"Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente", dijo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, luego que se diera a conocer que el 30 de junio elementos del Ejército asesinaron a 21 jóvenes en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO DE SIN EMBARGO. |
El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México“.
“Es muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo Vivanco a The Associated Press.
Mientras en la víspera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el ejército y presuntos narcotraficantes en junio pasado.
La revelación del tiroteo se produjo luego que , el jueves 18 de septiembre, The Associated Press y la revista Esquire, el 17 de septiembre, revelaran que una mujer dijo que vio a soldados matar a tiros a su hija de 15 años en el incidente pese a que la adolescente yacía herida en el suelo. Otras 20 personas fueron muertas a tiros después de haberse rendido, dijo la mujer. Agregó que un joven murió previamente en el choque con los soldados.
El gobierno mexicano aseguró que todos murieron durante un tiroteo con soldados durante un enfrentamiento ocurrido en la mañana del 30 de junio. Esa versión fue puesta en duda, pues de las tropas del gobierno sólo resultó herido un soldado, y las evidencias físicas en el lugar de los hechos apuntan a que hubo asesinatos selectivos.
“Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente”, dijo el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, a la agencia AP.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que la Procuraduría General de la República (PGR) es la encargada de investigar los testimonios sobre el enfrentamiento.
Human Rights WatchMéxico debería asegurarse de que su investigación sobre la muerte de 22 civiles a manos de soldados en un incidente ocurrido el 30 de junio de 2014 sea imparcial y efectiva, indicó hoy Human Rights Watch. La investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular, dijo Human Rights Watch.
Durante un presunto enfrentamiento, militares abrieron fuego y provocaron la muerte de todas estas personas, que se encontraban en el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
“Han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles en Tlatlaya, y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es necesario – y requerido por ley – que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que analice si los soldados actuaron lícitamente, y que valore las evidencias que sugieren que las autoridades habrían actuado indebidamente”.
Si bien un comunicado de prensa sobre el incidente y otras fuentes oficiales indicaron que los soldados respondieron a disparos de los civiles, información creíble que trascendió con respecto a las evidencias forenses halladas en el lugar sugiere que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza. La investigación penal del incidente está en manos de la Procuraduría General de la República, conforme indicó una fuente oficial a Human Rights Watch el 18 de agosto. Los nombres de las víctimas fatales y el estado de avance de la investigación aún no han sido informados por las autoridades.
En un comunicado de prensa difundido el 30 de junio, la Secretaría de la Defensa manifestó que los civiles habían comenzado a disparar cuando vieron a soldados que patrullaban por la zona, y que los soldados “repeli[eron] dicha la agresión”. Los soldados encontraron en el depósito 38 armas de fuego, una granada y varios cartuchos, y liberaron a tres mujeres que afirmaron haber sido secuestradas, señaló el comunicado.
El 1 de julio, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, manifestó que los soldados “en legítima defensa abatieron a los delincuentes”.
Sin embargo, un periodista de Associated Press que visitó la zona tres días después del incidente señaló en un artículo publicado el 8 de julio que había “escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento”, y que solamente encontró unos pocos orificios de bala en las paredes del depósito donde los soldados habrían disparado a los civiles en el enfrentamiento.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también visitó el lugar y documentó el caso. Associated Press informó que dos miembros de ACNUDH habían expresado que no encontraron signos de balas perdidas como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.
El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo a medios locales el 17 de julio que no había “elementos para presumir” que los soldados hubieran ejecutado a los 22 civiles.
“Que los soldados hayan causado la muerte de la totalidad de los 22 presuntos delincuentes y solamente un militar haya resultado herido genera dudas sobre que el uso de la fuerza haya sido proporcional”, observó Vivanco.
Según la Secretaría de la Defensa, 2.959 civiles murieron entre 2007 y 2012 durante incidentes de “agresiones contra personal militar”, pero solamente 158 militares murieron en esos mismos incidentes. Un periódico local informó a partir de datos aportados por fuentes oficiales que 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.
El Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas, adoptado por el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina en mayo, indica que “El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”. El uso de la fuerza solamente se considerará en “legítima defensa” cuando su objeto sea repeler “una agresión real, actual o inminente”.
“Reconocer formalmente estos principios en una nueva normativa no es suficiente”, indicó Vivanco. “Ahora el gobierno de Peña Nieto deberá demostrar que se propone seriamente asegurar que estos principios sean respetados por militares, e investigar de manera exhaustiva los casos en que se sospeche que no lo han hecho”.
