Las expropiaciones y los expropiados en la zona arqueológica de las Cholulas, y no por razones de utilidad pública

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: Ana María Ashwell.

En marzo de este año, cuando iniciábamos las denuncias sobre ese innecesario puente vial que destruyó patrimonio de los pueblos indígenas y de la nación en nuestra ciudad, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, se paseaba del brazo de los alcaldes Leo Paisano y José Juan Espinosa (además de una visita posterior con la directora general del INAH y su amiga Teresa Franco) por nuestra zona arqueológica.

La nota la recogieron dos periódicos locales y nadie prestó mucha atención. En esa visita de marzo el gobernador declaró que el objetivo de su visita era “impulsar el turismo en la región proyectando un macro parque temático en la zona de colindancia de las dos Cholulas”.

Explicó a grandes zancadas de ignorante y comerciante que el proyecto comprendía lagos artificiales, chinampas y un circuito de corredores “preservando la riqueza cultural de la pirámide de Cholula y el Cerrito de los Remedios”. Anunció, asimismo, un tren turístico (que por lo visto se iba a detener en la tienda OXXO que actualmente es la antigua estación de tren), además de que ya estaba en camino la construcción del Museo Internacional del Barroco, que “proyectará a nivel nacional e internacional” a los cholultecas y que formaría parte de este macro parque temático.


Incluso dio el presupuesto para el tren turístico: 300 millones de pesos como inversión prelimar ya acordado el proyecto con la Secretaría Federal de Turismo la señora Claudia Massieu Salinas en su primera fase; y la segunda fase, es decir la construcción del parque “temático”, anunció, se iniciaría con presupuestos en colaboración con los dos ayuntamientos. Desde 1993 la zona colindante en la base del Tlachihualtepetl (la gran pirámide) esta declarada zona de protección patrimonial en el art. 8 párrafo 2ndo del Decreto de Zona de Monumentos Arqueológicos de Cholula del 24 de Noviembre de 1993. Decreto de ley que al gobernador Rafael Valle y a las autoridades complacientes que tiene en el INAH les importó poco cuando procedieron en ese mismo mes de marzo a destruir subsuelos con monumentos prehispánicos protegidos en la 12 Ote y Pte; es decir, en la colindancia de las dos Cholulas y a 500 metros del Tlachiualteptl.

Hubo al inicio cierto regateo de parte del alcalde (por el partido PAN) de San Andrés, Leo Paisano, por estos proyectos del gobernador no porque venía una monumental destrucción patrimonial en la base de la pirámide, sino porque venía una monumental expropiación de terrenos de su propia familia. Y empezaron las negociaciones a puertas cerradas en el INAH con los dos alcaldes porque las expropiaciones de terrenos en esa zona afectaban a una veintena de cholultecas y de las familias más antiguas de los barrios de las Cholulas (con la ventaja y alevosía que entre estas antiguas familias cholultecas propietarias de estos terrenos solo 15 en San Pedro Cholula tenían títulos catastrales en orden).

Para que el gobernador Rafael Moreno Valle pudiera construir el “parque temático” ya habiendo sometido al INAH solo requería (por causa de la ley de Expropiaciones para el Estado de Puebla –P.O. del jueves 24 de 2014– y por la ley de Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales que decretó el gobernador Manuel Bartlett –P.O. 9 de enero de 1996) el aval del cabildo de San Pedro Cholula. José Juan Espinosa (alcalde por el partido Movimiento Ciudadano) y la síndico Esperanza Estela Chilaca Muñoz en rápida sesión del día 4 de julio 2014 le entregaron este último acuerdo. Esta ya publicado en el P.O. del jueves 24 de julio de 2014 la Declaratoria de Utilidad Publica de los predios de esta familias cholultecas y nada más (o más bien nada menos) sobre la base de “estudios económicos, sociales y técnicos” avalados por un arquitecto de nombre Miguel ángel Balandra Jara, conocido militante panista de San Andrés Cholula.

