Por unanimidad, los siete partidos políticos representados en San Lázaro avalaron el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política que encabeza el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera. En él se exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR) a “atraer el caso”, algo que ya asumió su titular, Jesús Murillo Karam.
Además, se pide a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indague sobre los hechos y determine si hubo violaciones a garantías fundamentales.
Legisladores de PT, MC, Panal, PRD y PVEM hablaron en pro del punto de acuerdo, condenando también los hechos, aunque resultó una sorpresa –por ser aliado del partido en el gobierno– la postura del representante del Verde Ecologista, Felipe Camarena García, quien sostuvo que hubo “abuso de poder, alevosía y ventaja” de las fuerzas castrenses.
“Nos llaman poderosamente la atención las graves implicaciones que tienen los hechos acontecidos el 30 de junio anterior en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde perdieron la vida 22 personas, en donde las contradicciones sobre los hechos acontecidos son manifiestas, ya que las versiones de testigos, de fuentes periodísticas y de Fuerzas Armadas no coinciden”.
En cualquier caso, fustigó el diputado del PVEM, “la muerte de una persona por vulneración a sus derechos humanos lastima, pues además de lacerar la esfera jurídica de las personas, le roba a la sociedad su seguridad y su tranquilidad”.
Los lamentables hechos de Tlatlaya se potencian, añadió, “cuando se ven involucradas las fuerzas militares, pues ello implica un abuso de poder con una alevosía y una ventaja, ya que los cuerpos castrenses fueron adiestrados para enfrentamiento en sus diversas modalidades. En cambio, la mayoría de las personas, quienes integran la sociedad civil, no”.
Y prosiguió Camarena García:
“Pero las agravantes descritas se agudizan más en la medida en la cual se identifica como ejecutor de la vulneración de la vida a un órgano del Estado, pues éste está para procurar a los derechos de cualquier tipo y no para suprimirlos. Se debe recordar que la primera función del Estado, y la más importante, es proveer la paz y la tranquilidad, implicado en ello la seguridad de todos los mexicanos”, recordó el diputado del PVEM.
A su vez, el vicecoordinador de MC, Ricardo Mejía Berdeja, recordó que “hasta Nueva York persiguió esta masacre a Enrique Peña Nieto”.
También resaltó que fue una agencia noticiosa de Estados Unidos y organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) quienes pusieron el tema sobre la mesa, debido a que “las versiones originales de la Defensa Nacional eran que se había eliminado a estos presuntos delincuentes en un enfrentamiento”.
Luego dijo estar de acuerdo con la creación de un grupo plural para el caso, pero manifestó sus dudas sobre el actuar de la CNDH, pues su presidente (Raúl Plascencia) ha sido deplorado por defensores de derechos humanos, ya que se apresuró a legitimar la tesis del enfrentamiento.
En tanto Lilia Aguilar, del PT, sostuvo que lo acontecido en Tlatlaya es una muestra “de lo que está sucediendo en este país y en su política interior”. Incluso, dijo que es tiempo de reconsiderar el papel de las fuerzas castrenses en el ataque al crimen organizado.
“Tlatlaya no sólo es la muestra de botón, sino es claramente un asesinato que no debiera suceder en países democráticos como México”, señaló.
Tampoco hay claridad, añadió, si el tema lo tendrá el Ejército o la PGR, pues el primero ya informó que tiene arraigados en el Campo Militar Número Uno a ocho soldados por la masacre.
Finalmente, el diputado por el PRD y representante del distrito federal que tiene cercanía con Tlatlaya, Catalino Duarte Ortuño, destacó que fue su partido el que sugirió y demandó la creación del grupo de trabajo, pues “es indudable que este hecho lacera, nos coloca en una situación difícil por la violación de garantías constitucionales, derechos humanos.
“Valdría la pena, señor presidente de la República, su intervención, a efecto de que no sea el fuero federal quien intervenga en este asunto, puesto que los elementos que presumiblemente participaron en esto hechos delictivos son del Ejército Mexicano”, acotó.
También recordó que ya la Cámara aprobó que no se escudará el Ejército en el fuero, “y cuando un militar comete un delito del fuero común debe ser juzgado, debe ser investigado por las autoridades del fuero común, como debe ser en este caso”.
Por último, advirtió que “nadie está facultado para privar de la vida a otro de ninguna forma. Es un hecho que establece nuestra Constitución, y si bien estas personas formaban parte de grupos delictivos, tenían en su poder armas y droga, debieron ser puestos a disposición de la autoridad competente, y aún esperamos que no sea cierto el hecho de que los privaron de la vida”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES
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