AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
 |
| IMAGEN TOMADA DE PROCESO |
En el Foro por la Libertad de los Presos Sociales y el Cese a la Represión en Puebla, realizado en el auditorio de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), los participantes acordaron conformar un comité ciudadano-apartidista para pugnar por la libertad de las 33 personas encarceladas en el estado por ejercer su derecho a la protesta.
El comité quedó conformado por académicos de la UAP, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA), así como abogados y personas sin filiación.
Durante el foro, los asistentes escucharon distintos testimonios de personas víctimas de atropellos, injusticias y abusos por parte de la administración morenovallista.
El abogado Raúl Rodríguez, defensor del líder campesino Abraham Cordero, lo resumió así: “En Puebla, la justicia se aplica como si se tratara de la elección de un comprador en un catálogo, pues el gobernador ordena a la Procuraduría, al Judicial y hasta al Legislativo ‘quiero que encarceles a este y ve de qué lo puedes acusar’”.
Disparo a quemarropa
Uno de los casos más dramáticos expuesto en la reunión fue el de Hugo Jiménez, habitante de San Bernardino Chalchihuapan, quien perdió el ojo izquierdo el pasado 9 de julio, el mismo día que el niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue herido de muerte durante un operativo de desalojo hecho por policías estatales en la Autopista Puebla-Atlixco.
Jiménez narró que ese día ni siquiera participó en la protesta, pues acudió a una junta de padres de familia en la escuela primaria de su hija en el vecino poblado de Chipilo y regresó en un taxi, junto con sus dos hijas y esposa a su casa en Chalchihuapan.
Como la carretera estaba cerrada por la manifestación –los pobladores exigían la restitución de las que las oficinas del Registro Civil a las comunidades–, Jiménez y su familia tuvieron que caminar por el puente para llegar hasta el poblado. Fue cuando los policías empezaron a disparar “a quemarropa” contra los pobladores.
“Nos querían matar”, dijo. Él y su familia corrieron para escapar de la agresión. En un momento que volteó para medir a que distancia estaban los granaderos vio el cartucho metálico de un gas lacrimógeno que se dirigía hacia su cara.
Aseguró que los policías le dispararon aunque estaban a menos de ocho metros de distancia y acompañado de sus hijas y su esposa.
En entrevista, contó que los lentes que usaba le salvaron la vida. “El doctor me dijo que eso fue lo que amortiguó el golpe, de otro modo yo estaría muerto como el niño (José Luis Tamayo) y el gobierno estaría diciendo que morí por un cohetón. Pero estoy vivo para contarlo: fue un cartucho que me dispararon los policías a quemarropa”.
Desde ese día, ningún funcionario gubernamental lo ha buscado para ofrecerle apoyo, aunque la administración de Moreno Valle ha pregonado que ha brindado ayuda a las víctimas de ese operativo. Por el contrario, Jiménez aseguró que en Chalchihuapan se difundió la versión de que, quien acusara a la policía por lo ocurrido, sería encarcelado.
En el foro participaron Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras detenidos aquel 9 de julio y encarcelados durante casi un mes.
Aunque durante la investigación se confirmó que fueron detenidos antes de la trifulca entre pobladores y policías, a los cuatro se les dictó auto de formal prisión para tratar de responsabilizarlos por la muerte del niño Tamayo Tehuatlie. La madre del menor aseguró que el Ministerio Público la presionó para acusarlos por la muerte de su hijo.
Acusaciones acomodadas
Lucina Quintero, hija de la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas, denunció que a cinco meses de estar encarcelada por oponerse a la construicción del Gasoducto Morelos, la salud de su madre se ha deteriorado y en el penal de Atlixco dificultan el ingreso de medicamentos para que se atienda. “¡Parece que quieren que se muera!”, reclamó.
Avelino Velázquez, presidente de Bienes Comunales de San Juan Amecac y perseguido político por su oposición a esa obra –tiene una orden de aprehensión en su contra, acusado junto con Enedina Rosas y Juan Carlos Flores Solís, de robar dos celulares a un empleado de la empresa constructora Bonatti— compartió su testimonio.
El pasado 7 de abril, más de 30 camionetas y vehículos con policías estatales vestidos de civil y con el rostro cubierto, irrumpieron en su casa para detenerlo, pero no lo lograron pues a esa hora estaba trabajando en el campo. Al no encontrarlo, los policías causaron destrozos con los muebles de su vivienda.
Velázquez aseguró que tiene testigos, incluso fotografías, de que aquel día participó en una peregrinación del Señor de Chalma en San Juan Amecac. En tanto, Flores Solís, dijo que ya demostró que el día del supuesto robo estuvo en una reunión con funcionarios del gobierno estatal.
Pese a las evidencias de que los tres acusados estuvieron en lugares distintos el día del supuesto hurto, el proceso en su contra y la amenaza de cárcel sigue vigente. “Nada más porque el gobierno así acomoda su acusación”, reclamó Velázquez.
Agregó que desde abril, cuando el gobierno poblano inició la persecución contra los opositores al Gasoducto, ya no es libre para trabajar en el campo como lo hacía antes, por temor a que la policía lo arreste. Su esposa se ha tenido que hacer cargo de la manutención de la familia, incluida su suegra, de más de 80 años y sus dos hijos, uno de ellos con Síndrome de Down.
El ejidatario acusó que las acusaciones en su contra son totalmente fabricadas y que la persecución responde a que él obedeció a la asamblea de su comunidad que determinó rechazar el paso del gasoducto por sus tierras.
“¿Cómo es posible que el gobierno (de Moreno Valle) persiga a quien defiende su tierra y a su gente? Nos toman como contrarios, cuando él (gobernador) aparece en la televisión. Yo digo que todo lo que él dice es falso, porque nunca permite que salga que hay gente inconforme con las obras que hace”, declaró.
Por un “like”
En el Foro por la Libertad de los Presos Sociales y el Cese a la Represión en Puebla también participaron Néstor López Espinoza, Eduardo Salazar Velázquez e Iván Izasola Vázquez, detenidos de manera violenta e incomunicados por la policía estatal debido –según su testimonio–, a que le dieron “like” o “me gusta” a una invitación en redes sociales para protestar contra el presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a su dicho, el gobierno estatal los acusó de planear “actos de terrorismo” para boicotear los festejos del 5 de mayo, a los que acudiría el mandatario federal.
Una integrante de #YoSoy132 Puebla acusó que posiblemente la convocatoria a la manifestación fue parte de una estrategia del gobierno de Rafael Moreno Valle para encarcelar a algunos activistas y dividir el movimiento, que en ese entonces había tomado fuerza en Puebla.
También acudió Faustino Cortés Saldaña, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), quien denunció que familiares del activista indígena Antonio Esteban Cruz han sido hostigados luego de su asesinato.
Acusó que semanas después del homicidio del hombre, uno de los principales opositores a la construcción de la hidroeléctrica Cuamono en el municipio de Cuetzalan, llegó un hombre con corte de pelo tipo militar para hablar con el hijo mayor del líder campesino, Rodrigo Esteban Mora.
“Le advirtió que si no retiraba los cargos contra las personas detenidas por la muerte de su padre a ellos les pasaría lo mismo”, relató.
Durante el foro compartieron sus experiencias mototaxistas que fueron detenidos por reclamar su derecho a trabajar; habitantes de Atzizihuacan que protestaron por las elecciones locales; pobladores de Cacalotepec que se manifestaron por el mal servicio del transporte colectivo metrobús, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario