AUTOR: Matilde Pérez U.
"No podemos hacer nada, porque la autoridad está coludida", acusan ejidatarios. En Tamaulipas, tras anunciar Osorio Chong acciones contra el narco, “ahora hay más malosos”.
Quienes deciden quedarse deben pagar cuotas, que resultan descomunales por su nivel de ingreso, y callar.
Los campesinos y pequeños propietarios que se atrevieron a narrar a La Jornada su historia lo hicieron porque se les aseguró el anonimato y se les garantizó que sólo se ubicará el nombre del municipio.
Durante la plática no pudieron evitar que la voz se les cortara, se les llenaran los ojos de lágrimas y concluyeran: “es terrible lo que pasa. No tenemos confianza en ninguna autoridad, porque hemos comprobado que están coludidas con los malosos”, como llaman los habitantes de las zonas rurales a los integrantes del crimen organizado.
A continuación los testimonios.
Lanzados de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a Quintana Roo.
“Por generaciones, la familia conservó el rancho con una superficie de poco más de 60 hectáreas, sembró manzana, mejoró el huerto y empezó a exportar el fruto, y mantuvo el negocio. Pero los problemas empezaron cuando los malosos empezaron a pedir parte de las cosechas, y después cuotas. Llegaron las amenazas de muerte, los golpes; un día entraron al rancho y mataron a dos trabajadores”.
Alberto giró la cabeza y, como si a través del ventanal del hotel capitalino volviera a mirar el rancho familiar, continuó: “decidimos rematar la propiedad. Algunos de mis hermanos –no quiso especificar cuántos, por temor a ser identificados– con sus esposas e hijos se fueron a Estados Unidos, y nosotros, con lo que pudimos rescatar, nos fuimos a Quintana Roo para rehacer nuestra vida como agricultores. Otros familiares siguen abandonando sus parcelas, salen poco a poco, para evitar ser asesinados”.
El pueblo mágico de Mier, prácticamente deshabitado.
Ana Luisa puso al pueblo mágico de Mier –villa colonial fundada en el siglo XVIII– como ejemplo de la migración interna de la población provocada por el miedo sembrado por los narcotraficantes. Dice que esa localidad está prácticamente abandonada. “La gente se fue a la región sur del estado, pero allí también están presionando.
“La propiedad de la familia está en el municipio de Soto la Marina. Mis padres, ejidatarios de toda la vida, nunca dejaron de luchar para tener algo y no caer en la miseria. En la parcela nunca tuvimos más de 60 animales. Hace algunos meses, a plena luz del día, esa gente –se refiere a los integrantes del crimen organizado– llegó armada, entró a la casa, nos encañonó y sacó 40 animales con sus crías, además de llevarse el vehículo de trabajo para el campo.
“Antes de irse nos amenazaron con desaparecernos si denunciábamos o hablábamos con alguien del robo. Hace algunas semanas nos volvieron a buscar y dijeron que querían más, pero qué les vamos a dar, si nos quitaron todo.
“Como nosotros hay mucha gente; hemos visto que se llevan a niños de 12 años, jóvenes de 15 y 18. A los campesinos les quitan el dinero de sus proyectos productivos, los obligan a venderles –en realidad es entrega– sus tierras, o de plano los corren; por eso hay ejidos, como Rayones y El Carmen, que están casi vacíos.
“Los ejidatarios de El Carmen, con sábanas y colchas, pusieron un campamento cerca del retén militar que está en la carretera a San Fernando. Son familias a quienes les dijeron que estaban desterrados y si regresaban los mataban. Lo mismo sucede en los municipios de San Carlos, San Fernando y Aldama.
En Tamaulipas ya no hay forma de vivir; hacemos de tripas corazón y luchamos para amanecer y anochecer. Después de que fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (13 de mayo), a decir que en el estado aplicará tres acciones de seguridad, hoy estamos más llenos de esta gente. Fue como haber toreado al avispero. Ya no podemos vivir en paz; no hay cómo defendernos, porque no tenemos confianza en ninguna autoridad.
