AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
Las acusaciones que pesan sobre el gobernador poblano Rafael Moreno Valle, son cada vez más graves y provienen de actores más poderosos. Con sus anhelos presidenciales duramente vapuleados, el mandatario enfrenta la posibilidad de un juicio político. Ahora, el PRD en el Congreso de la Unión presenta un punto de acuerdo en el que señala la responsabilidad del gobierno de Moreno Valle en la muerte del niño José Luis Tehuatlie y, con testimonios e imágenes, evidencia que sí se aplicó la Ley Bala en la protesta donde ocurrió el homicidio.
Al asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años, y las heridas –algunas incapacitantes– que sufrieron al menos nueve habitantes de Chalchihuapan, se suman las acusaciones de la madre del menor, Elia Tamayo, de que el gobernador trató de comprar su silencio y atropelló sus derechos, además del encarcelamiento injusto de cuatro pobladores y la presunta manipulación de las investigaciones para inculpar a los manifestantes.
Respaldado por fotos y videos que contradicen la versión que ha tratado de sostener el gobierno poblano –afirma que el niño murió por la “onda expansiva” que generó un cohetón lanzado por los propios manifestantes–, el grupo parlamentario del PRD llevó el caso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los perredistas pidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan la indagatoria y revisen si se violaron las garantías individuales de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, quienes fueron desalojados de la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio, cuando pedían la restitución del servicio de Registro Civil en sus comunidades.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1971, ya en circulación)
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