AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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| IMAGEN TOMADA DE PROCESO. |
La CIDH, a través de la Relatoría de Libertad de Expresión, condenó el ataque ocurrido en las oficinas de El Heraldo en Silao, Guanajuato, el jueves 4, y recordó que la violencia contra el gremio periodístico en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina”.
“La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el ataque (contra Silva Guerrero) habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión de la periodista”, se señala en un comunicado difundido este martes.
Los elementos que indicarían que la agresión a la periodista se deriva de su labor son los testimonios de los trabajadores del medio, así como los de la víctima, y que fueron incluidos en una denuncia formal ante el Ministerio Público, se apunta.
La Relatoría Especial destaca que, de acuerdo con la información recibida, “varios individuos habrían llegado a la oficina de la periodista en horas de la tarde y la habrían golpeado brutalmente mientras le hacían comentarios respecto de sus notas periodísticas”, mismas que “suelen ser críticas con la administración local, situación por la que habría recibido reclamos”.
La oficina de la CIDH resalta que, además de la comunicadora, la asistente de la oficina de El Heraldo también fue agredida, en tanto que los atacantes además dañaron muebles y equipo en esas instalaciones.
Al señalar que el Estado mexicano notificó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, inició una investigación, la Relatoría Especial exigió llegar al fondo del caso.
“La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del ataque y poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para proteger a la periodista”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también recuerda al Estado mexicano que, de acuerdo con la Declaración de Principios sobre la Liberad de Expresión, tiene la obligación de prevenir e investigar agresiones tales como “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación”, hechos que violentan “los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión”, de ahí el deber de “sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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