AUTOR: MAJO SISCAR.
Las agresiones a reporteras ligadas a su trabajo suman 185 desde 2002. Trece mujeres periodistas han sido asesinadas desde 2002. Además de persistir en la impunidad, las comunicadoras agredidas tienen que soportar el sexismo de las autoridades y de sus propios medios, señala Comunicación e Información de la Mujer.
Pero si nos remontamos a los datos de 2002, cuando CIMAC empezó a recopilar información, las denuncias de violencia por parte de mujeres relacionadas con la labor informativa han crecido un 23%. En 13 casos la agresión ha llegado hasta el asesinato. Si las sumamos a los hombres, desde el año 2000 hay 79 periodistas asesinados.
Como con sus compañeros varones, la mayoría de las agresiones quedan en la impunidad, pero además, deben enfrentar los prejuicios sexistas de las autoridades cuando acuden a ellas y de los propios medios que reportan sus agresiones, según señala Lucía Lagunes, coordinadora de CIMAC. “Las investigaciones judiciales sobre delitos contra mujeres periodistas se caracterizan por ser deficientes, realizarse con sesgos sexistas y violar el debido proceso; como consecuencia, las agresiones o actos de violencia no se esclarecen y los culpables no son castigados”, estipula el informe.
De los 86 casos de agresiones documentadas entre 2012 y 2013, el 64% de los agresores eran funcionarios públicos. El 56% de las periodistas violentadas eran reporteras y un 15.1% fotógrafas. Seis de cada 10 colaboraban en prensa escrita frente a un 1% que colaboraba en televisión. Mientras en el caso de los hombres la mitad de los agredidos cubrían nota roja y de seguridad; en el caso de la mujeres, la mitad de ellas tenían como fuente asignada la política y el 23% llevaba entre manos investigaciones sobre corrupción.
Todas las agresiones presentaron violencia psicológica y en la mitad de los casos también física. En tres casos reportaron violencia sexual. Pero además, según el informe, “las comunicadoras son víctimas de violencia institucional de género que muchas veces inicia con discriminación, continúa cuando las autoridades no consideran su labor periodística como factor de la agresión, y persiste al negarles protección y justicia”.
Los estados más peligrosos para ejercer el periodismo son, al igual que para los hombres, Distrito Federal y Veracruz. Fue justo en esa entidad donde en 2012 asesinaron a la reportera Regina Martínez, de la revista Proceso, quien ya había sufrido varias amenazas antes de ser asesinada. Otra periodista agredida, Lydia Cacho, invitada a la presentación del informe, recordó que cuando conoció a Martínez en un evento en Veracruz, ésta le dijo que cuando platicaba con sus colegas sobre las amenazas de muerte que tenía “le dijeron que parecía Lydia Cacho. La mayoría de sus colegas y la misma revista para la que trabajaba subestimaron las amenazas que Regina reportaba”, sentencia Lydia.
Lydia Cacho fue demandada por el empresario textilero Kamel Nacif por difamación y calumnia al revelar la existencia de una red de pederastia y pornografía infantil en la que presuntamente participaba Nacif. El entonces gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, también se vio involucrado y la integración de la acusación sufrió muchas irregularidades hasta la detención irregular, secuestro y violación de la periodista. Desde entonces ha sufrido múltiples agresiones.
Regina Martínez, en cambio, después de muchas amenazas, apareció muerta en su domicilio el 28 de abril de 2012. La golpearon y la estrangularon. Ya había sufrido varias amenazas e incluso el allanamiento de su casa. Cubría sobretodo seguridad y política y un día antes de ser asesinada había mandado el que fue su último trabajo de investigación.
Aunque en el caso de Martínez sí hay un presunto responsable sentenciado, CIMAC arguye que ni la Procuraduría de Justicia de Veracruz ni la Fiscalía Especial para delitos comentidos contra periodistas –dependiente de la PGR– investigó en base a sus trabajos periodísticos.
De las 340 noticias consultadas por CIMAC que cubrieron ambos casos, en el 50% la única fuente consultada es la autoridad. “En la mayoría de los casos los propios medios cuestionan lo mismo que cuestionan la autoridad, la voz de las víctimas no está. Tampoco se sigue el trabajo periodístico de cada una. La primera duda que se coloca es la vida personal y al reproducirlo los mismos medios justifican la agresión Debemos preguntarnos antes de publicar a quién sirve esta nota”, señala indignada Lucía Lagunes. Lo que sí había en las notas era descripciones sobre los atributos físicos de Regina Martínez, “Regina era menudita, pequeña, pero grande en su labor periodística…”, es uno de los ejemplos citado por el Informe CIMAC.
Ante esto, Lagunes exige que los medios y las autoridades incorporen la perspectiva de género en sus investigaciones. La Relatora Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, señaló en su último informe sobre México que “las mujeres periodistas corren peligros adicionales como la agresión sexual, la violencia sexual de la turba contra periodistas que cubren acontecimientos públicos o el abuso sexual cuando se encuentran en detención o cautiverio. La existencia de poderosos estigmas culturales y profesionales hace que no se den a conocer muchos de estos atentados”. CIMAC también hace enfásis en este subregistro y en los oídos sordos de las autoridades.
“No hay un mecanismo específico para revisar la violencia particular hacia las mujeres periodistas, ni está en la agenda de trabajo de los programas de prevención a la violencia de género, ni la Fiscalía Especial para Periodistas contempla ningún protocolo especial o acude a la Fiscalía para los delitos de violencia contra las mujeres a solicitarle un peritaje distinto”, reclama la abogada Adriana Carmona.
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