AUTOR: REDACCIÓN.
El Instituto Nacional de Migración hizo públicos documentos que forman parte de la averiguación previa que se abrió por el asesinato de 72 migrantes, en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, lo que sienta un precedente para la transparencia en México.
El instituto entregó los documentos a la organización estadunidense National Security Archive, la cual solicitó copias de los oficios sobre el hallazgo de los 72 cuerpos en 2010, a través de una solicitud de información pública.
De acuerdo con Michael Evans, miembro de esa organización que promueve el gobierno abierto, esto marca un precedente en México que facilitará la publicación de documentos reservados: “Hay muchos casos que pueden ser considerados como violaciones de derechos humanos en los ojos de las agencias o del INM o del Ifai, por ejemplo, que pueden ser resultado de este precedente que pueden ser divulgados”.
Inicialmente, el Instituto Nacional de Migración se negó a entregar la documentación, bajo el argumento de que, si bien la Ley Federal de Transparencia prevé la desclasificación de documentos si están relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, el caso de los 72 migrantes no había sido clasificado como tal por ninguna autoridad.
Ante esta respuesta, National Security Archive se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el Ifai.
En la impugnación se citó la sentencia de un juez que ordenó a la PGR hacer públicos los documentos relacionados con el mismo caso de los migrantes, porque sí se trataba de violaciones graves a los derechos humanos.
Frente a ese antecedente, el instituto nacional de migración, a cargo de ardelio vargas, decidió entregar 9 oficios a la organización estadounidense National Security Archive, entre los cuales estaban:
- Reportes internos del instituto, generados cuando tuvo conocimiento de la masacre en San Fernando, en uno de los cuales se narra el descubrimiento de los 72 cadáveres.
- Y los partes informativos sobre la atención y traslados de uno de los sobrevivientes de la masacre, quien relató cómo un grupo delincuencial había asesinado a los migrantes cuando se negaron a adherirse a las filas del cártel de “los Zetas”.
Los oficios también exhiben la falta de coordinación al interior del Instituto Nacional de Migración, sobre la custodia de uno de los migrantes que sobrevivió.
El 27 de agosto de 2010, la PGR cedió a la delegación del instituto en Matamoros, Tamaulipas, el resguardo del sobreviviente, quien era atendido en el sanatorio naval de la localidad.
Ese mismo día, personal de migración de Matamoros acudió al sanatorio para conocer el estado de salud de la víctima, pero le fue informado que por órdenes superiores —sin especificar de qué autoridad— el sobreviviente había sido trasladado a la Ciudad de México.
De ese traslado, el Ministerio Público federal en Tamaulipas tampoco fue informado, de acuerdo con los oficios.
Para Ana Cristina Ruelas, de la organización mexicana Artículo 19, la cuál colaboró con National Security Archive en la desclasificación de los documentos, la divulgación de estos oficios es un paso más hacia el escrutinio público de averiguaciones previas: “Esto es algo muy importante, porque los Ministerios Públicos están blindados no hay manera de saber qué están haciendo y con este tipo de criterios de los jueces, tanto el sexto juez de distrito como el noveno juez de distrito vamos hacia el proceso de escrutinio público de los Ministerios Públicos”.
Michael Evans, de National Security Archive, asegura que es la primera vez que el instituto revela documentos sobre la masacre de los 72 migrantes.
Además, el especialista considera que las dependencias del gobierno mexicano ponen trabas a la transparencia en el tema migratorio: “Para nosotros ha sido muy difícil en muchos casos, encontrar algo muy útil por razones de obstáculos que han puesto las agencias del gobierno federal en México”.
Las 72 víctimas de la masacre de San Fernando cruzaban el territorio nacional hacia Estados unidos, procedentes de Guatemala, Honduras, el Salvador, Ecuador y Brasil, pero fueron retenidos y ejecutados por integrantes del cártel de los Zetas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe sobre el caso y en diciembre de 2013 envió una recomendación a la PGR y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.
Los familiares de las víctimas se inconformaron con esa recomendación pues, dijeron, no se pronunció sobre la masacre ni sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, anunció en mayo de 2014 que reabriría el caso para escuchar las voces de los familiares.
Con la decisión del Instituto Nacional de Migración, de hacer públicos documentos contenidos en la averiguación previa, se sienta un precedente para la transparencia en México, pues los ciudadanos podrán exigir que las oficinas gubernamentales entreguen documentos reservados, cuando exista la posibilidad de que estén relacionados con violaciones graves a los derechos humanos.
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