De ejidatario en Tlahualilo a pernoctar en cuevas
Mi cabeza tiene precio, comenta Adolfo. “Soy uno de los 45 ejidatarios del Móvano que sigue peleando para que nos devuelvan las 18 mil hectáreas que están en el centro del bolsón de Mapimí, en la zona del desierto. Hace más de tres lustros fuimos desterrados por los narcos, y despojados por las autoridades. Ahora sólo quedamos 45 de los 235 ejidatarios.
“Allí, en pleno desierto, pusieron potreros, excavaron para meter tubos de dos pulgadas para el agua que sacarían de pozos profundos y abrieron caminos de más de 40 metros de ancho. Siguen aterrizando avionetas con droga, incluso han caído cuatrimotores y la autoridad ni se entera.
“Llevo 18 años huyendo, viviendo en cuevas, donde tallo la lechuguilla, por la que me pagan tres pesos por kilo; también aprovecho la candelilla y el orégano. Como ejidatario me dediqué a la extracción de mármol, pero los narcos me obligaron a darles la maquinaria. A mi familia la acabaron: mataron a mis tres hijos, a cuatro hermanos y primos. Tengo rabia y coraje porque veo cómo la violencia se apodera de Durango, y las denuncias que presentamos los ejidatarios son ignoradas por la autoridad.
Otros ejidatarios, como yo, también son nómadas; nuestras áreas de seguridad son las cuevas. A veces comemos de lo que logramos cazar; sé que es ilegal, pero no hay más para comer.
Coroneo, Guanajuato, la franja del crimen organizado
Alfonso tuvo que abandonar casa y parcela, salir con su familia por las constantes extorsiones y amenazas de muerte. “Soy minifundista, como la mayoría de los habitantes de esa zona montañosa en la que se siembra maíz de temporal y algunas veces frijol; algunos cuentan con dos o tres cabezas de ganado bovino y cabras.
“A mi yerno le exigieron 500 mil pesos y después le bajaron a 300 mil; el dinero lo consiguió en cajas populares; mi familia quedó endeudada, y tiene que dar mensualmente de 500 a mil pesos a los malosos. Yo estoy amenazado, no puedo regresar a mi tierra ni a mi casa; a los familiares que siguen viviendo allá les preguntan dónde estoy, qué automóvil tengo, qué cargo ostento.
Al igual que yo, 10 familias también tuvieron que dejar su lugar de origen y sus pocos bienes; otros han sido despojados de sus ranchos, pero temen denunciarlo. Es terrible lo que vivimos.
Por miedo callan las familias de Coatlán del Río, Morelos
A Rubén, procedente de Estados Unidos, le gustó Coatlán del Río, su zona boscosa y sus ríos –colinda con Malinalco, estado de México– y se atrevió a pagar 2 millones de pesos por mil metros cuadrados, parte de una zona de uso común. Construyó su casa para habitarla únicamente durante sus visitas al país, pero no atendió las advertencias de algunos lugareños de que no realizara la operación, porque la zona está muy caliente.
Hace algunas semanas llegó, una vez más, a su casa, con su familia. Los delincuentes ingresaron a su domicilio, amagaron a sus familiares, se llevaron muebles y dinero. Lo amenazaron de muerte si denunciaba; decidieron abandonar su propiedad.
Antes de irse, supo que allí el crimen organizado cobra cuotas a ganaderos, incluso si sólo tienen una vaca; demandan desde 10 mil a 40 mil pesos por derecho de piso, cantidad que puede ser mensual o semanal.
Esto es lo que acontece en el país: la gente no se atreve a denunciar porque desconfía de la autoridad, aunque esté cansada de la inseguridad y de la violencia, comentaron dirigentes campesinos. El temor y terror están acallando a los habitantes de las zonas rurales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario