AUTOR: MAJO SISCAR.
El mismo Congreso que aprobó el 30 de julio una reforma a las leyes de justicia y seguridad que, a través del artículo 51 bis, prohibía a la prensa el manejo de información en esos rubros que no fuera proporcionada por el gobierno, derogará hoy ese artículo por las presiones, sin reconocer que se vulnera derechos constitucionales.
La primera reforma a esta legislación se aprobó el 30 de julio para armonizar ambas legislaciones con el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Sin embargo, entre varias disposiciones, colaron el artículo 51bis dedicado directamente a los medios de comunicación y que va mucho más allá de la protección a los derechos de las víctimas e inculpados de un delito que contempla la Reforma Penal federal.
El artículo 51bis prohíbe el “manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia” y señala que sólo tendrán acceso a este tipo de información a través de boletines de prensa, y ningún funcionario podrá dar informes sin autorización expresa del Procurador. Pero además especifica que “en ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo”.
Es decir, los medios no podrán cubrir notas sobre delincuencia fuera de lo que marque el boletín. Esto atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a saber contemplados por el artículo VI de la Constitución. Los reporteros y asociaciones de periodistas estatales y federales expresaron inmediatamente su rechazo al citado artículo y salieron a las calles en protesta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos amenazó con impulsar un recurso de inconstitucionalidad.
La reacción no se hizo esperar. El 1º de agosto, tan sólo dos días después de la aprobación, la Junta de Coordinación Política presentó una iniciativa para derogar el artículo 51 bis de la ley. Ese mismo día, el diputado del partido Acción Nacional, Miguel Ángel Camacho, presentó otra iniciativa con la misma finalidad, y el 5 de agosto el propio gobernador, Mario López Valdez, turnó una tercera en la misma dirección.
Las tres iniciativas son prácticamente iguales, pero cabe destacar que la tercera, presentada por el gobernador, parece más hecha a regañadientes. De hecho, dice textualmente que el contenido del artículo 51bis “obedece al interés del Ejecutivo estatal de cumplir con lo dispuesto por el Código Nacional mencionado y está en armonía con el espíritu de las diversas disposiciones que regulan a nivel nacional el nuevo sistema de justicia penal”.
Sin embargo reconoce que “en virtud de las inquietudes e inconformidades manifestadas por la sociedad sinaloense (…) y de las consideraciones posteriores hechas por integrantes del Poder Legislativo Estatal, que llevaron a la presentación de iniciativas por parte de Diputados y de la Junta de Coordinación Política buscando la derogación de dicho artículo, se tienen a bien unirnos a la propuesta de derogación”.
Desde el martes 19 de agosto se discutieron las tres iniciativas en Comisiones y dictaminaron la derogación por unanimidad ayer miércoles. La decisión es clara y sin trampas. El anteproyecto del dictamen tiene un artículo único, la derogación y un transitorio único, el que estipula la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico del Estado.
En la discusión en Comisiones, la diputada Sandra Yudith Lara Díaz dijo que el ánimo de los legisladores nunca fue atentar contra el trabajo de los medios de comunicación. “Creo que tenemos la posibilidad de rectificar, reiterando que el espíritu de estas modificaciones que se hicieron, no fue en ningún caso atentar contra la libre expresión y contra el trabajo periodístico que ejercen los medios de comunicación, no fue una modificación que se hizo de mala fe de ninguna manera”, mencionó.
Sin embargo, en la exposición del dictamen que emanó de las Comisiones Unidas no se reconoce que el problema del artículo radique en que vulnera un derecho constitucional y lo plantean como si fuese una afectación a terceros. Es decir lo derogan explícitamente como una concesión a los medios.
Ante ello, la votación en el pleno de hoy puede no ser por unanimidad. Francisco Cuamea, editor jefe del diario Noroeste en Culiacán, no descarta que aún derogándose finalmente, algunos diputados de la cúpula panista voten en contra.
El PAN gobierna Sinaloa en alianza con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pero el jefe del ejecutivo, Mario López Valdez, más conocido como Malova, es ex priísta.
El nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales, que recoge la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado entrará en vigor el próximo 15 de octubre en la Región Centro-Norte del Estado –dividido en 4 regiones–, que comprende los distritos judiciales de los municipios de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Guasave y Sinaloa, tal y como especifica el Periódico oficial del Estado. La Región Centro, con Culiacán a la cabeza, será la última a incorporarlo, el 13 de junio de 2016.
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