AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
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| IMAGEN TOMADA DEL SITIO WBE DE PROCESO. |
García Chávez explicó que, con información que ha recabado de diferentes ciudadanos que no se han atrevido a denunciar por temor, se pueden presumir actos violatorios de la legislación bancaria y los correlativos según la legislación penal del estado de Chihuahua.
El 21 de marzo fue aprobada por la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la creación del Banco Progreso de Chihuahua SA, del cual Jaime Herrera, titular de Hacienda, es funcionario, mientras que el denunciante asegura que el mismo gobernador es uno de los principales accionistas.
“Como punto de partida de los hechos que se consideran delictivos aparece en primer término la adquisición de 15% de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua”, detalló.
Esa institución bancaria es una fusión de Unión de Crédito Progreso SA, Akala SA de CV, Sociedad Financiera Popular y Unica Casa de Cambio SA”.
El activista explicó que en plena instauración del programa de austeridad anunciado desde el año pasado por el gobierno estatal, y que costó mil 500 despidos de servidores públicos, a través de la Secretaría de Hacienda estatal se invirtieron unos 802 millones de pesos en la Unión de Crédito Progreso.
Sin embargo, a la fecha se desconoce si esos recursos fueron reintegrados al gobierno del estado a su vencimiento, o si como inversión continúa de manera contable en las cuentas bancarias que ese banco tiene asignadas a sus clientes.
También dijo que la participación accionaria, tanto de Duarte Jáquez como de su esposa Bertha Olga Gómez Fong, se evidencia con el contrato de fideicomiso 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el notario público número 6, en noviembre de 2012.
Duarte y su esposa aportaron 65 millones de pesos con el objetivo de que la fiduciaria (Banco Mercantil del Norte SA efectuara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua SA de CV.
Esa cifra la contrastan con el sueldo oficial de Duarte, que es de más de 120 mil pesos al mes, con lo que el priista no puede justificar esa inversión, ya que anteriormente fue vendedor de autos usados, luego dirigente de la CNC, diputado local y federal.
Asimismo, dijo que el secretario de Hacienda estatal maquinó esa estrategia financiera ilícita, por lo que es cómplice en el entramado financiero.
“Se tiene conocimiento que ese monto de 802 millones de pesos invertidos por instrucciones del gobernador e implementado por su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, fue la base para el fondeo obtenido por la Unión para la adquisición de un crédito que grupo financiero Scotiabank Inverlat SA (Scotiabank) tenía contra el deudor hotel Soberano.
En el caso de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, presidente de la JCAS, el abogado Jaime García Chávez explicó que el funcionario también tiene una inversión en Unión Progreso de entre 6.55 y 9.20%.
Luego de conocerse la denuncia, por parte del gobierno del estado no hubo versión de respuesta, mientras que la Unión de Crédito Progreso indicó que César Duarte no es ni ha sido socio mayoritario y tampoco ejerce algún cargo directivo.
La institución financiera también sostuvo que Carlos Hermosillo no es ni ha sido socio.
Asimismo, aclaró que la institución bancaria no es propietaria, inversionista o accionista del hotel Soberano, y que dicho inmueble es propiedad desde su origen de la sociedad mercantil Chihuahua Real de Hoteles, según consta en el Registro Público de la Propiedad.
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