AUTOR: RAÚL LINARES.
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Para ninguno de los habitantes de esa entidad federativa, gobernada por el priista Eruviel Ávila, tampoco es desconocido el argot policiaco y delincuencial de las “ejecuciones”, las “decapitaciones”, los “levantones”, “atracos” y “extorsiones”.
En los últimos años, sobre todo cuando inició la “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el espejo del terror que se extiende por varios estados del país, también se instaló en el área conurbada del Distrito Federal.
Cárteles del narcotráfico y diversas organizaciones del crimen organizado, divididas y especializadas en múltiples actividades delictivas, han asolado el territorio ya sea mediante pequeños indicios de terror que se cuelan en las actividades cotidianas, hasta en la agresión directa y frontal.
Sin embargo, ante la ineficiencia de las autoridades estatales y federales, dicho demarcación sigue siendo uno de los mayores proveedores de votos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo territorio, es conocido por parir al grupo político que actualmente ostenta el poder presidencial: primero, el grupo Atlacomulco; y después, la cartera política que llevó a la presidencia de la república a Enrique Peña Nieto.
Como saldo final: se ha impuesto, por una parte, una cuota de silencio sobre los problemas que aquejan a la entidad. Igualmente, el cerco que la administración de Peña le carga al gobierno de Eruviel Ávila, a quien se le han mandado a funcionarios para resolver a la crisis –muy al estilo de lo que sucedió en Michoacán, con la imposición del “Virrey” Alfredo Castillo Cervantes, también procurador de justicia en su mandato: Primero fue Salvador Neme, el socio de Peña Nieto que le heredaron a Eruviel. Su papel fue desastroso. Después llegó Rocío Alonso, a quien las redes de corrupción policiaca e ineficacia del gobierno eruvielista lo comieron. Ahora, el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Angel Osorio Chong, nombró a uno de sus colaboradores, Damián Canales, como una especie de “virrey” policiaco en el Estado de México.
En todo caso, la operación ha servido más para mantener a raya a la opinión pública y no para resolver integralmente el apuro de inseguridad que padecen cerca de 15 millones 175 mil 862 habitantes del Estado de México; número contabilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta el año 2010. Y peor aún. Pese al “plan estratégico” que anunció el gobierno federal para similar la inoperancia que ahora hunde en el silencio a Michoacán.
Feminicidios
Para el periodista Humberto Padgett quien –junto a Eduardo Loza– es autor del libro “Las muertas del Estado. Feminicidios durante la administración mexiquense de Enrique Peña Nieto”, dicha entidad podría ser considerado una de los lugares en donde “es peor ser mujer” a nivel mundial, incluso arriba de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aunque no existen cifras concretas del número de asesinatos encauzados hacia este sector de la población –impulsado por la falta de metodologías gubernamentales para arrojar la verdadera dimensión de problema– la investigación que realizó, reveló que entre el 1991 y el 2011, “1 719 casos informados por la mitad de las procuradurías estatales —la otra parte se negó a proporcionar información—, 27 por ciento ocurrieron en el Estado de México.”
Por otra parte: “La Comisión Estatal de Derechos Humanos informó en 2010 que desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta agosto de ese año pasado, 672 mujeres fueron asesinadas con alevosía y ventaja, muchas de ellas tras ser torturadas y violadas. Nueve de cada diez asesinatos quedaron sin castigo. El incremento de cuerpos encontrados en la vía pública aleja aún más la posibilidad de su resolución”, sostiene.
Pese de las escalofriantes cifras, la administración de Eruviel Ávila, aunque ha incluido el feminicidio en su Código Penal, no lo consideran como delito autónomo, sino como agravante del homicidio doloso.
Brutales matanzas
Un recuento hemerográfico realizado por REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO, arrojó que, de enero a junio del presente año, se produjeron alrededor de 370 brutales asesinatos.
La metodología seguida por el medio, basada en información periodística (sobre todo, en el monitoreo de “nota roja”) y el conteo “Menos Días Aquí” de la organización Nuestra Aparente Rendición, arrojó que el saldo de muerte documentado por la prensa, reveló que sólo en enero se produjeron alrededor de 73 asesinatos; 56 en febrero; 82 en marzo; 45 en abril; 38 en mayo 38 y finalmente, en junio, la cifra se volvió a disparar hasta quedar en 75.
Este conteo, estuvo basado en el impacto mediático que obtuvieron los crímenes; es decir, en gran parte basados en la brutalidad con la que fueron efectuados. De ahí que los móviles, por constante, estuvieran marcados mediante descripciones como: “Encuentran cuerpo quemado en vehículo”, “Ajuste de cuentas (Cártel del Sur)”, “Decapitado”, “Asesinada y tirada a canal de aguas negras”, “Muerto en tiroteo con policías”, entre otros.
• En enero, tres municipios concentraron el mayor número de “ejecuciones” pero en la lista negra aparecieron 19 municipios. De los que mayor número arrojaron, están: Chalco con 14, Ciudad Nezahualcóyotl con 11 y Cuautitlán Izcalli con 9.
• En febrero, 12 municipios reportaron homicidios brutales pero otros 4 concentraron la atención: Ciudad Nezahualcoyotl con 11 asesinatos, Cuautitlán Izcalli con 8, Tlalnepantla con 8, Los Reyes con 7 y Ecatepec con 7.
• En marzo, el índice volvió a aumentar y distribuyeron el fenómeno de la violencia en una mayor cantidad de municipios: en 21 de éstos se reportó asesinatos brutales, pero 3 se llevaron el record. Ellos son, figurando por tercera ocasión: Cuautitlán Izcalli con 16, Chalco con 14 y Ecatepec con 7.
