AUTOR: MAJO SISCAR.
La ambigüedad jurídica de los niños internados en albergues, qué hacer con las víctimas y agresores de bullying o la falta de claridad en los procesos de adopción, son algunos de los problemas ante la falta de una legislación proactiva y una institución particular que proteja la infancia.
El problema se agrava, según por los derechos de la infancia, porque en las leyes estatales ocurre algo similar.
Por ejemplo, el apartado C del artículo 14 de la citada ley dicta: “Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para la protección de sus derechos”. Catorce años después todavía no existen. No hay tampoco ninguna institución enfocada en la niñez.
La más cercana es el sistema de Desarrollo Integral de las Familias (DIF) que se autodefine como el vehículo de “políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la familia”. Es decir, respecto a la niñez, el DIF sólo actúa ante la ausencia o fallo de las familias.
Aún así, ocho de cada 10 niños sin cuidado parental viven en instituciones privadas que no están censadas ni necesariamente sometidas a supervisión periódica.
Así se evidenció en el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia en Zamora, Michoacán, donde vivían más de 400 niños en condiciones insalubres y sometidos a malos tratos y abusos sexuales. También está el caso de la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur, descubierta en 2008.
“Las leyes vigentes son declarativas, el Estado no se ha transformado. La noción general es que todo lo que corresponde a la infancia es derivado al sistema DIF que mantiene un sistema tutelar asistencial que no contempla la prevención”, critica Juan Martín Pérez de la Red por los Derechos de la Infancia.
La falta de protocolos preventivos y de actuación ante la vulneración de los derechos de la infancia se muestra también en los recientes casos de acoso escolar. Los padres de la escuela donde estudiaba el niño acusado de violentar a una veintena de alumnos aseguran que habían interpuesto incluso una denuncia ante el Ministerio Público sin respuestas. El propio DIF reporta 39 mil casos de maltrato infantil en todo el país, en el último registro que recopiló denuncias de todos los estados, pero no siempre se actúa ante ellas.
“El estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la niñez de las Naciones Unidas”, sentencia Mayela Godínez, secretaria técnica de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado, que se creó apenas en abril y que preside la senadora panista Martha Elena García. Ante la ausencia de la senadora, Godínez añade que “la ley vigente es meramente enunciativa, no tiene los mecanismos reales para la aplicación de estos derechos. Lo que necesitamos es un Sistema integral que vigile todo el actuar de políticas públicas de infancia, por el interés superior de la niñez”.
México es el único país del continente que no tiene este sistema integral o una institución dedicada a los niños, como sí la tiene, en cambio, para las mujeres o los pueblos indígenas. El 6% del Producto Interno Bruto del país va a parar a los menores de edad , según un estudio de la Secretaría de Hacienda y Unicef, pero la mayor parte de ese presupuesto se reparte entre las secretarías de Salud y de Educación y menos de un 2% de ese 5% se destina a protección. “Y por protección se entiende el trato a niños migrantes, en situación de calle, a prevenir embarazos adolescentes, explotación sexual infantil o acoso escolar”, matiza Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia.
No hay tampoco un sistema de información único de la infancia. Las bases de datos de la Secretaría de Educación no se cruzan con las de Sanidad ni con cualquier otra. Ya en 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado mexicano que lo creara.
Ayer miércoles 27 de agosto, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó al DIF Nacional a sistematizar el número de adopciones nacionales e internacionales tramitadas y concedidas al apelar que la generación de información sobre la gestión y los resultados de las políticas y programas en la materia es fundamental para dar cumplimiento a los compromisos establecidos por México en las Convenciones sobre los Derechos del Niño en 1990 y Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional en 1993. El dictamen fue motivado por un recurso de revisión de un particular que había solicitado esa información el año pasado.
“No hay un solo registro de cuántos niños hay en instituciones o cuántos de ellos están en proceso de adopción, porque se supone que el internamiento en una institución debería ser la última opción para los niños, y tampoco hay supervisión de esos lugares. Por ejemplo en el caso de Mamá Rosa, no hay ningún funcionario ni municipal ni estatal, ni federal que vaya a ser iniciado en investigación por omisión. En cuanto se refiere a la infancia el estado suele ser omiso en su responsabilidad”, denuncia Pérez.
Ante todo ello, los legisladores, con la asesoría de la sociedad civil, están impulsando iniciativas legislativas en ambas cámaras que pongan en la agenda pública a la niñez.
“Estamos impulsando la Ley General de Garantías de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene que contar con un sistema integral de garantías. Tiene que haber una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, entre las distintas dependencias para que esté dando respuesta a las circunstancias que está viviendo la niñez mexicana”, señalaba la perredista Verónica Juárez, Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados en un evento en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
En marzo, en el Senado, se estableció un Acuerdo Legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de la infancia. El primer paso, señalan desde la Comisión de la niñez, es la creación de un diagnóstico nacional sobre la situación de la infancia y la adolescencia, con indicadores y medidores de violencia, exclusión, distinción o restricción de derechos. “Lo que buscamos es que todos los órganos de gobierno estén vinculados y que las políticas públicas sean transversales, que haya mesas interinstitucionales con el fin de vigilar el cumplimiento de metas establecidas”, explica Godínez. Además de un Sistema Nacional de Protección Integral, como órgano rector, desde la comisión de la Niñez del Senado impulsan la adopción de un Programa Nacional en donde se involucre la participación de las entidades federativas y municipios y al sector privado.
Desde la Red por los Derechos de la Infancia, Pérez alerta que esta legislación pendiente “no puede ser una ley más, tiene que tener un amplio debate, participación de la sociedad civil y por supuesto la voz de los niños como ciudadanos de pleno derecho”.
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