AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
Los representantes de los “factores productivos” aceptaron la discusión dentro del “marco legal”, pero eso sí, declinaron aumentar el salario por decreto y estuvieron de acuerdo en que sea la productividad la que se encargue de hacerlo, aunque ésta se encuentra rezagada por décadas.
Eso no es todo. Ambos sectores confiaron en que las llamadas “reformas estructurales” sean la fórmula para que los trabajadores mexicanos mejoren sus sueldos.
“El gobierno de la República y diversos sectores productivos consideran que las reformas estructurales recién aprobadas son fundamentales para el desarrollo del país y sientan las bases para que aumente la competitividad, promueva mayores inversiones, incremente su productividad y genere más y mejores empleos que eleven la calidad de vida de los trabajadores y sus familias” señalaron en rueda de prensa conjunta, donde no se permitieron preguntas de la prensa.
Ahí estuvo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, acompañado por Claudio X. González, líder del Consejo Mexicano de Hombre de Negocios; Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Juan Pablo Castañón de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); así como por Rodrigo Alpizar de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Del lado de los sindicatos estuvieron los líderes de la Confederación de Trabajadores de México, del Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Confederación Regional Obrera Mexicana, Confederación de Trabajadores y Campesinos, así como la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores.
Empresarios y sindicalistas aclararon que “esta discusión debe realizarse dentro de los marcos legales e institucionales establecidos para tal efecto en nuestra Carta Magna y considerar necesariamente el incremento de la productividad y compartir sus beneficios”.
Luego, se comprometieron a mantener e incrementar las inversiones, impulsar la preservación y crecimiento de las fuentes de empleo, elevar la productividad de las empresas y los trabajadores, “así como trabajar con seriedad y profesionalismo para mejorar los niveles de ingreso salarial”.
Consideraron “formalizar el empleo y desvincular al salario mínimo como unidad de cuenta y referencia de otros elementos no relacionados con el ámbito laboral, pues sólo así evitaremos caer en errores del pasado que causaron dolorosas lecciones al país, a los empleadores y los trabajadores”.
Aumento no se debe posponer: GDF
Por la noche, el gabinete económico de la administración de Miguel Ángel Mancera reaccionó ante el respaldo que líderes empresariales y sindicales hicieron a la postura del gobierno federal respecto al aumento del salario mínimo.
En un comunicado, dio la “bienvenida” al desarrollo de una discusión pública sobre el tema y la “voluntad de diálogo” mostrada por diversos sectores de la economía del país.
No obstante, aclaró que la intención del GDF es desplegar una conversación “pública, respetuosa, seria y fundada” rumbo a una nueva política de salarios mínimos.
Reiteró las cifras que se han sostenido desde que se anunció la intención de elevar el salario mínimo en el país: Que sigue siendo el ingreso de casi siete millones de personas en el país, su poder adquisitivo ha caído 75% desde 1977 y es el peor salario mínimo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de toda Latinoamérica.
“Naciones que, contrario a nosotros, ya han instrumentado políticas de recuperación salarial en la última década. Ya no se explica ni técnica, ni económicamente, que países con una menor productividad promedio que la de México puedan sin embargo pagar salarios mínimos mucho más altos”, dijo el gabinete económico local.
El salario mínimo, explicó, no puede seguir como una mera variable, dependiente de otros factores, sino jugar un papel en la productividad y el crecimiento del país.
Destacó las coincidencias con el gobierno federal y los sectrores económicos en el sentido de desindexar al salario mínimo de otros precios, buscar otras políticas que acompañen la medida e inscribir el debate en los órganos constitucionales correspondientes. Y confió en llegar a un “acuerdo nacional” para este mismo año.
Por último, ofreció que todas las discusiones y objeciones legítimas al incremento significativo del salario mínimo tendrán respuesta en el documento que elabora un grupo de especialistas y que a finales de este mes entregará “a todos los organismos e instancias de gobierno implicadas en este debate”.
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