• En abril, se observó una diversificación de los municipios, es decir, un desplazamiento de la violencia hacia otros que no habían reportado actividad delictiva. Al menor en 15 municipios se tuvieron reportes del crimen organizado y sus brutales formas de operar. Sin embargo 4 se llevaron las palmas: Ecatepec con 11 asesinatos, Luvianos con 9 y Naucalpan y Ciudad Nezahualcóyotl con 6, respectivamente.
• En mayo, las cifras de asesinatos disminuyeron considerablemente, pero mantuvieron una tasa de 11 municipios azotados con violencia: 7 asesinados en Tlalnepantla, 6 en Ecatepec y 6 en Ciudad Nezahualcóyotl.
•Por último, en junio, 13 municipios aparecieron en el listado de “ejecuciones”, de los cuales 4 repuntaron: Tlatlaya con 22, Temascalpec con 12, Ciudad Nezahualcóyotl con 8 y Cuautitlán Izcalli con 6.
Estos números arrojan que la violencia se concentra principalmente en las zonas conurbadas del Distrito Federal: es decir, en municipios como Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Los Reyes. De la misma forma, esa misma fórmula podría aplicarse a los municipios que despuntaron repentinamente en el número de asesinatos, pues son estado colindantes con los municipios de Guerrero y Michoacán: tal es el caso de Luvianos, Tlatlaya y Temascalpec.
Estas estadísticas, cabe resaltar, no arrojan la incidencia delictiva total, en relación con los asesinatos que padece el Estado de México. Pero esbozan perfectamente la gravedad del problema.
Algunos cálculos menos conservadores como el que recientemente publicó en su sitio de internet, InSight Crime, “registró 838 homicidios durante los primeros cinco meses de 2014 –casi 14 por ciento más que en el mismo periodo de 2013– [y] significativamente más alto que en estados violentos como Sinaloa, con 484 homicidios, o Michoacán, con 464”.
Cárteles del narcotráfico
De acuerdo a información periodística, hasta el año 2013, en el Estado de México operaban alrededor de 4 grandes cárteles del narcotráfico más once de sus ramificaciones.
Basada en un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), la revista Contralínea documentó que “dos son escindidas del Cártel de los Beltrán Leyva; seis, ligadas al de la Barbie; dos, a La Familia Michoacana, y una, a Los Caballeros Templarios”. En total, al sumar a las “grandes” organizaciones y las pequeñas, se estima que éstas pueden alcanzar alrededor de 15.
Número que podría aumentar de confirmarse la presencia del cártel Guerreros Unidos operando plenamente en la zona.
Además dos de ellas son las que más presencia han afincado sobre las rutas que conducen al Distrito Federal. Ellos son: La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios. Cabe señalar que ambas iniciaron una cruenta guerra de sangre y muerte, sobre todo en los municipios conurbados del Área Metropolitana y los límites del estado de Guerrero y Michoacán, con el objeto de apoderarse del mercado de narcóticos.
Su guerra produjo, por ejemplo, un violento enfrentamiento el pasado 30 de junio, que culminó con la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya. Aunque las primeras versiones apuntaban a las víctimas, supuestamente pertenecientes al cártel Guerreros Unidos, enfrentaron a los efectivos militares cuando descubrieron un laboratorio clandestino de drogas, después se difundió la versión de que fueron fusilados por efectivos militares.
Otros delitos y su respuesta
De acuerdo a dos recientes informes, el Estado de México también encabeza estadísticas nacionales en otros delitos federales y de índole local. Este es el caso de los secuestros, el robo con violencia, el robo a casa habitación, el robo de vehículos y las extorsiones –pese a que en los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no existen registros sobre esta falta.
Por ejemplo, la “Décima Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana”, realizada por Consulta Mitofsky y México Unido Contra la Delincuencia, publicado en marzo del presente año, sostiene que al menos el 41 por ciento de la población adulta víctima de algún efecto del hampa.
Es decir, si en la entidad gobernada por Eruviel Ávila existen cerca de 15 millones 175 mil 862 de habitantes, esto quiere decir que al menos 6 millones 222 mil 103 habitantes han sido presas de la inseguridad.
Por otra parte, el informe “La inseguridad en el Estado de México y el Cerco Criminal a la Capital del País”, publicado por Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal en ese mismo mes, dio cuenta que “es la entidad federativa con el mayor número de municipios (5) entre los 20 más violentos del país en 2013”. Y ubicaron a Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Cuautitlán, al lado de otros más tristemente conocidos: Acapulco (Guerrero) Cuernavaca (Morelos), Yautepec (Morelos) y San Pedro (Coahuila).
Entre las agravantes que más se incrementaron para ubicarse en dicho tablero, están:
• Entre los años 2003 y 2013, el secuestro aumentó 138 por ciento.
• Encabeza el lugar número uno en el delito de extorsión.
• El robo con violencia aumentó 568 por ciento.
• Los robos de vehículos crecieron en 132 por ciento.
Sin embargo, los números nos suelen coincidir siempre. “Entre 1997 y 2006 en promedio se registraban 2,700 homicidios por año. De pronto se produjo un ‘milagro’: en 2007 los homicidios bajaron un 59 por ciento respecto a 2006. A alguien se le ocurrió que la falsa baja de los homicidios –por poner un ejemplo – haría más presentable al entonces gobernador del Estado de México en su afán de contender por la Presidencia del país”, reza el informe.
Pese a cualquier acercamiento que se haga a la profundidad del terror, todavía hay estadísticas y silencio oficial que impiden saber que tan hondo éste se encuentra arraigado.
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