AUTOR: JESÚS CANTÚ.
Desde ese momento se dispararon los gastos en comunicación social y se difundieron los mensajes más disparatados, bajo la convicción de que eso basta para ganar la aceptación y aprobación ciudadana.
Y aunque la tendencia del gasto público en la materia se mantiene a la alza, son evidentes las variaciones cíclicas en función de los procesos electorales o la acción de los Ejecutivos.
Así, el tercer y sexto años de un gobierno normalmente muestran crecimientos desproporcionados, de la misma manera que son perceptibles los incrementos en función del lanzamiento de programas insignia o la promoción de las llamadas reformas estructurales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto confirma esta tendencia y las pantallas televisivas se saturaron con la difusión de los supuestos beneficios que producirán sus reformas legislativas. Algunas de éstas se promovieron en los medios incluso antes de que se elaboraran y presentaran formalmente en el Congreso de la Unión.
El caso más emblemático de lo anterior es la tan cacareada y promocionada reforma energética que, de acuerdo con la propaganda gubernamental, permitirá reducir el precio de los combustibles y la energía a los consumidores finales, y la inversión que atraerá permitirá detonar el crecimiento económico del país. Conforme a dicha publicidad la reforma energética será a los mexicanos y a la economía mexicana lo que los “productos milagro” son a la salud de sus consumidores: curará todos los males y potenciará todas las virtudes.
La mala noticia para el gobierno mexicano es que la ciudadanía ya no le cree nada, o al menos eso es lo que indican las encuestas de opinión pública y las mediciones de la confianza de los consumidores. Precisamente cuando el Congreso de la Unión aprueba el paquete de legislación secundaria que da viabilidad a la reforma en materia energética, la aprobación de la gestión presidencial vive uno de sus peores momentos en la vida nacional, comparable únicamente con la que tenía Ernesto Zedillo en el segundo año de su mandato, en plena crisis económica tras el “error de diciembre” de 1994.
En mayo del presente año, según la encuesta de Consulta Mitofsky, 50% de la población desaprobaba la actuación de Peña Nieto y 49% la aprobaba; de acuerdo con una encuesta del Grupo Reforma publicada el pasado viernes 1, las cifras son respectivamente 46% y 50%. Las diferencias entre los resultados de estas encuestas no son significativas, por lo que se puede afirmar categóricamente que la mitad de la población aprueba y la otra mitad desaprueba.
Sin embargo, quizá lo más significativo (por lo abundante y reiterativo de la propaganda oficial) es que, según la encuesta del citado grupo periodístico, los mexicanos que califican a la reforma energética como mala y muy mala (40%) son más que los que la califican como buena y muy buena (34%); pero he aquí lo peor todavía: el 61% considera que los precios de los combustibles aumentarán como consecuencia de la reforma energética, contra un escaso 22% que piensa que disminuirán.
Para dejar claro que la ciudadanía no percibe los impactos positivos de la reforma energética en la economía nacional, el mismo día que concluyó el periodo extraordinario del Congreso de la Unión en el que se aprobó la legislación secundaria señalada se dio a conocer el Índice de Confianza del Consumidor, que generan conjuntamente el Banco de México y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el cual revela que está en uno de los puntos más bajos del sexenio.
El comunicado de Banxico refiere que el índice se ubica en 90.5 puntos, 7.6% menor al mismo mes del año pasado y 8.5% debajo de diciembre de 2012, cuando inició el actual gobierno. Igualmente ilustrativo es que el componente del índice que más disminuyó fue el relativo a la percepción acerca de cómo será la situación económica del país dentro de un año, es decir, la expectativa ciudadana ante la economía nacional, que disminuyó 4.08% para ubicarse en 90.1 puntos, es decir, 16.7% debajo de los 108.2 puntos que alcanzó en diciembre de 2012, cuando alcanzó su punto más alto en los últimos tres años; este componente se ubica en los niveles de 2009, precisamente cuando el país sufrió su más reciente crisis económica.
Este índice y, particularmente, el componente que define la expectativa de la población respecto a la evolución de la economía nacional, muestran el optimismo que generó el cambio de gobierno; pero apenas 20 meses después, incluso antes de cumplir el primer tercio del mandato, la tendencia se revirtió: la población en general está escéptica y descree de la propaganda oficial.
Así que los más de 6 mil millones de pesos gastados o comprometidos en 2013 (Proceso 1963) –más lo que se ha gastado en 2014, que seguramente es más– no pudieron crear en la ciudadanía la percepción de que la reforma energética sí impulsará el crecimiento económico nacional y generará beneficios tangibles y directos a través de la disminución del precio de los combustibles.
La ciudadanía, contrariamente a lo que la propaganda oficial dice, percibe que la economía mexicana va mal y que los precios de los energéticos crecerán más, lo cual lamentablemente se confirma con la realidad, pues el crecimiento anual del Producto Interno Bruto es inferior al poblacional; no se logran generar los empleos suficientes para atender la creciente demanda de ocupación; los recibos de luz son cada día más altos, y el primer sábado de cada mes se anuncia un nuevo gasolinazo, que el pasado sábado 2 colocó el precio de la gasolina Magna 11% por arriba de la Regular (su equivalente en Estados Unidos).
De acuerdo con los referidos estudios demoscópicos, hoy es una realidad que la ciudadanía mexicana ya no cree en la propaganda oficial, ya no se deja engañar por los promocionales gubernamentales; pero esto todavía es insuficiente para provocar la indignación y desatar protestas y movilizaciones, como correspondería a una desaprobación tan generalizada.
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