AUTOR: REDACCIÓN.
Los diputados no alcanzaron las firmas necesarias para promover este recurso, contra artículos que consideran invaden facultades del órgano regulador, o favorecen a Televisa.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, señaló que el panista llamó y envió mensajes a sus compañeros de bancada para que retiraran sus firmas del recurso que se iba a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta las 24:00 horas del miércoles 13 de agosto —último día para presentar la acción— panistas y perredistas no lograron reunir las 167 firmas necesarias.
Entre los artículos que reclamarían está el que estableció la preponderancia por servicio y no por sector, señaló Carpinteyro. Además de la claúsa “Cablecom”, que según la legisladora “estaba hecha para que Televisa pudiera continuar con sus concentraciones en la televisión de paga”.
De las 19 firmas que habían conseguido de diputados panistas, una tras otra se fueron cayendo, literalmente, al cuarto para las doce.
“A partir de esa llamada se empezaron a retractar todos estos diputados, que ya habían otorgado la firma”, indicó.
“Nos quedamos muy cerca, conseguimos los votos”, refirió.
La perredista comentó que, aún sin ser coordinador, Villarreal tuvo capacidad de que diputados retiraran su firma para acción de inconstitucionalidad.
Acusó que la legislación que no pudieron impugnar da carta abierta a autorizar la concentración de nuevas empresas.
Actualmente, apuntó, Televisa es un monopolio en la televisión de paga.
Con la ley en materia de telecomunicaciones, estimó que ahora las empresas en lugar de pelearse por los clientes, definirán cómo se dividen el pastel.
Lamentó que la acción de inconstitucionalidad se haya frustrado “al cuarto para las doce”.
VÍDEO:
¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?
Una acción de inconstitucionalidad se presenta cuando “se alega una contradicción entre la norma impugnada y la propia Ley Fundamental”.
Pueden promoverlas los legisladores, Senadores y Diputados –Federales o Locales– o, que conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna; el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los Estados y del Distrito Federal.
La SCJN realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma.
Se desahoga a través de un procedimiento en el cual no existen periodos de pruebas y alegatos. Sólo procede en contra de normas generales, inclusive las de carácter electoral. La sentencia tiene efectos generales siempre y cuando haya sido aprobada por lo menos por ocho Ministros.
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