La testigo dijo a la AP que el ejército le disparó primero al grupo armado, que se encontraba en una bodega donde se almacenaban granos. Dijo que un hombre armado murió en ese primer tiroteo y que otro, miembro de la presunta banda de narcos, y su hija adolescente, quedaron heridos.
El resto de los hombres se rindieron con la promesa de que su integridad física fuera respetada, dijo la testigo que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Luego de la rendición la adolescente, Erika G., yacía boca abajo en el suelo, con un balazo en una rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho antes de ser puesta nuevamente boca abajo, afirmó la madre.
Luego, el hombre herido en el tiroteo inicial, que yacía al lado de Erika, corrió con la misma suerte, según la testigo. “Un militar lo paró al muchacho y lo mató”, dijo la mujer que afirmó que había ido a la bodega la noche anterior a rescatar su hija del presunto grupo criminal al que aparentemente se había unido.
Los soldados interrogaron al resto de los miembros de la banda al frente de la bodega, y luego los llevaron a su interior de uno en uno, dijo la testigo. Desde donde estaba viendo, justo fuera de la bodega y bajo custodia del ejército, la mujer oyó los disparos y los gemidos de los moribundos.
Una semana después de la muerte de los 21, reporteros de The Associated Press visitaron y tomaron fotos de la bodega donde fueron encontrados los cuerpos y encontraron poca evidencia de que hubiera ocurrido un prolongado tiroteo. Había pocas marcas de disparos y ningún casquillo.
Al menos en cinco lugares de las paredes interiores aparecía un mismo patrón: una o dos marcas de balas rodeadas por salpicaduras de sangre, lo que da la apariencia de que algunos de los muertos fueron puestos de pie, arrinconados contra la pared, antes de recibir uno o dos tiros, precisos, a la altura del pecho.
Después de la historia de la AP, la Procuraduría de Justicia de México aseguró en un comunicado que “no tiene indicio alguno sobre una posible ejecución” y que encontró elementos balísticos de que efectivamente hubo un fuego cruzado.
El gobierno del estado se rehusó a entregarle a la AP los informes de las autopsias de los muertos y elevó los documentos a la categoría de secreto de estado y los privilegió con una reserva por los siguientes nueve años, luego de que la agencia noticiosa interpusiera una petición de información, garantizada por la ley de transparencia.
Ante una petición similar en julio, la Procuraduría General de la República respondió que los informes no existían.
Entrevistados por separado, familiares de otras tres víctimas y un médico que vio el cuerpo de Erika dijeron que las heridas que vieron eran consecuentes con el relato de la madre de la quinceañera sobre la manera cómo fueron asesinados los miembros de la banda. Ella había dicho que los soldados les dispararon a los presuntos criminales para incapacitarlos y que luego los mataron a tiros en el pecho.
El certificado de defunción de Erika, que fue visto por los reporteros de AP, confirmó que la joven murió el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, donde las muertes tuvieron lugar, a causa de las heridas de bala que recibió. El certificado no ofrece detalles sobre la balística o el tipo de arma utilizada.
En las lápidas de otros dos de los fallecidos, Marcos S., de 20 años, y su hermano, Juan José S., de 18 años, registran como la fecha de deceso el 30 de junio.
Entrevistado por separado, un adolescente, en el poblado cercano de Ixcapuzalco, dijo que su hermano mayor era parte de los 21. Aseguró que al ver su cuerpo, había una herida de bala en su pierna izquierda que “destruyó su rodilla” y un tiro en la espalda que salió por el pecho. Su relato no pudo ser corroborado de manera independiente.
Ninguno de los familiares quiso ser identificado por temor a represalias. El ejército y Procuraduría del Estado de México se han rehusado a dar a conocer una lista con los nombres de las víctimas. Human Rights Watch ha pedido que el caso se investigue a fondo y que la testigo sea protegida.
Según la madre de Erika, el tiroteo del 30 de junio fue iniciado por el ejército, en violación de sus propias reglas de combate que sólo permiten a los soldados abrir fuego contra civiles armados si éstos disparan primero o si la vida del personal castrense o de los civiles está en riesgo. La Secretaría de la Defensa Nacional no había respondido a una petición para comentar sobre las acusaciones de los familiares.
La Procuraduría General de la República señaló que hay una investigación abierta sobre el incidente, pero que hasta ahora no ha encontrado evidencias que corroboren los dichos de la testigo, cuya versión fue reportada originalmente por la revista Esquire Latinoamérica.
La madre habló hace unos días con enojo sobre la muerte de su hija y aún mostraba algunos signos de trauma y conmoción. Dijo que pasó la noche sin dormir sentada en una pila de ladrillo luego que llegó a la comunidad, el 29 de junio, para intentar llevarse a su hija que había escapado.
