AUTOR: J. JESÚS LEMUS.
Durante años, las instituciones de asistencia social en Michoacán operaron en la opacidad y sin rendir cuentas. Tras el caso de la Gran Familia en Zamora, las cosas están empezando a cambiar.
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| FOTO TOMADA DE REPORTE INDIGO. |
El laxo gobierno estatal y la obsoleta normatividad legal que había prevalecido en los últimos años en el estado, permitió que estas instituciones florecieran como negocio.
La opacidad con la que se conducen los patronatos de asistencia privada –tanto en lo económico como en la operatividad y el trato hacia los grupos que atienden- no había permitido conocer si existen más casos como el de Mamá Rosa en Zamora.
Sin embargo, ahora que todavía está fresco en la memoria de los michoacanos el horror descubierto en la casa hogar de la Gran Familia, el Gobierno Federal ha solicitado al gobierno estatal de Michoacán que se haga una revisión a fondo de los albergues e instituciones de asistencia social que operan en la entidad.
La petición de la Federación está fincada en 11 denuncias de violación de garantías individuales que obran en poder de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Y es que fue precisamente una denuncia presentada ante la CNDH –que reclamaba la libertad de una persona- la que hizo posible que se revisara el interior de la casa hogar de Mamá Rosa.
Fuentes oficiales del interior del gobierno de Michoacán han señalado que en los próximos días iniciarán trabajos de revisión al interior de al menos 35 instituciones de asistencia privada en la entidad, en donde tienen bajo su cuidado a personas que no se pueden valer por sí mismas.
La revisión a las instituciones de asistencia social en la entidad, según se filtró, se hará en dos vertientes: se revisarán los esquemas financieros sobre los que se finca la labor de asistencia a grupos vulnerables, y se verificarán las condiciones físicas en las que viven los niños de albergues, los ancianos de los asilos y los adictos en rehabilitación de los anexos.
La iniciativa de la Federación para revisar la forma y el fondo en el que operan los organismos de asistencia social, se llevará a cabo a través de la comisión que encabeza Alfredo Castillo, con el apoyo de la Fuerza Ciudadana, la nueva policía estatal de Michoacán.
Actuará el gobierno
Las primeras acciones del gobierno estatal de Salvador Jara para regular la caótica prestación de servicios asistenciales privados, ya se anunciaron.
Se depurará el padrón de organismos que no cumplen con los requisitos mínimos para la atención de grupos vulnerables.
De acuerdo al anuncio hecho por la presidenta de la Junta de Asistencia Privada del gobierno estatal, María Leticia Vásquez Álvarez, muchas de las organizaciones que ofrecen servicios de ayuda a la comunidad tendrán que ser retiradas del padrón de financiamiento.
En el listado oficial del gobierno de Michoacán están registradas 416 instituciones, pero en la entidad operan un total de 658 organismos asistenciales.
Por lo pronto se anunció el recorte de 70 organismos civiles, los que –a decir de la funcionaria estatal- han dejado de lado el objetivo de servir a la sociedad, además de que existen quejas entorno a la forma en que vienen operando.
No se sabe si el recurso que se destinaba a las organizaciones que se habrán de borrar del padrón se reorientarán a los organismos asistenciales que subsistan, pues en el gobierno estatal se sabe que al menos 10 orfanatorios trabajan con números rojos, pero cumplen con una labor que no puede realizar la Federación ni los gobiernos locales.
Una mano desde la opacidad
Actualmente Michoacán tiene en operación al menos 658 albergues, anexos para adictos, asilos para ancianos, organismos de primeros auxilios, casa de apoyo a mujeres embarazadas y centros de ayuda a migrantes.
Menos del 10 por ciento de estas instituciones cuentan con el aval del gobierno estatal o federal. El resto nadie sabe cómo operan, pero todos cuentan con recursos económicos oficiales.
Aunque la parte de fondos con los que se sostienen a los organismos de asistencia privada no se otorgan en forma oficial, pues se destinan en forma directa por los funcionarios locales de primer nivel que siguen manejando a discreción la tesorería estatal, razón por la que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya ha hecho recomendaciones al Gobierno del Estado.
Para completar sus ingresos estas organizaciones aplican “cuotas de recuperación” a la población que solicita los servicios ofertados o colectar fondos en la vía pública.
La opacidad es otra de las características de los organismos asistenciales privados en Michoacán: ninguna organización civil rinde cuentas de sus actividades sociales y financieras. La mayoría operan sin patronato de vigilancia formalmente constituido y todos mantienen cerradas sus instituciones a la supervisión oficial.
El negocio de la asistencia social
Una gran parte de las denuncias presentadas ante la CEDH en contra de los organismos de asistencia social en Michoacán se fincan en los cobros ilegales y exagerados cambio de la prestación de sus servicios que oficialmente serían gratuitos.
En la mayoría de los anexos para adictos se aplica la tarifa de 2 mil a 7 mil pesos por tratamiento por interno. Si el adicto requiere de atención médica ordinaria, el costo corre también por cuenta de los familiares. En Michoacán funcionan 128 anexos de este tipo.
De los 14 asilos para ancianos que operan en la entidad -la mayoría atendidos por personal de la Iglesia Católica- se aplican cuotas de hasta 2 mil pesos por persona. Los costos de medicamento también son cargados a las familias.
En muchos de esos centros asistenciales no aceptan el ingreso de ancianos en condición de calle, por no tener quién responda económicamente por ellos.
Pero son las instituciones que se ofrecen como rescatistas, voluntarios de protección civil y de traslado emergente de enfermos las que más cobran por sus servicios y, paradójicamente, las que más fondos oficiales reciben.
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