AUTOR: SARA PANTOJA
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO DE PROCESO. |
Según el documento presentado ante las comisiones del Distrito Federal, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos desde el 13 de diciembre del 2013, la reforma política pretende dos objetivos fundamentales.
El primero es “mantener la condición de la Ciudad de México como capital de la República y sede de los Poderes de la Unión, bajo una regulación constitucional más adecuada a su condición de Ciudad Capital”.
El segundo consiste en “transformar la naturaleza jurídica de la Ciudad de México para que se le reconozca como una entidad federativa integrante del Pacto Federal con todas las facultades constitucionales propias de esa calidad jurídica y dotarla de autonomía constitucional, lo que le permitiría que los capitalinos se den su propia Constitución Política y que cuenten con poderes locales facultados para ejercer el gobierno de la Ciudad, en todo lo concerniente a su régimen interior, sin la intervención de los poderes federales”.
Para que la Ciudad de México se incorpore al Pacto Federal, dice el dictamen, se tienen tres metas. La primera consiste en cambiar su naturaleza jurídica de “Distrito Federal” a “Ciudad Capital”, con autonomía constitucional, en condiciones similares al resto de los estados.
La segunda es tener una nueva relación entre los poderes federales y los estatales y la tercera es transformar el régimen constitucional de la Ciudad de México. Para lograr estos objetivos se deben reformar, según el dictamen, los artículos 41, 43, 44, 122 y 124 constitucionales.
El documento propone crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano para conjuntar acciones y recursos de la Federación, los estados y los municipios de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con el fin de resolver temas de la Megalópolis.
A propósito del régimen interior de la Ciudad de México, propone dotar de autonomía constitucional a la Capital. De esta manera, el Congreso Constituyente tendría facultades para diseñar las instituciones políticas y el régimen de gobierno de la entidad.
Sobre las jefaturas delegacionales, que constituyen el tercer orden de gobierno actualmente, el dictamen plantea crear órganos colegiados de elección popular directa –una especie de alcaldías– que cumplan funciones de supervisión y evaluación del gobierno y del ejercicio del gasto público en ese orden de gobierno.
El dictamen preaprobado en las comisiones del Senado propone reformar 54 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para armonizar todo el texto constitucional al cambio que se propone para la nueva Ciudad Capital.
Este texto derivó de las coincidencias encontradas en un análisis legislativo hecho en el Senado entre las ocho iniciativas de reforma política del DF que han llegado a la Cámara Alta en distintos momentos políticos y administraciones capitalinas.
Se trata de las siguientes iniciativas: De la priista María de los Ángeles Moreno Uriegas, presentada el 29 de abril de 2010; de senadores del PRD, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) y PAN, del 14 de septiembre de ese mismo año y la de los priistas Manlio Fabio Beltrones Rivera, Carlos Aceves del Olmo y María de los Ángeles Moreno Uriegas, del 2 de diciembre también de 2010.
En el 2012, la panista Mariana Gómez del Campo Gurza presentó la suya el 13 de diciembre, mientras que en el 2013 Pablo Escudero Morales presentó dos, el 5 y 10 de septiembre; además de la del Grupo Parlamentario del PRD el 20 de noviembre; la del senador perredista Mario Delgado Carrillo el 28 de noviembre y la de las senadoras panistas Mariana Gómez del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, del 5 de diciembre de 2013.
Niegan acuerdos
Ayer, el presidente de la Comisión del DF en el Senado, el perredista Mario Delgado, aseguró en conferencia de prensa que ya existe un consenso entre el PRI, PAN y PRD para aprobar al menos una parte de la reforma política en este mismo mes.
Se trata de la modificación para que los capitalinos puedan elegir en julio de 2015 a los integrantes de una Asamblea Constituyente que se dediquen exclusivamente a elaborar la Constitución de la Ciudad de México y que esté lista en el 2018. Sería un organismo independiente de los diputados de la Asamblea Legislativa del DF, órgano que, para entonces ya sería un congreso local.
El exsecretario de Finanzas del DF agregó que, en el supuesto acuerdo, se aprobó que las delegaciones políticas ya no tendrían un jefe delegacional, sino que pasarían a una representación de entre 7 y 12 concejales, según el tamaño de su población, como sucede actualmente con las alcaldías. Además, los alcaldes tendrían autonomía política pero no presupuestal, pues ésta dependería del gobierno central.
Delgado Carrillo confió en que la reforma política del DF se apruebe en este mismo mes.
En respuesta, este lunes la senadora panista Mariana Gómez del Campo desmintió a Delgado al aclarar que aún no existe ningún acuerdo para aprobar el dictamen presentado el pasado 13 de diciembre de 2013.
“Hasta ahora no hay un acuerdo para la reforma política del DF consensado por las tres fuerzas políticas”, aseguró en conferencia de prensa.
Agregó que ni siquiera se ha convocado a una reunión entre las comisiones del DF, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en el Senado para hablar al respecto. Sin embargo, mostró disposición para continuar la discusión pero pidió que no se haga “como una camisa de fuerza” ni con prisas; incluso, reiteró su petición para hacer foros de análisis entre expertos del tema.
En la misma conferencia y acompañado de legisladores locales y federales, el presidente del PAN-DF, Mauricio Tabe, acusó que tal como está el dictamen de reforma política del DF se daría más poder al gobierno capitalino para “centralizar” a las jefaturas delegacionales y “ponerles candados” a su autonomía. Ello, agregó, fortalecería a las “tribus perredistas” y olvidaría el mandato de los ciudadanos.
“El proyecto que circula de reformas al artículo 122 Constitucional plantea centralizar el gobierno de las delegaciones. Nos preocupa que sea un instrumento de un partido, de una tribu y no de la ciudadanía”, aseguró.
El líder panista local advirtió que dejar a las delegaciones sin hacienda propia ni autonomía presupuestal fortalecería el mecanismo de control político existente: “Si el delegado no se porta bien, ¿cómo creen que le va en finanzas?”, preguntó.
Por ello, llamó a las fuerzas representadas en el Congreso de la Unión a trabajar para que la reforma se enfoque a democratizar a la Ciudad de México.
Y entre los dimes y diretes, el tiempo corre pues las modificaciones al artículo 122 constitucional deberán hacerse antes del 7 de octubre próximo, fecha en la que empieza el proceso electoral para las elecciones intermedias de julio del 2015, en la que se podrían elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente.
Creada ésta, se podrá comenzar a trabajar en la Constitución de la Ciudad de México con miras a las elecciones del 2018.
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