AUTOR: GABRIELA HERNÁNDES.
Al término de la marcha, la madre del niño asesinado durante el operativo policiaco del 9 de julio pidió a la gente unirse para evitar que otra persona pueda morir a causa de las acciones represivas del gobierno de Moreno Valle.
“Él (Moreno Valle) dice que quiere cuidar a los niños y no lo está cumpliendo, acabó con la vida de mi hijo y eso no se vale, él todo pura mentira, lo que está haciendo es pura mentira, yo tuve mucha presión cuando yo estaba en el hospital, ofreciéndome cosas, pero yo dije jamás voy a recibir nada, como si hubiera vendido a mi hijo, mi hijo no tiene precio, jamás”, exclamó.
Pese a los intentos del gobierno estatal por dificultar la participación de manifestantes, ya que colocaron retenes policiacos en las entradas de Puebla para retrasar la llegada de contingentes que se trasladaron de distintos municipios de la entidad, la caravana cubrió más de seis cuadras.
Además, en la víspera varias organizaciones como el Sindicato de Volkswagen y la 28 de Octubre, entre otras, se retiraron de la marcha, presuntamente por negociaciones o por presiones del gobierno estatal.
Según los organizadores se estima que la participación en esta protesta alcanzó entre 8 mil y 10 mil poblanos, no obstante el gobierno del Estado emitió un boletín para asegurar que sólo congregó a mil 250 manifestantes.
Aunque el asesinato del niño Tehuatlie Tamayo, de 13 años, fue el principal reclamo contra el mandatario, la marcha unió a mototaxistas, campesinos, transportistas, maestros, académicos, habitantes de juntas auxliares, operadores de radiodifusoras comunitarias, estudiantes, amas de casa, activistas sociales, periodistas, políticos, entre otros muchos que manifestaron su repudio contra las políticas de la administración morenovallista.
“Herman@s Mexican@s esto no es Gaza, es Puebla”, decía una enorme manta que mostraba las imágenes del niño José Luis y de los otros habitantes de Chalchihuapan que resultaron heridos por los artefactos que dispararon los policías estatales durante el operativo de desalojo del 9 de julio. Un niño de Chalchihuapan llevaba una cartulina que decía: “Moreno Valle mataste a mi amigo José Luis”.
Uno de los manifestantes de plano se puso una tina metálica en la cabeza y cubrió su cuerpo con dos láminas, en las que se leía: “por si las moscas”, en evidente alusión a las represiones policíacas contra manifestaciones sociales que se le achacan a la administración morenovallista.
Otros carteles ponían de manifiesto el descontento social: “No a la privatización del agua”, “Góber Bala no más muerte, ni represión”, “Las comunidades indígenas exigimos respeto y consulta ciudadana”, “No a los proyectos de muerte”, “Libertad a los presos políticos”, “Las víctimas del desempleo ocasionado por la clausura de los centros de verificación en Puebla nos manifestamos”.
Personajes tan disímbolos como la panista Ana Teresa Aranda, el petista Gerardo Fernández Noroña y el expropietario del equipo de futbol Puebla, Emilio Maurer, se sumaron a los contingentes que gritaban consignas contra el mandatario poblano.
“Asesino, asesino, asesino”, corearon los manifestantes que partieron tanto del estacionamiento del comercial Las Ánimas, como de la fuente de Los Frailes, para recorrer las calles Juárez y Reforma hasta llegar al zócalo.
Muchos participantes portaron la camiseta oficial de la marcha con la frase: “El Góber Bala y sus piedras de gran calibre”. Otros, como los reporteros del periódico Heraldo de Puebla, propiedad del empresario Ricardo Henaine, hicieron pública su adhesión a la protesta.
En el recorrido, los manifestantes además hicieron referencias a otros hechos que se imputan al gobierno de Moreno Valle como la detención de los activistas Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas y Abraham Cordero, opositores al Gasoducto Morelos.