La joven estaba involucrada con malas compañías, dijo, y comentó que el grupo había viajado desde la comunidad de Arcelia, en el estado sureño de Guerrero, hacia San Pedro Limón, en el vecino Estado de México, armados y a bordo de tres camionetas. Todos eran adolescentes y jóvenes de poco más de 20 años. Poco se sabe acerca de lo que la pandilla estaba haciendo o qué había estado haciendo días antes de los tiroteos.
Autoridades locales dijeron que Arcelia está controlado por el cartel La Familia, un grupo narcotraficante que fue desplazado del estado de Michoacán, donde fue creado. El jefe local de la organización, conocido como “El Pez”, controla zonas entre Arcelia y San Pedro Limón, localizadas en un área conocida como Tierra Caliente. El tráfico de drogas y las confrontaciones con el ejército han ocurrido allí por décadas. En la zona la gente cultiva y trafica marihuana y amapola y la violencia es común.
Hace poco, seguidores de un grupo criminal bloquearon las carreteras y quemaron cuatro camiones de Coca Cola, lo que forzó a la compañía de bebidas a cerrar su centro de distribución en Arcelia. Periodistas locales dicen que han recibido amenazas por publicar historias que no les gustan a los líderes de los carteles locales.
No hay claridad sobre si a la AP se le permitió reportear libremente en la zona porque la historia no es favorable con el ejército. Pero miembros de la banda criminal aparentemente vigilaron de cerca a los periodistas de la AP cuando visitaron la región. Durante la entrevista con la madre de una niña que apareció muerta en un estacionamiento, un joven apareció en el lugar, se recargó en una camioneta y permaneció mirando fijamente a los reporteros hasta que se fueron del lugar.
La zona es patrullada por soldados y marinos. Cuando los reporteros de AP fueron a un partido en una cancha de fútbol a entrevistar a uno de los familiares de dos hermanos muertos en el incidente, tres marinos aparecieron y permanecieron a la vista. Al final, el aparente oficial se acercó y le dijo a los periodistas: “ahora me toca entrevistarlos a ustedes” y preguntó qué era lo que hacían y dónde se iban a quedar.
Poco después, a la salida de la cancha, otro marino tomó fotografías a los reporteros así como a sus credenciales de prensa.
Cuando recuerda la mañana de la muerte de su hija, la madre dijo que la confusión se apoderó afuera de la bodega antes de amanecer cuando uno de los jóvenes armados apareció gritando “ya nos cayeron los contras”.
Era una patrulla del Ejército mexicano. Soldados prendieron un reflector y abrieron fuego hacia la bodega; los jóvenes respondieron y se dio un enfrentamiento, dijo la mujer. Los soldados les gritaron después que se rindieran y que no les pasaría nada. Los jóvenes salieron con sus manos en la nuca, aseguró la mujer. Los soldados llevaron a la madre a un cuarto a medio terminar en la bodega, junto con otras dos mujeres y dos jóvenes que habían dicho que eran víctimas de secuestro.
Desde ahí y bajo la custodia de los militares, ella sólo pudo mirar algunas cosas de reojo y escuchar lo que siguió a continuación. Dijo que los soldados “hirieron” a algunos, al parecer disparando a sus piernas, antes de matarlos.
“Pues me quedé en shock… de ver tanto”, dijo la madre, quien comentó que a algunos les dispararon de pie y a otros los pusieron de rodillas.
Después de un par de horas, los dos hombres que se habían hecho pasar como secuestrados fueron separados de las tres mujeres, tomados en custodia por los soldados y ultimados aparentemente porque no creyeron que habían sido plagiados.
En un comunicado de prensa inicial, el ejército dijo que rescataron a tres mujeres que habían sido víctimas de un secuestro. La madre dice que ella era una de esas tres mujeres y que fueron llevadas a la capital del estado de México, Toluca, y que fueron puestos en custodia de fiscales del estado. Aunque en ese comunicado de prensa el ejército describió a las tres mujeres como víctimas de secuestro, las otras dos fueron detenidas de inmediato.
La madre de Erika dijo que fue fotografiada junto a las armas confiscadas a la banda y dijo que también sería arrestada si no cooperaba con las autoridades y si no confirmaba su versión de lo sucedido en la madrugada del 30 de junio. Ella dijo que no sabía el nombre de la agente que le dijo eso, pero la describió como una mujer alta, de cabello muy corto, que constantemente sostenía un cigarrillo. Posteriormente, fue trasladada a la unidad de la delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, y finalmente puesta en libertad sin cargos.
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