AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
Desde el vienes 12, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, recibió una comunicación enviada por diversas organizaciones civiles mexicanas en la que se documentan los excesos cometidos por tropas del Ejército y policías del estado de Baja California contra ciudadanos de esa entidad en el sexenio calderonista. Los promotores confían en que el organismo internacional asuma el caso y, ante la presunción de que durante la guerra contra las drogas se cometieron crímenes de lesa humanidad, sancione a los responsables. Y dan nombres: elementos y oficiales de la II Región Militar, entre ellos los generales Guillermo Galván y Alfonso Duarte Mujica…
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO DE PROCESO |
El viernes 12, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) entregaron una comunicación a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le piden emitir un pronunciamiento acerca de los crímenes y la violencia durante la administración calderonista.
El propósito, según los promotores, es configurar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante 2006-2012, materia de análisis del organismo internacional.
Ese documento se suma a la veintena de comunicaciones presentadas a la CPI por activistas y organizaciones no gubernamentales, de las que hasta ahora sólo se conocen de manera abierta dos de ellas: la relacionada con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, llevada ante esa instancia en diciembre de 2012, y la que coordinó el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros en noviembre de 2011, signada por 23 mil mexicanos, en la que se responsabiliza directamente a Calderón de las 50 mil ejecuciones, 26 mil desapariciones y los miles de desplazamientos forzados ocurridos a lo largo de su gestión.
El escrito entregado por Sandoval en La Haya daba cuenta de 470 casos de violaciones a los derechos humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas, se pedía también llamar a cuentas por crímenes de guerra y de lesa humanidad al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera –quien se encuentra preso en el penal de alta seguridad del Altiplano–; a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y de la Defensa Nacional durante el sexenio calderonista, Genaro García Luna y Guillermo Galván Galván, respectivamente, “y demás autoridades, militares y narcotraficantes” (Proceso 1830).
El recurso del viernes 12 se suma a otro entregado a Bensouda por la CMDPDH, la FIDH y el Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional en octubre de 2012. Aquel documento daba cuenta de los saldos nefastos de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Calderón y hacía énfasis en la ausencia de castigo a los responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1977, ya en circulación)
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