Lo primero que debe quedar claro sobre los expropiados es que ellos desde 1993 reconocen que están en suelos patrimoniales de la zona arqueológica de la gran Cholollan y han cumplido con no construir ni afectar subsuelos arqueológicos. Algunas viviendas que se encuentran entre la 7 Oriente y la vía del ferrocarril o la Diagonal 2 Sur datan del periodo colonial y son de valor patrimonial y deben ser protegidas. Pero el decreto expropiatorio incluye sus viviendas coloniales y tierras ancestrales, mientras que el hotel Villas Arqueológicas (afectando una plataforma prehispánica) y la plaza comercial (calle 13 Oriente y 8 Sur) fueron clasificados como “hitos representativos de la ciudad” (ver “Estudio Económico, Social y Técnico: Parque de las 7 Culturas. Gobierno Municipal 2014–1018). Los propietarios para abandonar sus casas y terrenos piden participar en el desarrollo de esta zona o ser indemnizados si en verdad comprueban utilidad publica. Y si son indemnizados exigen sea en los términos económicos que recibieron amigos del gobernador Rafael Moreno Valle (como la familia del político panista Lorenzini del Balneario de San Juan), pero no en el monto y regateo insultante con que pretende José Juan Espinosa despojarles de sus viviendas y terrenos. Desde entonces se han amparado con un abogado y ciudadano que en Cholula es conocido por su honestidad y gracias a ese amparo José Juan Espinosa tuvo que hacer público el estudio que Balandra Jara dictamina que tiene “valor probatorio pleno” para justificar expropiaciones por utilidad pública (adjunto copia del estudio). Sin embargo, lo que ese “estudio”  demuestra es todo menos una justificación publica para proceder a expropiaciones de casas y terrenos de propiedad privada.

Es más, salvo las estadísticas bajadas de Inegi para abultarlo el informe “técnico” esta lleno de errores y disparates porque fue elaborado por personas (como Balandra Jara supongo) que no solo no conocen las Cholulas, sino que no saben de historia ni de redacción. El informe dice por ejemplo que en San Pedro Cholula hay ocho barrios; describe el “posclásico medio mesoamericano” entre los siglos XII y IV a.C; dice que la ciudad fue “denominada ciudad sagrada” en su época de mayor esplendor cuando esa designación se la dio un antropólogo del siglo XX Paul Kirchhoff; dice también que el “Mural de los Bebedores” está en los túneles de la gran pirámide y que a un costado ¡hay un templo dedicado a Quetzalcoátl! Y para otra perla mayor el informe también dice que el templo de la Virgen de los Remedios ¡fue construido en el siglo XVI!. Todo esto es simplemente invención por no decir mentiras..

¿Y de dónde se inventaron el nombre de la Plaza de las 7 Culturas?  ¿Acaso pueblos mayas o zapotecas o teotihuacanos o aztecas (un revoltijo de culturas de distintos horizontes culturales measoamericanos, además) poblaron la gran Cholollan? ¿No saben que esta ciudad fue la del comercio mesoamericano desde el sur y la costa del Golfo y que desarrolló su propia personalidad cultural, incluso en contra de Teotihuacan en la fase Cholulteca I, entre 800–900 d.C?


No vale ni la pena detenerse en los disparates en este informe que presentó José Juan Espinosa, porque es a todas luces solo manipulación y distorsión de la historia de la gran Cholollan. Pero obviamente no tiene la intención de ser veraz. Se trata simplemente de producir al vapor un documento para justificar despojar a los propietarios de sus casas y terrenos (algunos son principales de siete barrios antiguos de San Pedro Cholula) y no para el rescate, salvamento y reconstrucción de la zona arqueológica (la única utilidad pública que se puede argumentar), y todo para construir ¡una cancha de futbol! y un corredor temático de cultura cholulteca inventada a los pies del gran templo prehispánico, la gran pirámide de los pueblos antiguos de Cholollan. Estos políticos destructores del patrimonio cholulteca merecen nuestro repudio y nunca más deberíamos permitir que con nuestro voto ciudadano vuelvan a gobernar.