Igual, responsabilizaron al mandatario poblano del asesinato del líder campesino, Antonio Esteban Cruz, opositor de un proyecto de hidroeléctrica en el municipio de Cuetzalan, quien fue ultimado por arma de fuego el 4 de junio de este año.
Así como de la muerte del luchador social Delfino Flores Melga, quien falleció en la cárcel pese a tener 90 años porque el gobierno estatal le obstaculizó el derecho humanitario a llevar su proceso en arraigo domiciliario.
Crisis social sin precedentes
“El estado de Puebla vive un momento de alta vulnerabilidad social y política como consecuencia del gradual y constante crecimiento del autoritarismo del Poder Ejecutivo y la ausencia de equilibrios y contrapesos que deberían ejercer los poderes Legislativo y Judicial”, establece el pronunciamiento oficial de la marcha.
“Sin temor a equivocarnos, podemos señalar que nuestro estado vive una crisis política y social sin precedentes”, agregan las organizaciones sociales, sindicales y populares participantes.
Esto, dicen, se pone de manifiesto luego de que de 2011 a 2013, la pobreza creció en un 7.2 por ciento y la marginación 5.7 por ciento, lo que coloca a Puebla como el tercer estado más pobre del país. “Mientras esto ocurre, el gasto en obras faraónicas se multiplica, dejando a la entidad endeudada para los siguientes 30 años”.
Aparte, exponen que el autoritarismo del gobernador poblano ha otorgado calidad de enemigos de su administración, a quienes se atreven a disentir; ha recurrido a ceses injustificados y a ataques para destruir las organizaciones sindicales como la de burócratas; ha perseguido a campesinos y organizaciones sociales que se oponen a los proyectos de muerte.
“La libertad de expresión y de manifestación están en peligro de desaparecer. El gobierno de Moreno Valle ha establecido una política para exterminar a los medios de comunicación que le son incómodos, persiguiendo periodistas por la vía civil o atacando cibernéticamente sus portales (como ocurrió recientemente con el periódico Cambio)”, agregan los convocantes a la marcha.
Mencionan que por el solo hecho de protestar, la persecución ha sido “brutal” contra los dueños de mototaxis, unidades de transporte colectivo, propietarios de verificentros, académicos y activistas.
Igual apuntan que durante la administración morenovallista se ha impulsado 17 iniciativas de ley que le garantizan “total impunidad”, al Ejecutivo estatal, y las cuales han sido aprobadas sin debate ni oposición por “un Congreso servil”.
Entre estas leyes mencionó a la Ley Mordaza, en contra de los periodistas independientes; la Ley de Aguas, para privatizar el servicio de agua potable y alcantarillado; la Ley de Expropiación, que deja al ciudadano indefenso ante el despojo de una propiedad por parte del gobierno; la Ley Orgánica Municipal que quita a las Juntas Auxiliares el manejo del Registro Civil y la “Ley Bala”, que permite el uso de armas contra manifestantes, entre otras.
“El saldo del autoritarismo de Rafael Moreno Valle y su gobierno es desolador para una población que albergaba la esperanza de alcanzar con el “cambio” (de gobierno) una vida social con paz y libertad”, indican.
Por ello, las agrupaciones demandan juicio político contra el gobernador y desaparición de poderes en la entidad; destitución de los Secretarios General de Gobierno y el de Seguridad Pública, así como del Procurador del Estado.
Igual piden la derogación de las leyes que vulneran los derechos ciudadanos, la cancelación de órdenes de aprehensión contra activistas y la liberación de los presos políticos; así como el esclarecimiento del asesinato del niño Tehuatlie Tamayo y de las agresiones contra habitantes de Chalchihuapan, la restitución del Registro Civil a las Juntas Auxiliares y el respeto al derecho de libertad de reunión, expresión y manifestación pacífica.
“¡El gobernador no cumplió, que se vaya!”, concluyen el pronunciamiento.
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