicitándose inmediatamente la presencia de autoridades. Sin embargo, las rondas de vigilancia acordadas con el gobierno estatal tardaron en llegar. Su director actual, Alberto Xicontencatl califica de “teatro” la política de proteger a los defensores.
“Desde 2009 empeoró la situación para los migrantes y para los albergues y centros de defensa, y aún no ha mejorado. Si no hemos recibido nuevas agresiones en los últimos meses es porque nosotros hemos ido mejorando las estrategias, los defensores en el noreste de este país sabemos que acudir a las autoridades no sirve, porque no hay estado”, explica.
Para él los defensores se volvieron también blanco de las agresiones del crimen organizado porque es “la asistencia humanitaria la que está haciendo mella en los cárteles que controlan las extorsiones a migrantes y la trata de personas. Antes la liberación de un migrante eran 300 dólares ahora son tres mil, alimentar a una persona migrante o hacer denuncias es darle protección y esto es arrebatarle a la delincuencia organizada gente que significa entradas económicas”, asevera Xicotencatl en una conferencia de prensa de las agresiones a defensores organizada por la Red TDT.
En el caso del Centro que dirige Xicotencatl, la CNDH canceló las medidas cautelares recientemente al no repetirse amenazas graves en su contra en los últimos meses.
16 albergues cuentan con medidas cautelares por amenazas de muerte
En este contexto de agresiones a defensores de derechos humanos, cabe recordar que México cuenta en la actualidad con 61 albergues y casas del migrante en todo el país, la mayoría como parte de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, de los cuales 16 cuentan en la actualidad con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por amenazas de muerte, agresiones y/o allanamientos por parte del crimen organizado o incluso de las propias autoridades.
Ante la falta de eficacia de éstas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipuló cinco más, como recoge en su Informe sobre Derechos Humanos de los Migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México presentado esta semana. En él se recogen las vulneraciones a los derechos de los indocumentados en el país que van desde lesiones hasta asesinatos pasando por detenciones arbitrarias o secuestro, así como las que sufren las personas y organizaciones de la sociedad civil que los apoyan. “Es una crisis humanitaria de gravedad tal que es un problema de estado”, señaló el Relator Especial de la CIDH para la migración, Felipe González.
La violencia contra los migrantes también salpica a sus defensores que sufren amenazas, hostigamientos, agresiones físicas, allanamientos para amedrentarles o secuestrar migrantes, y hasta asesinatos. En 2007 torturaron y asesinaron a Santiago Rafael Cruz, quién investigaba hechos de corrupción por parte de reclutadores de trabajos agrícolas y en 2008 a Raúl Ángel Mandujano, director de Atención de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur. La falta de medidas de protección, subraya la CIDH, ha llevado al exilio a defensores de migrantes y ha comportado el cierre de al menos cuatro centros entre 2009 y 2012, en Chiapas, Estado de México y Tamaulipas.
Aunque la mayoría de las agresiones vienen de parte del crimen organizado, la CIDH documentó casos donde fueron funcionarios públicos los responsables de las amenazas.
De pedófilo, de lucrar con los migrantes o de proteger a criminales, fueron solo algunos de los insultos que le profesaron 30 policías adscritos a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) al padre Luis Kendzierski, al intentar ingresar sin orden judicial a La Casa del Migrante en Tijuana. Y amenazaron al sacerdote y la abogada. Como éste se reportan varios casos.
Aniversario de la masacre de San Fernando
Por otra parte, para conmemorar la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, –cuyo cuarto aniversario es este sábado 23–, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un acto homenaje que reunió a diversos especialistas como el padre Alejandro Solalinde, la académica Leticia Calderón o el responsable sobre migración para el Tribunal Permanente de los Pueblos, Camilo Pérez Bustillo.
Este tribunal internacional y popular publicó sus conclusiones sobre el caso entre las que destaca el señalamiento a México, Estados Unidos y los países de origen de los migrantes asesinados por “la responsabilidad que en esos hechos tienen” al considerarlos “corresponsables de una política de persecución y exterminio”, por fallar en sus obligaciones de prevenir violaciones generalizadas a los derechos de migrantes en tránsito. Igualmente anunciaron que llevaran el caso ante tribunales internacionales por crímenes de estado y de lesa humanidad.
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