Como ha ocurrido con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el propio Consejo General del INE, los ciudadanos han sido marginados por contubernios entre los partidos políticos y, ahora, en la integración de los órganos electorales locales por los propios consejeros electorales.
A unos días del inicio formal del proceso electoral 2015, este domingo 7 de octubre –año en que se renovarán la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas–, en el INE se aprobará, este martes 30, una lista de consejeros locales donde pululan priistas encubiertos y de la burocracia electoral sólo comprometidos con quienes los designaron.
Nada bueno augura este reparto.
Por eso un grupo amplio de organizaciones y personalidades comprometidas con la democracia han manifestado, con razón, su alarma por el desaseado proceso de de selección y designación de los integrantes de 18 nuevos Organismos Públicos Electorales (Oples), en particular quienes provienen de la estructura electoral, refugio de priistas embozados.
En una carta enviada al presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien mañana martes conducirá la sesión en que los 11 consejeros votarán las 18 listas integradas por la Comisión de Vinculación, presidida por Marco Antonio Baños –identificado con los intereses del PRI–, los ciudadanos admiten que, si bien los servidores electorales son ciudadanos, no todos tienen una trayectoria social ni compromisos democráticos que garanticen su imparcialidad.
“Desafortunadamente –recuerdan–, muchos de ellos se han formado en la vieja cultura política que no resiste la seducción del Príncipe y frecuentemente es dúctil a sus designios, aunque éstos sean contrarios a la ley y a la ética”.
Por ejemplo, sólo 76 de 124 ciudadanos seleccionados para integrar los Oples no tienen vínculos con algún organismo electoral, federal o estatal. Es decir, 40% de los consejeros propuestos y que este martes podrían ser avalados por el Consejo General del INE están vinculados con la burocracia electoral.
Pero si estos funcionarios electorales tienen un sesgo partidista que hace temer que no actúen conforme a los principios de imparcialidad e independencia que el árbitro electoral debe observar, hay casos de inobjetable compromiso partidista por sus vinculaciones políticas y acreditada militancia como priistas puros y duros.
Aunque a lo largo del proceso las listas de prospectos se fueron depurando, por su propia incapacidad o por observaciones de la oposición, en la lista final de 126 consejeros de los Oples se colaron numerosos priistas, embozados o descarados.
Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Nuevo León son realmente de escándalo.
En Chiapas, cinco de siete consejeros tienen una relación directa con la coalición PRI-Verde que gobierna el estado: Lourdes Morales Urbina, propuesta como presidenta, María del Carmen Girón y Margarita López Morales, así como los esposos Lily de María Muñoa Chang y Ricardo Aguilar Estrada.
El es allegado a Jorge Mario Lescier, colaborador del CEN del PRI, y su mujer es cercana a Fernando Castellanos Cal y Mayor, presidente del Partido Verde en Chiapas, quien colocó también a otros de sus allegados: Carlos Domínguez.
En Oaxaca también cuatro de los siete consejeros propuestos tienen algún vínculo con el PRI: El presidente que se propone, Gustavo Meixueiro Nájera, fue secretario técnico del Comité del Centro de Estudios y de Opinión Pública del Congreso, en 2003, cuando su presidente era José Antonio Hernández Fraguas, nada menos que actual representante del PRI ante el INE.
Más aún, Meixueiro fue secretario particular de Hernández Fraguas en la Secretaría de Administración durante el gobierno del priista Ulises Ruiz Ortiz.
Los otros tres propuestos para consejeros con supuestos nexos priistas son Filiberto Martínez Chávez, Nora Hilda Urdiales Sánchez y Elizabeth Bautista Velasco.
En Tabasco, tres de los siete consejeros propuestos por la comisión presidida por Baños no sólo tienen proclividad priista, sino vínculos con Andrés Granier, el exgobernador encarcelado por corrupción:
Luisa Fernanda Viveros Vidal, propuesta como consejera presidenta del órgano local, fue representante del PRI en el proceso electoral 2012; Claudia del Carmen Jiménez López fue subdirectora de Comunicación Social en el gobierno de Granier en el ayuntamiento de Centro, y David Cuba Herrera fue director jurídico de la Secretaría de la Contraloría estatal en el sexenio de Granier Melo.
En Nuevo León, donde habrá elecciones de gobernador, al menos tres de siete consejeros tienen vínculos con el PRI: Mario Alberto Garza Castillo, propuesto como consejero presidente por siete años, fue asesor de Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila, vinculado al diputado federal Abel Guerra Garza y a la senadora Cristina Díaz, ambos del PRI.
También Miriam Hinojosa Dieck, quien trabajó para el exgobernador José Natividad González Parás; Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, quien participó en la campaña del actual gobernador de Rodrigo Medina y su despacho está vinculado con el de Humberto Medina Aislie, padre del mandatario estatal.
San Luis Potosí es un caso curioso: Rodolfo Aguilar Gallegos, propuesto como consejero presidente e identificado con el PAN, ya encabezó el órgano electoral en dos periodos y fue el responsable del error del PREP que, en 2009, provocó dudas en la elección de gobernador.
Y en ese estado, como en Chiapas, se ha propuesto que dos parientes sean consejeros: César Porras Flores y Dennis Porras Guerrero son padre e hija, identificados como proclives al PRI, lo mismo que Laura Elena Fonseca Leal, a su vez hija del exgobernador priista del estado Guillermo Fonseca.
Hay más casos, pero los enumerados sólo ilustran que el proceso de selección tuvo un claro sesgo a favor de un partido político y de la burocracia electoral, a costa de ciudadanos de acreditada independencia.
Malos augurios para el 2015.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS)
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