AUTOR: SERGIO CABALLERO.
De acuerdo con el abogado de los ejidatarios, Gabino Andrade, el proceso de embargo –decretado el martes 12 por el Tribunal Agrario– se debe a que por más de tres décadas Telmex no pagó un solo peso a los ejidatarios.
“El embargo es por la colocación indebida de una torre en el ejido desde hace más de 30 años y que ellos consideraban que ya había prescrito, pero los abogados de Telmex ignoraron que los bienes ejidales son inembargables e imprescriptibles, por lo que sus argumentos no son posibles”, puntualizó.
Ningún trabajador de Telmex, dijo, puede ingresar ya al terreno y los ejidatarios pueden hacer lo que quieran con la antena que se localiza en el kilómetro 10 del tramo Bacalar-Mahahual y es la que dota a miles de usuarios en el sur de Quintana Roo del servicio de internet y de telefonía celular y convencional.
Andrade Romero precisó que la única forma de evitar el embargo de la antena es que se negocie con los ejidatarios, pero hasta ahora, apuntó, aún no hay un acuerdo con los representantes legales de la empresa propiedad de Carlos Slim.
“Si ellos no quieren que la antena sea retirada, entonces tendrán que hacer una negociación con los ejidatarios e iniciar con el proceso para desenergenizarla y después retirarla”, sostuvo.
Advirtió, asimismo, que en breve iniciarán el desmantelamiento de la antena, aunque apuntó que el proceso “no es tan rápido” porque se requiere de maquinaria y equipo.
El conflicto inició en 2006, cuando el consorcio decidió embargar el ejido Aarón Merino Fernández, sin tomar en cuenta a los ejidatarios.
Según el apoderado legal, en ese año Telmex denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Juan Manuel Herrera, actual diputado local priista, por el delito de ataques a las vías generales de comunicación.
Y es que el consorcio construyó un cerco de alambre de púas alrededor de una antena de transmisión en terrenos del ejido Aarón Merino Fernández, en el tramo Bacalar-Cafetal, que eran propiedad de Juan Manuel Herrera, quien determinó cortar el alambre y construyó una puerta para acceder a su parcela.
En respuesta, Telmex presentó una demanda penal contra el ejidatario y pidió al Ministerio Público 30 años de cárcel para el presunto infractor.
No obstante, Herrera logró acreditar que la antena estaba en terrenos del ejido y que tenía la posesión legal del predio.
Además, las autoridades ejidales recurrieron al Tribunal Agrario para que la antena fuera retirada y se pagara una indemnización por el uso del terreno durante 32 años.
Luego de que el TA únicamente concedió que Telmex retirara su antena, el ejido solicitó un amparo y finalmente se ordenó al Tribunal Agrario una nueva resolución para que Teléfonos de México cubra “el pago de rentas y frutos civiles” por 53 millones de pesos.
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